El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado en su reunión de este martes el anteproyecto de Ley de Medidas económicas, sociales, y tributarias contra la Despoblación y para el Desarrollo Rural en Castilla-La Mancha, una norma “pionera” que, por primera vez en nuestro país, introduce la política fiscal en la lucha contra la despoblación.
Así lo ha destacado el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha detallado las principales novedades de esta norma que pasa ahora al Consejo Consultivo antes de iniciar su tramitación en las Cortes de Castilla-La Mancha.
El anteproyecto de Ley está estructurado en siete títulos y 75 artículos, en los que se garantiza el acceso a los servicios públicos y la igualdad de oportunidades para los habitantes del medio rural, además de propiciar el desarrollo económico y social de nuestro medio rural para alcanzar la cohesión social y territorial.
El texto introduce además conceptos novedosos como el impacto demográfico o la estancia efectiva (empadronamiento, tarjeta sanitaria y escolarización de hijos si los hubiera) y cifra su impacto económico en unos 600 millones de euros a lo largo del actual período de programación de la Unión Europea (2021-2027). No en vano, irá acompañada por la elaboración de una Estrategia Regional contra la Despoblación con una duración de diez años.
Tal y como ha apuntado el vicepresidente, la Ley contempla la zonificación del medio rural siguiendo los parámetros de la Unión Europea para la clasificación de las zonas que establecen que las ‘zonas con intensa despoblación’ son aquellas que tienen entre 8 y 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado; las ‘zonas de extrema despoblación’ cuentan con menos de 8 habitantes por kilómetro cuadrado; las ‘zonas con riego de despoblación’ tienen entre 12,5 y 20 habitantes por kilómetro cuadrado; las ‘zonas intermedias’ cuentan con entre 20 y 50 habitantes; y, finalmente, las ‘zonas periurbanas’ que son aquellas que contabilizan más de 50 habitantes por kilómetro cuadrado.
Ventajas fiscales para la población
El Gobierno regional introduce por primera vez la política fiscal para luchar contra la despoblación, dentro del ámbito de sus competencias, como es el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y en los impuestos cedidos a la Comunidad Autónoma.
Así, en el tramo del IRPF cedido a las comunidades autónomas se plantea una desgravación de hasta el 25 por ciento de la cuota autonómica para las personas que tengan estancia efectiva en zonas rurales; así como la desgravación del 10 por ciento para adquisición o rehabilitación de una vivienda para los que vivan o quieran vivir en el medio rural.
“Con la combinación de estas dos desgravaciones, podemos afirmar que los que vivan o quieran vivir al medio rural no pagarán impuestos a la Comunidad Autónoma”, ha explicado Martínez Guijarro.
Esas ventajas fiscales incluyen, además, la reducción a la mitad del impuesto de transmisiones patrimoniales y del impuesto de actos jurídicos documentados para la adquisición de viviendas o locales para la implantación de empresas.
Apoyo a las empresas
Otra de las novedades que se han incluido en el anteproyecto de Ley de Medidas económicas, sociales y tributarias contra la Despoblación y el Desarrollo Rural en Castilla-La Mancha son las medidas de apoyo a las empresas que se ubiquen en estas zonas, que contarán con un 40 por ciento adicional de ayuda por parte de la Administración regional.
A ello se suma la creación de un fondo, dotado inicialmente con 10 millones de euros y abierto a la incorporación de otras instituciones o entidades bancarias, para la financiación de estos proyectos empresariales. De esta forma, ha añadido el vicepresidente, “ofrecemos garantía de financiación”.
Del mismo modo, el Gobierno regional pondrá en marcha un plan de retorno del talento interno con incentivos para que los que salieron fuera del medio rural para estudiar o trabajar puedan volver.
Además, el vicepresidente ha destacado que la futura norma garantiza el acceso a la fibra óptica y 5G en todas las localidades de la región, toda vez que fomenta el uso de energías y el consumo responsable del agua.
Blindaje de servicios públicos
El anteproyecto establece igualmente una garantía en el acceso a los servicios públicos sanitarios, educativos y sociales.
Garantiza por Ley la apertura de colegios rurales con al menos cuatro alumnos y alumnas, incluye novedades como la puesta en marcha del contrato programa de formación orientado a la realización de estudios no obligatorios, tanto en Formación Profesional como Universitaria, y recoge la financiación de la educación superior a aquellos jóvenes que decidan estudiar fuera “con la finalidad de que la familia puede seguir manteniendo su residencia en el municipio”.
En materia sanitaria, el anteproyecto de Ley establece el diseño de una red de puntos de atención continuada para garantizar que estos recursos estén a menos de 30 minutos de distancia, y contempla una asistencia farmacéutica específicamente diseñada para responder a las necesidades de la población rural.
En servicios sociales, en el texto se asegura el servicio de teleasistencia a las personas mayores de 70 años del medio rural con terminales digitales de última generación en las zonas de difícil acceso a las redes de comunicación, así como el acceso a un recurso de atención residencial, a menos de 40 kilómetros de su hogar, en núcleos de población de zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación.
Asimismo, se garantiza la atención personalizada a personas con discapacidad a través de dispositivos como teleasistencia avanzada, geolocalización, alertas de riesgo en el hogar, terminales adaptados y comunicación accesible.
La futura norma también establece cambios en el modelo transporte apostando por lo que se ha denominado “transporte sensible a la demanda”.
Una ley para que los ciudadanos elijan con libertad donde vivir
Durante su alocución, el vicepresidente ha reiterado que con esta Ley el Ejecutivo de Emiliano García-Page quiere sentar las bases “para que los ciudadanos puedan decidir con libertad donde vivir”.
Una norma que es, además, fruto del consenso, pues se ha sometido a dos procesos de participación que regulaba la nueva Ley de Participación Ciudadana; y ha pasado por diez consejos sectoriales en los que se articula la participación institucional de la región donde se ha debatido e informado favorablemente de esta Ley.
Además, el texto recoge el 90 por ciento de las medidas que se acordaron en la Comisión sobre despoblación celebrada en las Cortes de Castilla-La Mancha, por lo que el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, confía en que la Ley se apruebe con un amplio consenso en el Parlamento Autonómico en la próxima primavera.
