Esta semana la justicia ha dado la razón a los siete ex-concejales y concejales del Ayuntamiento de Tarancón que llevaban con sus bienes embargados desde hace 9 años, y la fiscalía pedía para ellos una pena de prisión de tres años de cárcel y una multa de más de 1,7 millones de euros. Entre tanto, desde 2013 que tenían sus bienes embargados, sus viviendas, sus salarios y ahorros, habiendo sufrido además del desprestigio social, innumerables problemas.
Gonzalo Domínguez abogado de dos de los encausados ha declarado a esta redacción que el resultado de la sentencia provoca una «sensación agridulce, satisfacción de un trabajo bien hecho pero por otro lado es muy triste que siete personas hayan tenido que pasar la terrible situación a la que han estado sometidos durante 9 años, sin haber cometido delito alguno como ha quedado demostrado«.
El abogado insiste en que «Tainsa facturó lo que debía facturar según las normas vigentes del planeamiento urbanístico, no podía contravenirlas» y que Quinarius es la que aportó el cien por cien del suelo edificable «con cargo al cual se obtuvo la financiación para ejecutar las obras, Tainsa carecía de otros recursos y el Ayuntamiento no aportó ni un solo euro, resultando sí beneficiario de miles de metros cuadrados de suelo destinado a equipamientos, así como de importantes sumas de dinero por la monetización de determinados aprovechamientos urbanísticos«.
A que no es un delito, este letrado añadía que además estaría prescrito (pues los gastos totales de urbanización se devengan y facturan a Auxiliar de Congeneración, S.L. (absorbente de Quinarius) el 29 de noviembre de 2006.
Desde el primer momento Gonzalo Domínguez ha defendido que no había causa «y menos aún para mantenerla durante 9 años con patrimonios embargados, ya que ninguno de ellos podía responder de una equidistribución de cargas en el desarrollo de un polígono donde el ayuntamiento no puso un solo euro y Tainsa no tenía ni dinero ni fincas, sino de utilizó unos terrenos que Quinarius había cedido de esa reparcelación«.
La sentencia es recurrible aunque Domínguez cree que tampoco se presentará ningún recurso, una vez que se reafirme la misma los afectados podrán reclamar daños y perjuicios al Estado, «aunque creo que la mayoría de ellos preferirá pasar página de toda esta pesadilla que han estado viviendo«.
En el siguiente enlace se puede observar detenidamente los argumentos de la sentencia:
Por último concreta que Tainsa «no tenía dinero ni fincas, Quinarius cede dos, Tainsa las hipoteca y financia las obras de urbanización del polígono junto con Incarlopsa. Su liquidación llega porque vino la crisis y no fue capaz de vender todas las fincas, no por una mala distribución de cargas«.
