La Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha acaba de presentar el llamado “Plan de Acción frente a la sobrepoblación de conejo de monte”, un conjunto de actuaciones que se anuncian como integrales y novedosas y que en palabras de la consejera Mercedes Gómez está llamado a atajar “la magnitud de los daños en explotaciones agrarias y el impacto en ecosistemas sensibles” que provoca la especie.
Este Plan llega después de la enésima campaña de presión de las organizaciones agrarias, en particular de Asaja, que ha llegado a amenazar con denuncias penales contra las responsables de la Consejería por, según la organización agraria, no haber puesto las medidas para controlar la plaga de conejos.
Una vez que se ha dado a conocer el Plan de Acción llaman la atención dos hechos. El primero es que pone el foco en la especie y en su pretendida sobrepoblación, más que en el conflicto social y en los daños reales. En una situación que tiene dos elementos a colación, se olvida ominosamente uno, la actividad agrícola, que es la fuente de tensiones en todo lo que rodea esta problemática. Y lo hace desde todos los puntos de vista, a escala de su extensión e intensificación en el territorio, de la desafección del sector respecto de la agricultura y saberes tradicionales y de la utilización espuria de la cuestión por parte de los grupos de presión y partidos.
En segundo lugar llama poderosamente la atención que de las siete medidas planteadas en el plan para su ejecución sobre el terreno (cinco de ellas novedosas), seis se dirigen únicamente a intensificar las capturas de conejo, con una prolija dedicación de medios económicos, materiales y humanos, incluida la asignación específica de nuevos funcionarios y a detraer de otras tareas a los agentes medioambientales.
Destaca la propuesta de utilizar medios como la caza nocturna o las trampas que suponen un riesgo para la seguridad de las personas y para la biodiversidad. Mientras tanto, solo una medida se dirige a la gestión del hábitat mediante la instalación de protectores en cultivos, pero sin ninguna obligación para los agricultores.
En el análisis de la situación que ha conducido a la Consejería a este nuevo plan se reconoce el fracaso de la caza como medio de control de poblaciones y para paliar los conflictos. A pesar de que se lleva más de
10 años aplicando medidas extraordinarias de caza de conejos, ahora se reconoce la impotencia del sector para atajar la problemática.
Otro elemento destacado que analiza el plan es la resistencia, por no decir rebeldía, del sector agrícola a acometer medidas de autoprotección, incluso aquellas que han sido propias del conocimiento tradicional y cuya eficacia está demostrada técnicamente. Así se demuestra de la lectura del plan cuando se indica la escasa acogida que han tenido las ayudas para instalación de protectores y mallas conejeras. Entre 2014 y 2020 se resolvieron 67 expedientes, un número ridículo de peticiones, y además solo 22 se terminaron por ejecutar.
¿Cómo se puede entender que los agricultores no protejan sus cultivos si el problema es tan grave como dicen y además se les subvenciona para ello? Tal vez, ya es momento de dejar de ayudar a aquellas explotaciones que no toman medidas de autoprotección sencillas y gratuitas.
Vender la caza como método de control necesario y la permanente campaña de quejas de las organizaciones agrarias para obtener mayor influencia y subvenciones parecen ser dos factores muy relevantes para explicar un conflicto muy sobredimensionado y que a juicio Ecologistas en Acción admite soluciones que no se quieren abordar.
Tal vez por ello, por no escuchar las voces incómodas de quienes conocen bien la idiosincrasia que a nivel regional mueve los hilos de esta problemática, es que no se ha invitado a absolutamente ninguna organización ambiental de carácter regional a la Mesa permanente del conejo, incumpliendo la Consejera su anuncio de que estarían en ella todas las que quisieran participar.
En estas circunstancias Ecologistas en Acción reclama una reunión urgente con la Consejería de Desarrollo Sostenible y una evaluación ambiental y reformulación del plan del conejo, ya que en su planteamiento y concepción es susceptible de provocar notorios impactos en el medio natural y en los espacios y especies protegidas sin aportar nada a la solución del conflicto.
