El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha presentado hoy el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2023, que asciende a 12.431,6 millones de euros, con un incremento del 1,3 por ciento y 158,1 millones más que el de 2022, para consolidar la senda de creación de creación de riqueza y empleo, cumpliendo los compromisos adquiridos con la ciudadanía.
Ruiz Molina ha informado en rueda de prensa de las cifras que componen el proyecto de Ley de Presupuestos para el próximo ejercicio, cuyas principales características son la responsabilidad, ya que el recurso al endeudamiento se reduce en un 70 por ciento; la seguridad de que puede ejecutarse, porque los ingresos que sustentan el gasto son ingresos ciertos -los que corresponden a Castilla-La Mancha provenientes del sistema de financiación autonómica y transferencias de otras administraciones-; y la certidumbre, puesto que “se garantiza el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la ciudadanía”, ha remarcado el consejero.
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha explicado que los Presupuestos para 2023 tienen como prioridades promover la actividad económica para generar riqueza y empleo, la protección de las familias y los sectores más vulnerables, continuar reforzando los servicios públicos fundamentales, impulsar la transición ecológica y la transformación digital de nuestra economía y hacer frente al reto demográfico.
Ruiz Molina ha resaltado que este proyecto de Ley “es la principal herramienta con la que contamos para amortiguar los efectos negativos que las sucesivas crisis están teniendo sobre las familias y sobre las empresas, así como para compensar su impacto en las tasas de crecimiento y el empleo. Si tuviera que calificarlo, diría que es un presupuesto social, preocupado por los perjuicios que el alza de los precios está teniendo sobre las familias con menos recursos, garantizando un robusto sistema de bienestar y protección social”, ha asegurado el consejero.
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas, que ha estado acompañado en la rueda de prensa por el director general de Presupuestos, Isidro Hernández Perlines, ha señalado que el proyecto de Ley se ha registrado hoy mismo en las Cortes regionales para que pueda comenzar su preceptivo trámite parlamentario, a fin de que pueda entrar en vigor el 1 de enero del próximo año. Ruiz Molina ha diferenciado, además, dos grandes bloques de políticas: las relacionadas con el gasto social y las que inciden en el crecimiento económico y el empleo.
Un 53 por ciento más para el Estado del Bienestar desde 2015
Respecto al gasto social, se destinarán 6.869 millones de euros para fortalecer los servicios públicos fundamentales y atender a las personas más vulnerables. De esta manera, ha precisado el consejero, “situamos de nuevo el gasto social en torno al 70 por ciento del gasto total de carácter no financiero y dispondremos para 2023 de 110 millones adicionales”, consolidando así el gasto extraordinario de 2021.
Dentro del conjunto del gasto social, sanidad sigue siendo la partida más alta y supera los 3.600 millones de euros, absorbiendo el 36 por ciento del gasto no financiero, para actuaciones dirigidas a mantener la apuesta inversora para las nuevas infraestructuras proyectadas; incrementar las plantillas y consolidar el personal contratado para la Covid; reforzar la atención primaria, especialmente en zonas despobladas; o ampliar la cobertura vacunal.
En educación, se dispondrá de 85,4 millones adicionales hasta alcanzar los 2.260 millones de euros, un 3,9 por ciento más, para seguir bajando las ratios, atender el considerable incremento de la oferta formativa en Formación Profesional, financiar 100 nuevos proyectos de investigación o cumplir con los contratos programas de las dos universidades públicas que operan en la región.
También el presupuesto de 2023 va a permitir ejecutar el Plan de Infraestructuras 2019-2023 con 650 actuaciones nuevas, de ampliación o reforma; continuar con el ambicioso plan de digitalización en las aulas, por ejemplo, con la dotación de 16.500 paneles digitales interactivos; y crear once nuevas aulas de tecnología aplicada en centros de Formación Profesional.
Y en servicios sociales se superarán este año los 980 millones de euros, 25 millones más que en el 2022, lo que supone un aumento del 2,6 por ciento. De esta forma, el gasto dirigido a la atención a las personas con discapacidad se incrementa un diez por ciento. De igual modo, se destinará una importante partida presupuestaria a reforzar la estabilidad de las entidades más representativas del Tercer Sector, así como a aumentar las plazas públicas para residencias de mayores, incrementar las prestaciones económicas de dependencia, mejorar la ayuda a domicilio en zonas con gran despoblación y reforzar la teleasistencia. También se impulsará la construcción de nuevos recursos de atención a la discapacidad y personas mayores y se dedicarán más de ocho millones al plan de autonomía digital para dotar de equipamiento tecnológico avanzado a los centros de atención social.
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha incidido en que desde que gobierna García-Page, el gasto dirigido a sostener el Estado del Bienestar se ha incrementado en más de un 53 por ciento, pasando de un volumen de 4.500 millones en 2015 a 6.860 en el presupuesto de 2023.
