Las empresas del sector de la Dependencia adeudan más de diez millones de euros en atrasos salariales a las 15.000 personas que trabajan en CLM en Residencias de Mayores, Centros de Día y Teleasistencia. Entre 600 y 900 euros a cada una de ellas, dependiendo de su categoría profesional.
“Son 15.000 personas, casi todas mujeres, que llevan cuatro años con los salarios congelados y en pésimas condiciones laborales; haciendo frente a la pandemia en primerísima línea, con enorme sobrecarga de esfuerzo físico y con una dramática presión psíquica y emocional.”
“Y a las que sus patronales y empresas, lejos de reconocerles su labor, están machacando, negándoles la subida salarial del 6,5% para este año que establece el artículo 8 del convenio colectivo de aplicación, el Estatal de la Dependencia”, denuncia Chelo Cuadra, secretaria general de CCOO-Sanidad y Sectores Sanitarios de Castilla-La Mancha.
El pasado mes de junio, la Audiencia Nacional ratificó la obligación de aplicar este incremento, atendiendo a la demanda por conflicto colectivo presentada por CCOO ante la negativa de la patronal FED a publicar las tablas salariales en el BOE.
Pero inmediatamente después, esta patronal, que es la que firmó en su día el convenio, anunció recurso de casación, para evitar cumplir el mandato de la AN hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo. Ante esta deleznable maniobra dilatoria, CCOO ha solicitado la ejecución inmediata de la sentencia de la Audiencia Nacional, que ha citado a las partes el próximo 28 de septiembre.
“Confiamos plenamente en que la Audiencia Nacional atienda nuestra solicitud; pero, entre tanto, estamos a finales de septiembre y las trabajadoras siguen acumulando atrasos sin cobrar. Las empresas se están quedando un dinero que es de sus trabajadoras y que necesitan de forma perentoria porque los salarios en el sector son muy bajos y el coste de la vida está por las nubes.”
“Nuestros delegados y delegadas están presionando en los centros de trabajo de la región para que las empresas cumplan de una vez el convenio y la sentencia de la AN. Y hay que subrayar y valorar que hay muchas empresas, pongamos que un tercio del total, que han decidido no alargar más el conflicto y actualizar ya los salarios, como es el caso de grupos muy relevantes en el sector, como Domus VI, Ilunion, Amavir, Vitalia o Asispa, que tienen decenas de residencias de mayores en CLM”
Las trabajadoras de estas residencias sí han visto incrementadas sus nóminas en un 6,5% a partir del mes de julio, o del de agosto; o sus empresas les han dicho que tendrán la subida ahora en septiembre, como es el caso de Tunstall Televida, que gestiona el servicio de Teleasistencia de la JCCM. Eso sí, ninguna que sepamos ha pagado los atrasos acumulados desde enero”
“Tenemos otro grupo importante de empresas, las del llamado ‘sector solidario’, cuya patronal (ASESCAM) ha recomendado a sus asociadas que apliquen ya a sus trabajadoras un incremento del 3% como pago a cuenta. Eso es mejor que cero. Aunque de pagar atrasos tampoco han dicho nada.”
“Y luego nos encontramos con otro montón de empresas incumplidoras, que ni pagan atrasos ni incrementan las nóminas. Y, para más inri, resulta que la mayoría de ellas son los grandes grupos empresariales que gestionan centros de titularidad pública, municipal o autonómica. Como Centenari, Aralia, Nexus o Clece, que son los beneficiados con la gran mayoría de las adjudicaciones de residencias de la JCCM.”
“Esto es impresentable. Puede explicarse en parte por las dificultades para contemplar en los pliegos de condiciones los incrementos salariales del 6,5%, ya que por las maniobras patronales siguen sin ser publicadas en el BOE, pero en todo caso son las empresas las que están obligadas a cumplir el convenio y la sentencia de la AN; y no pueden trasladar esta responsabilidad a las administraciones públicas”
“Desde CCOO instamos a todas las empresas a terminar de una vez por todas con un conflicto que lo único que está consiguiendo es aumentar cada día que pasa la deuda salarial con sus profesionales, que llevan con sus salarios congelados desde 2019”
“Además de fomentar el desprestigio de un sector más que castigado antes y durante la pandemia. Porque incluso aplicando la subida salarial del 6,5% a la que obliga el fallo de la Sentencia de la Audiencia Nacional, hay grupos dentro del Convenio Colectivo estatal de la Dependencia que no alcanzan el SMI. Lo que, unido a la alta inflación, propicia el caldo de cultivo para que estas trabajadoras, en un intento de poder soportar el incremento del coste de la vida, huyan hacia otros sectores con condiciones más favorables, una mayor seguridad y una mejor calidad de vida.”
“Y lo que tenemos por delante no parece nada esperanzador de cara a acabar con condiciones laborales precarias y con una falta de profesionales que cada vez se hace más patente. El convenio que las patronales no quieren cumplir está en ultraactividad desde 2019, y la negociación del nuevo convenio lleva empantanada desde entonces.”
