ADERA, la asociación vecinal nacida en Almendros contra una polémica macrogranja porcina, ha pedido al gerente de Icpor Soria, Julián Redondo, que no falte al respeto a quien le paga; el responsable máximo de Incarlopsa, Clemente Loriente.
Loriente, en declaraciones recogidas en varios medios de comunicación, advirtió que su grupo empresarial no abordaría proyectos de macrogranjas en aquellos pueblos en los que los ciudadanos no los quisieran.
Clemente Loriente:
«No vamos a ir donde un pueblo no quiera» fue la literalidad de sus palabras, imprimidas y colgadas en el tablón de anuncios del bar, el centro cívico del municipio y otros comercios del pequeño municipio conquense.
Esta situación es la que sucede precisamente en Almendros, municipio en el que el alcalde y el grupo político que propició está contestada instalación – en propiedades del alcalde para más INRI- ha pasado de gobernar con mayoría absoluta a desaparecer de la Corporación.
La asociación vecinal ADERA quiso convertir de hecho las últimas elecciones municipales en un referéndum sobre esta macrogranja para validar la opinión de la ciudadanía. Para ello creó una coalición electoral independiente que se alzó con cuatro de los cinco concejales del municipio.
Si ICPOR dice que seguirá adelante con esta macrogranja contra la voluntad mayoritaria de un pueblo es o porque desprecia a quien le paga, lo cual es una estupidez, o porque quien le paga desprecia sus propias palabras y, en definitiva, se desprecia a sí mismo.
ADERA cree que por el bien de todos, del municipio de Almendros pero también de la expansión responsable y respetable de la cárnica, INCARLOPSA debe aclarar si el gerente de ICPOR SORIA habla «afectado por un mal viento del Moncayo», o si, por el contrario, habla mandatado por Incarlopsa.
Desde ADERA consideramos que es muy grave en la economía, en la empresa, en la política o en cualquier ámbito de la vida no hacerse respetar. Quien pierde la palabra, lleva mucho perdido: pierde su dignidad.
Por otra parte ADERA ha pedido a la nueva alcaldesa, Elena Fernández, que no ceda un milímetro en el honor y en la dignidad que le otorgó la ciudadanía en las urnas.
Las declaraciones del gerente de ICPOR han causado malestar en la población sobre todo al coincidir en el tiempo con la firma de un convenio entre Incarlopsa y Forética que tiene como objetivo fomentar la integración de los aspectos sociales, ambientales y el buen gobierno en la actuación de esta empresa. Convertir la palabra dada por un empresario y la voluntad de la ciudadanía es estiércol es incompatible con el buen gobierno de las empresas.
ADERA ha solicitado al ayuntamiento que avance, dentro de su competencia, en todas las medidas necesarias para evitar cualquier atropello político, jurídico, administrativo o ambiental.
