El principal índice europeo de derechos de la diversidad, el Rainbow Map, indica que España está a la cabeza en la protección legal de las personas LGTBI+. Sin embargo la realidad es muy distinta cuando este colectivo se enfrenta al mundo laboral.
Las estadísticas demuestran una realidad dolorosa y es que los centros de trabajo se han convertido en el segundo espacio más hostil y sólo una de cada cuatro personas LGTBI+ se visibilizan como tal ante sus compañeros y compañeras, 4 puntos menos que hace dos años (informe Estado del Odio LGTBI+ 2026) Sumamos que una de cada diez personas del colectivo se ha sentido alguna vez discriminada al buscar empleo, lo que les fuerza a no mostrarse como son para no ser descartadas en un proceso de selección. La discriminación sigue marcada por la necesidad de protegerse frente al rumor, la burla o el aislamiento.
A pesar de contar con un marco normativo a la vanguardia europea, que obliga a las empresas de más de 50 personas a implantar medidas de igualdad para asegurar entornos laborales diversos, inclusivos y seguros, el tejido de nuestra región deja a muchas empresas fuera del paraguas legal por ser en su totalidad pymes y micropymes.
A la barrera del tamaño de la empresa hay que sumar una realidad territorial ineludible en Castilla – La Mancha: el “doble armario” que impone el mundo rural por el miedo al señalamiento vecinal que aboca a muchas personas a trasladarse a otras ciudades donde poder emprender una vida laboral en libertad.
La negociación colectiva sectorial se convierte en el principal y único salvavidas para democratizar estos derechos. Sin embargo, la mayoría de convenios colectivos de la región revelan un “corta pega” de la ley lo que reduce la igualdad a un aspecto meramente formal sin ningún impacto real en las condiciones de trabajo de los colectivos más vulnerables. Tan solo el 15% de convenios colectivos en Castilla – La Mancha incluyen medidas de igualdad reales para garantizar espacios seguros, incorporando capítulos específicos de medidas contra la discriminación y la lgtbifobia. El 85% restante se limita a prohibir la discriminación por orientación sexual pero sin establecer acciones concretas para evitarla.
Frente a este escenario desde Comisiones Obreras tenemos claro que los derechos laborales de las personas LGTBI+ deben ser defendidos, como derechos humanos que son, y que la diversidad dentro de las empresas debe ser un reflejo exacto de la existente en la sociedad. No podemos permitir que los centros de trabajo sigan siendo armarios donde esconder el talento y la propia identidad.
CCOO va a exigir que se plasmen estrategias concretas y protocolos de tolerancia cero en la negociación colectiva para que la barrera legal del tamaño de la empresa desaparezca. Seguiremos reivindicando medidas de acción positiva (currículum neutros, lenguaje inclusivo…) luchando para garantizar que la igualdad efectiva sea una realidad innegociable en cualquier empresa, polígono o pueblo de Castilla – La Mancha.
