Según los denunciantes, la respuesta de Medio Ambiente a un recurso de Alzada contiene explícitos “errores de hecho” que apuntan a un caos administrativo, cuando no a una mal disimulada actuación prevaricadora. Cinco vecinos de Almendros presentaron hoy en la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha un recurso extraordinario de revisión contra la negativa de la Administración a revisar las explícitas alegaciones que se han hecho contra la polémica macrogranja de cerdos que se quiere instalar en este municipio a través de un recurso de alzada.
Se trata de un instrumento jurídico excepcional que los recurrentes están confiados que sirva para, en primer lugar demostrar la negligencia de los responsables de Medio Ambiente, y en segundo lugar entrar en el fondo de la cuestión.
En enero de 2018, la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente aprobó la Autorización Ambiental Integrada que habilitaba la construcción de una macrogranja para la cría de 80.000 lechones año, destinados a su posterior engorde en otras granjas y al sacrificio en el cercano matadero de Incarlopsa, en Tarancón. Pese a la autorización, este proyecto lleva 15 meses parado. El proyecto, que incluía varias construcciones, una balsa de purines y una incineradora, generó una importante polémica en el municipio. En primer lugar por la falta de información a los vecinos, que supieron del proyecto por la publicación del Diario Oficial de 29 de enero, y, en segundo término, al conocerse que tanto esta instalación, como una segunda granja de menor dimensión, se proyectaban sobre unas antiguas tierras del alcalde, el popular Acisclo Jiménez. No pasó un mes para que el 26 de febrero, en tiempo y forma, entrase en el Registro Único un recurso de alzada suscrito por estas cinco personas que semanas después movilizaron a sus convecinos y fueron el embrión de una asociación vecinal, hoy muy activa. Basta leer la primera página del recurso, con 26 folios de exposición y varios anexos, para identificar a los cinco recurrentes y la fecha de presentación del mismo: 26 de febrero de 2018 y registro de entrada número 596394. En un prolijo y documentado texto se advierten las notables deficiencias detectadas en el procedimiento de evaluación ambiental. No hubo respuesta al recurso.
En paralelo a esta acción jurídica individualizada comenzó una campaña de recogida de firmas y dos meses después se constituyó una Asociación para la Defensa de la Economía Responsable de Almendros (ADERA) a la que se fueron sumando hasta cerca de 250 vecinos de Almendros. Este fin de de semana ha tenido una reunión de socios a la que asistieron un centenar de personas.
El objetivo era sumar apoyos y fondos para sufragar los gastos de una hipotética defensa- como así ha ocurrido- demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
Pues bien, con fecha 29 de mayo, los cinco recurrentes solicitaron a la Administración certificación de “silencio administrativo” para proceder, como así se hizo, para entablar recurso contencioso administrativo ante el TSJ de CastillaLa Mancha. El 5 de junio de 2018 quedó registrada la solicitud en la Consejería.
En este contexto de silencio a las múltiples reclamaciones, en primera instancia a los recurrentes, y después a otras interpelaciones al Consejero de Agricultura realizadas ya por parte de la nueva asociación creada, sorprende que, una vez conocida la admisión a trámite del TSJ de la causa contra la macrogranja, la Consejería de Medio Ambiente se haga presente, casi ocho meses después, con un escrito que desestima el recurso de alzada de febrero aduciendo criterios de forma y sin pronunciarse sobre el fondo del asunto. Sorpresivamente, en el oficio de 2 de octubre de 2018 que firma por delegación del Consejero la Secretaria General, Juana Velasco, se explican las dos causas de la desestimación: en primer lugar por ser presentado por una persona en representación de la entonces inexistente asociación ADERA; y, en segundo lugar, por presentarse fuera de plazo, en concreto –dicen- el 3 de mayo de 2018. Ambos datos son manifiestamente erróneos. La tardía e insólita respuesta de la Administración ha dejado perplejos a los recurrentes que no adivinan a conocer como la contestación introduce esos explícitos “errores de hecho”. El haber incurrido en dichos errores ha obligado a los recurrentes a acudir en amparo a una figura excepcional como es el recurso extraordinario de revisión que consiste en recurrir actos firmes en vía administrativa cuando concurren esas circunstancias, previstas en el artículo 125.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Este recurso será dictaminado por el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. A juicio de los recurrentes, cuesta pensar que dichos errores de bulto se hayan deslizado involuntariamente. Por el contrario, se suscita la duda de una posible y mal disimulada acción prevaricadora por parte de la Administración, consistente en alterar aspectos formales para, a sabiendas, desestimar una aproximación rigurosa sobre el fondo de la cuestión recurrida.
