El Gobierno de Castilla-La Mancha ha apoyado la puesta en marcha de 615 proyectos de inversión en prevención de riesgos laborales en empresas y entidades sin ánimo de lucro de la región, con un presupuesto de más de un millón de euros que ha respaldado una inversión que supera los tres millones de euros. Así lo ha destacado la viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral, Nuria Chust, durante su visita a una de las empresas beneficiarias de las ayudas, Celp Iberia, en Tarancón, donde también se ha referido a la reunión de la Comisión Regional de Seguridad y Salud Laboral, en la que se constató una reducción del 19,1 por ciento en el índice de incidencia de la siniestralidad laboral en los nueve primeros meses del año, y en la que se lamentó el impacto del COVID en las cifras referidas a los accidentes mortales en la región.
Nuria Chust ha subrayado el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con la seguridad laboral y la inversión en prevención de accidentes laborales en los entornos de trabajo. Como parte de este esfuerzo, ha destacado la convocatoria, en el marco del Plan de Medidas Extraordinarias con motivo del COVID, de la línea de ayudas para el apoyo a proyectos de inversión en prevención de riesgos laborales, que se ha resuelto con la concesión de 615 ayudas a pymes y entidades sin ánimo de lucro de la región, con más de un millón de euros en ayudas que impulsarán una inversión inducida de más de tres millones de euros.
Las ayudas convocadas por el Ejecutivo autonómico constaban de dos líneas: una para la prevención de riesgos laborales en el entorno de trabajo y otra dirigida de manera específica a la inversión para la lucha contra el COVID, y que daba cobertura a actuaciones como la adquisición y colocación de mamparas protectoras y equipos o sistemas de desinfección, la señalización informativa o la implementación de soluciones tecnológicas para garantizar la distancia interpersonal en el puesto de trabajo. Esta línea ha alcanzado los 446 beneficiarios, con 368 pymes y 78 entidades sin ánimo de lucro; mientras que la otra línea ha contabilizado un total de 169 beneficiarios, 155 pymes y 14 entidades sin ánimo de lucro.
La viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral ha visitado una de las empresas beneficiarias de las ayudas, Celp Iberia, en Tarancón, donde ha destacado la amplitud de acciones subvencionables incluidas en las ayudas para dar cobertura a 1.183 actuaciones en las 615 empresas y entidades sin ánimo de lucro beneficiarias de estas ayudas. En concreto, en Celp Iberia se han apoyado cuatro actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales, con una inversión de más de 5.300 euros y una ayuda que cubre el 35 por ciento de la misma.
La Comisión Regional de Seguridad y Salud Laboral analiza la incidencia del COVID
Durante su visita, Nuria Chust también se ha referido a la última reunión de la Comisión Regional de Seguridad y Salud Laboral, en la que se han puesto al día las cifras en los nueve primeros meses del año y se ha analizado la incidencia del COVID en las mismas. En este sentido, ha lamentado su impacto en las cifras de accidentes mortales, 42 entre enero y septiembre, cuyo análisis revela que ocho accidentes mortales declarados tienen origen en la COVID-19, causa inexistente en el año 2019 al no haberse declarado la pandemia. Asimismo, 11 accidentes se deben a patologías no traumáticas, y nueve tienen su origen en accidentes de tráfico, y los accidentes debidos a condiciones materiales de los centros de trabajo han sido 14.
La viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral ha valorado la caída en la siniestralidad laboral en los nueve primeros meses del año, que registran un descenso del 20,8 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, con 16.282 accidentes registrados. 15.232 accidentes han tenido lugar durante la jornada de trabajo y, el resto, 1.050, in itinere, en desplazamientos a la ida o a la vuelta al lugar de trabajo, valores que suponen descensos del 20,5% y 25,4%, respectivamente, respecto a 2019.
En términos relativos, es decir, poniendo en relación el número de accidentes en jornada de trabajo y la población protegida por contingencias profesionales (PASS), el principal indicador de siniestralidad, el índice de incidencia, ha experimentado un descenso del 19,1 por ciento en 2020 respecto al año anterior. Nuria Chust ha resaltado que este descenso se produce en un contexto de PASS bastante estable, pues ha experimentado una reducción del 1,7 por ciento. Una visión temporal más amplia de este indicador revela, además, que ha experimentado un descenso del 27,8 por ciento en los últimos cuatro años.
