La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado hoy que el Estado asumirá 83.252 millones de euros de deuda de las Comunidades Autónomas. Se trata de una medida sin precedentes que beneficia a todas las comunidades del régimen común, independientemente de que hayan contraído deuda con el FLA u otro mecanismo de financiación extraordinario del Estado.
En el caso de Castilla-La Mancha, la condonación de la deuda por parte del Estado alcanza los 4.927 millones de euros. Esto supone reducir la deuda de la región en un 30% respecto al cierre registrado en 2023.
El objetivo de esta propuesta, que ha sido remitida hoy mismo a las Comunidades Autónomas para su debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del miércoles, es corregir el sobreendeudamiento al que se vieron abocadas las administraciones autonómicas durante la crisis financiera que contrasta con el apoyo que han recibido durante el Gobierno de Pedro Sánchez para afrontar la crisis sanitaria derivada de la pandemia o los efectos de la guerra en Ucrania.
“ Con menos deuda hay más Estado de Bienestar”, ha señalado Montero al explicar que, gracias a esta medida del Gobierno, las CCAA verán reducido de forma significativa su pasivo y estarán en mejor posición para reforzar servicios públicos como la sanidad, la educación o la dependencia.
Asimismo, la titular de Hacienda ha resaltado que esta actuación inédita permite a las comunidades ganar autonomía financiera y poder salir a los mercados en mejores condiciones.
La vicepresidenta primera ha destacado que la condonación de parte de la deuda autonómica es coherente con la política de apoyo a las CCAA que el Gobierno progresista ha brindado desde el primer día para garantizar los recursos suficientes a las comunidades para prestar servicios públicos de calidad en contextos muy complejos como una pandemia o el impacto de la guerra de Ucrania.
Esa política de apoyo a las CCAA es la que ha permitido que, en los siete años de Gobierno de Pedro Sánchez, Castilla-La Mancha reciba, excluyendo los fondos europeos, 12.490 millones más de recursos que en los siete años de Mariano Rajoy. De hecho, entre las medidas adoptadas se encuentran los 1.348 millones de fondos COVID transferidos por el Estado a Castilla-La Mancha, o los 369 millones de las liquidaciones negativas de 2020 de Castilla-La Mancha que el Estado asumió, entre otras actuaciones.
Metodología para la condonación
La condonación de parte de la deuda autonómica es un paso más en esa dirección de fortalecimiento del Estado de las autonomías, que además cumple el acuerdo de investidura alcanzado con ERC y permitirá a todas las comunidades de régimen común liberar recursos del pago de la deuda para destinarlos a servicios públicos en beneficio de todos los ciudadanos.
La ministra de Hacienda ha explicado que la asunción de la deuda autonómica parte de la premisa de reconocer que la respuesta que se dio en la anterior crisis financiera por parte del Gobierno central no fue adecuada, lo que supuso un fuerte deterioro de las cuentas de las Comunidades Autónomas. De hecho, se vieron obligadas a sobreendeudarse a través de mecanismos como el FLA y, además, a someterse a fuertes restricciones financieras.
La metodología parte, precisamente, del cálculo del sobreendeudamiento. Así, se compara el crecimiento de la deuda autonómica durante la crisis financiera, es decir, entre el 31 de diciembre de 2009 y el 31 de diciembre de 2013 con el crecimiento del pasivo autonómico durante el periodo de la pandemia y el mayor impacto de la guerra de Ucrania, es decir, del 31 de diciembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2023. En el primer periodo, la deuda aumentó en 109.582 millones y, en el segundo, en solo 29.272 millones, lo que refleja el apoyo que han recibido del Estado.
El diferencial alcanza los 80.310 millones de euros y esa la cuantía inicial a condonar. El siguiente paso es fijar el reparto entre Comunidades Autónomas. Para ello, la metodología se divide en tres fases:
- Fase 1. El grueso del reparto de la condonación se realiza a través del criterio de población ajustada. De hecho, el 75% del sobreendeudamiento detectado de 80.310 millones se realiza en función del peso de la media de la población ajustada de cada comunidad entre 2010 y 2022. Para Castilla-La Mancha esta distribución alcanza los 2.952 millones de euros de condonación, el 18,27% de su deuda, un porcentaje por debajo de la media del 19,3% del conjunto de CCAA.
- Fase 2. El objetivo es que ninguna Comunidad Autónoma quede por debajo de la media de condonación por población ajustada. Por tanto, se eleva la condonación de aquellas comunidades por debajo de la media para garantizar que al menos tengan un 19,3% de condonación de deuda. En este caso, Castilla-La Mancha añade 170 millones de condonación porque se sitúa por debajo de la media, y así se equipararía.
- Fase 3. Se realizan dos ajustes adicionales. En el primero, se identifica a la comunidad autónoma que con la metodología seguida hasta ahora presenta una mayor condonación por habitante ajustado, que es la Comunidad Valenciana con 2.284 euros. Y, a continuación, se fija una condonación adicional hasta alcanzar ese mismo nivel para las comunidades autónomas que han tenido durante el período 2010-2022 una financiación homogénea por habitante ajustado inferior a la media.
En segundo lugar, se fija también una compensación adicional para aquellas comunidades que hayan ejercido al alza sus competencias normativas en el IRPF.
En el caso de Castilla-La Mancha esta tercera fase implica añadir otros 1.804 millones de euros más de condonación.
Los ajustes de estas fases tienen como objetivo intentar compensar e igualar a las comunidades en dos ratios que son susceptibles de generar comparaciones, como son el de deuda condonada sobre el total y deuda condonada por habitante. Una vez realizadas esas correcciones el importe total de la condonación para Castilla-La Mancha se sitúa en los 4.927 millones de euros.
“Se trata de un esfuerzo sin precedentes que beneficia a todas las comunidades de régimen común, tengan o no deuda con el Estado”, ha señalado Montero. La vicepresidenta primera ha emplazado a todas las comunidades a tener un debate constructivo y en positivo sobre esta medida en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera. “Creo que sería difícil de entender para los ciudadanos rechazar algo así”, ha sentenciado Montero.
