El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha destacado el incremento de población que se ha dado en las despobladas de Castilla-La Mancha desde la entrada en vigor de la Ley de medidas económicas, sociales y tributarias contra la Despoblación y para el desarrollo del medio rural, hace hoy cinco años.
Un lustro en el que estos pequeños municipios, tal y como ha apuntado Martínez Guijarro con motivo de este aniversario, cuentan hoy con 4.732 habitantes más que en 2021, tras la puesta en marcha de la batería de medidas incluidas en el articulado de la norma “para garantizar servicios públicos, proyectos empresariales y medidas desde el punto de vista fiscal”.
En concreto, en lo que se refiere a la garantía de acceso de a los servicios públicos, el vicepresidente ha explicado que, en estos cinco años, se ha mejorado una veintena de centros de salud y consultorios médicos y se han abierto 88 botiquines en estas zonas. A esto se suma, ha dicho, la apertura de más de 100 escuelas infantiles en estos pequeños municipios; la apertura de cinco nuevas residencias rurales en Elche de la Sierra, Chinchilla de Montearagón, Munera, Campillo de Altobuey y San Lorenzo de La Parrilla o la puesta en marcha del servicio de Transporte Sensible a la Demanda que da servicio a 337 núcleos de población y más de 54.600 habitantes “y que ya han usado más de 160.000 viajeros”.
Fiscalidad diferenciada
Esta Ley, que fue pionera por su transversalidad y porque suponía ser la primera específica para luchar contra la despoblación tanto en España como en Europa, incluye una medida nunca utilizada como es la fiscalidad diferenciada. El objetivo de esta medida es la de hacer que los pueblos sean lugares atractivos para vivir.
Al respecto, y con las cifras de la declaración de la renta del pasado año, Martínez Guijarro ha recordado que fueron más de 98.000 los declarantes que se beneficiaron de esas deducciones fiscales “por vivir en estos pueblos”.
Impulso a la creación de empresas
Otro de los objetivos de la Ley de medidas contra la Despoblación pasa por estimular la creación de empresas en los pequeños pueblos. Por eso, en su articulado se incluyen medidas de discriminación positiva para aquellos que escojan el medio rural para instalar su empresa que cuentan con un 40% adicional de todas las ayudas.
Esto ha supuesto que, en las ayudas por establecimiento y consolidación las zonas rurales hayan contado un total de 5.594 beneficiarios a lo largo de estos años.
La despoblación en los presupuestos
En este sentido, los presupuestos regionales que se aprueban cada año desde el año 2022 cuentan con la Memoria de Impacto Demográfico donde se aúna el presupuesto que se destina desde el conjunto de las consejerías para frenar la pérdida demográfica.
En el caso del presupuesto regional para el 2026 se destinan 2.116 millones de euros, lo que supone 5,8 millones de euros al día. Esto se traduce en uno de cada cuatro euros del techo de gasto del presupuesto, que es el presupuesto efectivo, y supone que se destinará un 3,4 por ciento del PIB de la región a estas políticas.
Estrategia y ADUR
A lo largo de estos cinco años se han estado implementando tanto las medidas como las herramientas que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha desarrollado en esta batalla demográfica. Es el caso de la Estrategia frente a la Despoblación que cuenta con más de 200 actuaciones. De ella descienden las Agendas de Desarrollo Urbano y Rural que se están elaborando de la mano de las Grupos de Desarrollo Rural para acercar la lupa, reconocer las necesidades y virtudes concretas de cada uno de los territorios y poder así poner en marcha iniciativas individualizadas en la lucha contra la despoblación.
El siguiente paso en el que se está trabajando ya es en la redacción del Estatuto del Pequeño Municipio que busca establecer un marco jurídico específico para los municipios rurales, simplificando la administración y articulando medidas para continuar con la lucha contra la despoblación.
La vivienda, el nuevo reto
Asimismo, el vicepresidente primero ha señalado que el aumento de población en las zonas despobladas ha traído consigo la necesidad de contar con vivienda disponible en estos pueblos.
Para ello, en estos años el Ejecutivo autonómico ha puesto en marcha un programa pionero de rehabilitación de 11 inmuebles de titularidad municipal en siete localidades de la región para ponerlas en alquiler a precio asequible y que, a día de hoy, están todas ocupadas.
En este sentido, ha recordado que Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma líder en la gestión del programa PREE 5000 de rehabilitación de vivienda en municipios menores de 5.000 habitantes, con presupuesto destinado de 60 millones de euros que ha permitido llegar a 1.009 viviendas y 3.450 personas beneficiadas.
Este aumento de la demanda de vivienda en los pequeños municipios “supone un nuevo reto en el que estamos trabajando”.



