El Partido Popular de Cuenca ha denunciado hoy, a través de la diputada autonómica Ana Cantarero, la “grave situación económica y social” que atraviesa Castilla-La Mancha tras once años de gobierno de Emiliano García-Page. Durante su intervención, Cantarero ha subrayado que la región “no está donde se merece” y que los ciudadanos viven cada día una realidad muy distinta a la que, según ha señalado, intenta proyectar el gobierno socialista de Page.
La diputada ha explicado que en 2025 la Junta ha recaudado más de mil millones de euros adicionales, una cifra que, según ha indicado, no responde a un crecimiento económico real, sino al efecto de la inflación y a la ausencia de deflactación del IRPF. Lo que en su opinión supone una subida encubierta de impuestos. Ha recordado además que Castilla-La Mancha mantiene uno de los IRPF más altos del país y que se han incorporado nuevos tributos como el canon del agua o el impuesto de residuos, lo que, según ha afirmado, convierte a la región en un territorio fiscalmente penalizador.
Cantarero ha destacado que el esfuerzo fiscal que soportan los castellanomanchegos es uno de los más elevados de España, situándose el llamado día de la liberación fiscal el 19 de agosto. Ha señalado que “un ciudadano en nuestra comunidad autónoma trabaja desde el 1 de enero hasta el 19 de agosto exclusivamente para pagar impuestos”. Dato que refleja hasta qué punto los ciudadanos de Castilla-La Mancha trabajan más de medio año únicamente para pagar impuestos, una situación que considera insostenible y que, según ha dicho, no se corresponde con la calidad de los servicios públicos que reciben.
Pagamos más, pero recibimos menos.
En este sentido, ha lamentado que, pese a la recaudación récord, los servicios públicos no mejoran ni evolucionan al ritmo que necesitan los ciudadanos. Ha mencionado las listas de espera sanitarias, la falta de inversión en infraestructuras, las dificultades en el ámbito educativo y la escasez de oportunidades laborales como ejemplos de un modelo de gestión que, según ha afirmado, no está dando respuesta a las necesidades reales de la población. “Castilla-La Mancha no tiene un problema de recursos, tiene un problema de gestión”, señalaba.
La diputada ha advertido de que más del 50% de los hogares de la región tiene dificultades para llegar a fin de mes, que la inflación acumulada supera el 27% y que las familias han perdido más del 13% de poder adquisitivo. Ha añadido que uno de cada tres castellanomanchegos se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, situando a la comunidad a la cola del país en renta media por hogar. También ha recordado que la tasa de paro se mantiene por encima de la media nacional, con un 31% de desempleo juvenil y una brecha de género de siete puntos.
Con todos estos datos, Cantarero ha asegurado que Castilla-La Mancha se enfrenta a un problema estructural derivado de una alta presión fiscal y de una gestión que, según ha argumentado, está deteriorando la situación de las familias. Ha afirmado que mientras otras regiones avanzan, Castilla-La Mancha se queda atrás, y que mientras la recaudación aumenta, los ciudadanos son cada vez más pobres.
Finalmente, ha defendido que la región tiene potencial para crecer, atraer inversión y generar empleo de calidad, pero que para ello es necesario un cambio de rumbo basado en una fiscalidad más baja, en más oportunidades para el tejido productivo y en un mayor apoyo a autónomos, PYMES y familias. Ha concluido señalando que “hoy los ciudadanos pagan más que nunca y reciben menos que nunca”, y que ese es, en su opinión, el balance real del modelo actual.
