El Gobierno de Castilla-La Mancha ha resaltado que esta comunidad autónoma es la “más beneficiada en términos de condonación por habitante ajustado”.
Así lo ha señalado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en una rueda de prensa que ha ofrecido hoy en el Palacio de Fuensalida, en Toledo, junto al consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, tras la celebración del Consejo de Gobierno, en la que ha explicado la posición que mantendrá el Gobierno de Castilla-La Mancha ante el próximo pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebrará este miércoles, en relación a la propuesta planteada por el Ministerio de Hacienda sobre la condonación de parte de la deuda que tiene las administraciones regionales con el Estado, y la distribución de la recaudación obtenida por el impuesto de la banca entre las comunidades autónomas. Allí ha estado acompañado también por el director general de Presupuestos, Isidro Hernández.
En relación con la condonación de la deuda, Ruiz Molina ha explicado que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha “nos mostramos satisfechos” con la propuesta presentada por el Ministerio de Hacienda, ya que “reconoce una de las reivindicaciones históricas que venimos haciendo, tanto con gobiernos del Partido Popular y ahora del Partido Socialista”. Una satisfacción, ha indicado, también con el resultado que arroja la metodología utilizada, ya que “para la región la condonación asciende a 4.927 millones de euros”.
En este contexto, el consejero ha explicado que esta metodología ha tenido en cuenta los criterios que la Comunidad Autónoma ha puesto de manifiesto cuando se hablaba de condonación, “decíamos que una parte de nuestro endeudamiento era consecuencia de la infrafinanciación que sufríamos”, y ha determinado una cifra que se aproxima a los 5.000 millones solicitados por el Ejecutivo de García-Page desde el inicio de las negociaciones.
En ese sentido, ha indicado que Castilla-La Mancha es la región más beneficiada en términos de condonación por habitante ajustado, con 2.319 euros por persona; un 24 por ciento por encima de la media del conjunto de comunidades de régimen común, que es de 1.874 euros. Por otro lado, ha querido poner de manifiesto que “somos la segunda región, por detrás de Andalucía, que más reduce la ratio de deuda en relación con el PIB”.
En cuanto a la deuda total computada a diciembre de 2023, el porcentaje condonado asciende al 30,5 por ciento, muy por encima también del importe en el conjunto de las comunidades autónomas, que ha sido del 26,7 por ciento. Y también ha resaltado que esos 5.000 millones de condonación, representan el 75 por ciento de la deuda que se generó durante el Gobierno de Cospedal. Así, ha manifestado que durante los cuatros años que duró esta etapa se incrementó la deuda de Castilla-La Mancha en 6.573 millones de euros, duplicando la que se encontró al llegar a la Presidencia de la Junta de Comunidades en junio de 2011.
En esta línea de cifras, el consejero ha querido aclarar en relación con los agentes económicos y sociales, “que no recibimos 5.000 millones, sino que nos reducen en esa cifra la deuda de la Comunidad Autónoma con el Estado, con una repercusión en la carga financiera va a variar en función de las reuniones bilaterales que tengamos con el Estado, y en la que se va a determinar la cantidad de deuda a condonar”.
Rechazo firme al criterio de reparto del impuesto a la banca
En el mismo contexto, el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha mostrado el “absoluto rechazo” del Gobierno de Castilla-La Mancha a que la distribución entre las comunidades autónomas del impuesto a la banca, propuesto por el Ministerio de Hacienda, se obtenga en función del Producto Interior Bruto (PIB), “ya que con esta metodología el reparto no se pretende realizar en función de las necesidades que tengamos las regiones, sino en función de la mayor capacidad económica”, ha relatado.
Y ha continuado, esto supone “un atropello” a todos los españoles y “una ruptura” con los principios más elementales de redistribución de la riqueza entre los territorios, además de “un atentado al artículo 40 de la Constitución, que recoge que los poderes públicos promoverán las condiciones para una distribución de la renta regional y personal más equitativa”.
En esta línea, el consejero ha advertido, que la aceptación de este criterio de reparto podría suponer “sentar un precedente de cómo distribuir la riqueza de este país”, que debe estar al servicio del interés general y no al de unos pocos, y abrir la puerta a un modelo de financiación singular que favorezca a comunidades como Cataluña, “que defiende que los ciudadanos que tienen más capacidad económica deben tener también mejores servicios públicos, y por tanto, la comunidad en la que residen tiene que tener mayor financiación”.
Se trata por tanto de un criterio, que según ha indicado Ruiz Molina, afecta a uno de los principios más elementales de la socialdemocracia, en el sentido de que, “hay que recaudar más impuestos a quien más capacidad tiene para repartirlo en función de quienes más lo necesitan”.
Apelar a la responsabilidad de todas las formaciones políticas
Durante su alocución, Juan Alfonso Ruiz Molina ha indicado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha reafirmado su compromiso con la defensa de los intereses de la región, sin caer en debates partidistas y ha apelado a la responsabilidad de todas las formaciones políticas para apoyar las medidas que beneficien directamente a la ciudadanía. “Este gobierno reconoce lo que está bien y lo que está mal, miramos sólo por los intereses de la región, con unos gobiernos y con otros”, ha puntualizado.
Necesario un nuevo modelo de financiación autonómica
No obstante, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha insistido que desde el Ejecutivo autonómico “seguimos reivindicando un nuevo modelo de financiación autonómica para que Castilla-La Mancha salga de la situación que sufre con el actual sistema”.
En esta línea, ha señalado que el Gobierno de España debe mostrar “su liderazgo”, a través del Ministerio de Hacienda, para poner sobre la mesa un nuevo sistema de financiación que satisfaga las necesidades de las comunidades, “aportando más recursos financieros y estableciendo un reparto más justo, que permita financiar el coste real de los servicios públicos que prestan las comunidades autónomas, especialmente los relacionados con el Estado del Bienestar”.
Y mientras esto ocurre, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se va a seguir planteando la aprobación de un fondo transitorio que “compense a las comunidades autónomas que, con el actual modelo, están claramente infrafinanciadas”. Además, ha concluido el consejero, “vamos a seguir en contra de un modelo de financiación singular para una comunidad que no busca más financiación, algo que sería legítimo, sino más financiación que los demás”.