Las actuaciones de carácter económico contarán con 186 millones más
En relación a las actuaciones de carácter económico, Ruiz Molina ha detallado que se destinarán 2.050 millones de euros, 186 millones más que en 2022, lo que supone una variación del diez por ciento. Esta cuantía irá encaminada al fortalecimiento y la modernización del tejido productivo, con más de 590 millones de euros; políticas de empleo, con 346 millones; al desarrollo de infraestructuras básicas, con 581 millones de euros; a acelerar la innovación e implantación de las nuevas tecnologías en los diferentes sectores productivos, con 259 millones; y al impulso a la sostenibilidad ambiental, con 265 millones.
El consejero se ha detenido, asimismo, en el apartado dedicado al reto demográfico, cuyo impacto se incluye por primera vez en las políticas presupuestarias, y ha especificado que las partidas vinculadas a la lucha frente a la despoblación suponen 1.700 millones de euros, distribuidas en cuatro ámbitos: servicios públicos, con 678 millones; el ámbito social, con 159 millones, el económico, con 732; y, finalmente, el ámbito territorial, con 144 millones de euros.
En cuanto a la distribución del gasto por capítulos, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha hecho hincapié en que los recursos humanos, con 3.969 millones de euros, representan el 39 por ciento del gasto no financiero y, de esa cuantía, el personal al servicio del Estado del Bienestar absorbe el 91 por ciento del gasto total en el capítulo 1.
Igualmente, ha incidido en que desde 2015 se ha incrementado este capítulo en 1.200 millones de euros, lo que ha permitido ampliar la plantilla, mejorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras de la Administración regional y hacer frente a las subidas salariales autorizadas en las sucesivas leyes de Presupuestos Generales del Estado (PGE). En este punto, ha agregado que este volumen de recursos contempla la subida salarial de los empleados públicos pactada con los sindicatos mayoritarios y que ya recoge el proyecto de PGE para 2023.
En relación con las operaciones corrientes, Ruiz Molina ha dicho que hay “una reducción importantísima”, del 2,5 por ciento, del gasto en bienes corrientes y servicios, como consecuencia, fundamentalmente, de la reducción del gasto en material sanitario directamente relacionado con la Covid.
También ha comentado que el gasto financiero, dirigido a hacer frente a la amortización de la deuda viva, se reduce en el 6,6 por ciento. Y ha concluido que la moderación en el gasto corriente y la reducción de las operaciones financieras, “nos permiten un crecimiento de las operaciones de capital superior al ocho por ciento”.
Las inversiones aumentan hasta los 1.585 millones
Por su parte, las operaciones de capital, es decir, las inversiones, ya sean realizadas por la propia Administración regional o por terceros, cuentan con 1.585 millones de euros, una variación del 8,4 por ciento respecto a 2022, lo que supone 122 millones más.
Entre ellas destacan la apuesta por las nuevas infraestructuras en los servicios públicos fundamentales para acercarlos a la ciudadanía, las inversiones orientadas a garantizar la cohesión territorial, con especial incidencia en el transporte, las infraestructuras hidráulicas y la vivienda; las orientadas a mejorar la capacidad competitiva de nuestro tejido empresarial y las destinadas a acelerar la digitalización tanto en el ámbito público como privado. Desde 2015, esta partida se ha incrementado en más de 1.000 millones de euros.
De igual manera, el consejero ha remarcado que el proyecto de Ley de Presupuestos para 2023 incluye un importante volumen de recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, concretamente, 918 millones de euros que se distribuyen entre las diferentes políticas tractoras.
Y respecto a los ingresos, ha detallado que están constituidos por tres grandes magnitudes. En primer lugar, los tributos, que representan el 42 por ciento del total. De este volumen, el 84 por ciento procede de los ingresos que, gestionados por el Estado, corresponden a la Comunidad Autónoma de acuerdo con el actual Sistema de Financiación Autonómica. En segundo lugar, las transferencias, tanto corrientes como de capital, donde se incluyen los recursos procedentes de otras administraciones, como la del Estado o la Unión Europea. Y, finalmente, los ingresos de carácter financiero, con un volumen previsto para 2023 que asciende a 2.427 millones.
Deducciones fiscales
El proyecto de Ley contempla el paquete de deducciones fiscales anunciado por el presidente Emiliano García-Page en el último Debate sobre el Estado de la Región, para aliviar la situación del 87 por ciento de los contribuyentes de la región ante la inflación. Ruiz Molina ha recordado que son seis nuevas deducciones, con un impacto económico estimado en 85 millones de euros, que se unen a las 27 desgravaciones fiscales vigentes.
En definitiva, “una política presupuestaria dirigida a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y a procurar la generación de riqueza y empleo, que permitirá cumplir con los compromisos adquiridos con la ciudadanía, con una política fiscal justa y solidaria, apoyada en la estabilidad institucional y haciendo todo ello compatible con la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera”, ha sentenciado el consejero.
