La Delegación de la Junta en Cuenca ha presentado hoy el balance de la gestión del sistema de atención a la dependencia en la provincia del año 2025, poniendo de relieve la evolución experimentada en la última década y la consolidación de un sistema que, según han subrayado “garantiza un derecho básico para miles de familias”.
Durante la comparecencia, la delegada de la Junta en Cuenca, Marian López, ha señalado que el sistema ha pasado de una situación de bloqueo a una gestión normalizada y ágil. “Hoy en Cuenca la dependencia funciona y garantiza un derecho básico que hace una década estaba seriamente deteriorado. Hablamos de personas mayores, de personas con discapacidad y de familias que necesitan apoyo para poder cuidar con tranquilidad”, ha afirmado.
En los últimos diez años, el número de personas atendidas en la provincia ha pasado de 6.034 a 11.339 beneficiarios, prácticamente el doble. En paralelo, las prestaciones reconocidas han aumentado de 10.008 a más de 16.813, lo que supone cerca de 7.000 apoyos más para personas y familias.
Además, se han eliminado los miles de expedientes que permanecían pendientes en 2015 y se ha reducido el tiempo medio de resolución hasta situarlo actualmente en 70 días, permitiendo que las ayudas lleguen cuando realmente se necesitan.
López ha destacado que sólo en el último año se han incorporado 570 nuevos beneficiarios y se han reconocido 1.668 prestaciones adicionales. Según ha destacado, “Cuenca es además una de las provincias que mejor resuelve los expedientes, con tiempos por debajo de las medias regional y nacional”.
Por su parte, la delegada provincial de Bienestar Social ha detallado la situación actual de la gestión administrativa y de los servicios disponibles. A cierre de diciembre de 2025, la provincia registra más de 14.032 solicitudes activas, con solo 62 pendientes de valoración registradas al final del año y sin expedientes pendientes de resolución del Programa Individual de Atención (PIA).
“Las solicitudes se tramitan conforme llegan y no hay acumulación de expedientes. Actualmente mantenemos más de 16.812 prestaciones en vigor que benefician a más de 11.339 personas, y el tiempo medio de resolución se sitúa en 70 días, lo que supone un cambio fundamental”, ha explicado Zomeño, quien ha incidido en la gratuidad de este sistema tras la eliminación de las tasas incorporadas por el Gobierno del Partido Popular durante su mandato.
La responsable provincial ha subrayado además la mejora y diversificación de recursos disponibles, con el crecimiento de la teleasistencia para permitir que miles de personas mayores vivan solas con seguridad, el refuerzo del servicio de ayuda a domicilio, el incremento de servicios de promoción de la autonomía personal, la ampliación de plazas residenciales y la recuperación de prestaciones económicas familiares, lo que permite adaptar la ayuda a cada situación concreta. “Recursos y servicios que, además, son fuente de empleo en nuestros pueblos, pues alrededor de 3.600 personas trabajan en el sector de los cuidados”, ha afirmado Zomeño.
Esta evolución se acompaña de nuevas infraestructuras en la provincia. De este modo, el Centro de Mayores de Tarancón ya está en funcionamiento y el Centro de Día para Personas con Discapacidad de Motilla del Palancar abrirá próximamente. Las viviendas de mayores de La Pesquera, Graja de Iniesta, El Peral, Moya y Villaverde y Pasaconsol han finalizado sus obras y avanzan también las residencias de Campillo de Altobuey, que se inaugurará en breve, y las de Quintanar del Rey y San Lorenzo de la Parrilla, las tres mediante iniciativa público-privada. En la capital, continúan las obras del nuevo Centro para Personas con Discapacidad de El Terminillo y la remodelación de la residencia Las Hoces.
Para finalizar, la delegada de la Junta ha recordado que la mejora del sistema “responde a un compromiso político que se materializa con una apuesta presupuestaria sostenida en el tiempo”. Así, desde 2015, el presupuesto regional destinado a la dependencia ha aumentado un 86 por ciento, pasando de 372 millones de euros a casi 700 millones previstos para 2026. Este incremento ha permitido reforzar plantillas, ampliar servicios, reducir tiempos de espera y crear nuevas infraestructuras y recursos tanto en la región como en la provincia de Cuenca.
La Delegación de la Junta ha concluido reafirmando su objetivo de mantener el ritmo de mejora del sistema y evitar que vuelvan situaciones de bloqueo, garantizando una atención cercana y digna para las personas en situación de dependencia y sus familias.
