La Asociación Vecinal Campos del Paraíso Comunidad Rural ha presentado sus aportaciones al proyecto de Decreto con el que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pretende regular la gestión de residuos orgánicos mediante su transformación en biometano. La entidad reclama que la futura normativa establezca límites efectivos a la concentración y dimensión de estas instalaciones y garantice que ningún proyecto pueda implantarse en un municipio frente al rechazo expreso y motivado de su Ayuntamiento.
Las propuestas parten de la experiencia de Campos del Paraíso, un municipio conquense de poco más de 600 habitantes en cuyo término municipal se proyectan hasta tres plantas diferentes de biometano. La situación ha provocado una importante movilización vecinal, con cerca de 2.000 personas manifestándose en el mes de marzo y más de 5.000 firmas recogidas contra estas macroplantas en Change.org.
“Castilla-La Mancha necesita una regulación del biometano, pero necesita una regulación que proteja de verdad a los pueblos. El éxito del decreto no se medirá por el número de plantas que permita instalar, sino por su capacidad para garantizar que sean compatibles con el territorio, sus recursos y la voluntad de quienes viven en él”, señalan desde la Asociación.
Que los Ayuntamientos puedan decir no
Una de las principales demandas de la Asociación es blindar la capacidad de decisión de los municipios. El actual borrador exige que la solicitud de autorización vaya acompañada de un acuerdo favorable del Pleno municipal, una previsión que los vecinos valoran positivamente pero que consideran necesario reforzar.
La Asociación pide que ese pronunciamiento tenga carácter efectivo y vinculante, de manera que no pueda autorizarse una instalación cuando exista un acuerdo expreso y motivado del Pleno en contra, y que la eventual declaración de un proyecto como estratégico, prioritario o de interés regional no pueda utilizarse para sortear esa decisión ni rebajar las garantías ambientales, territoriales o de participación pública.
Además, propone que los pequeños municipios que carezcan de medios técnicos propios puedan disponer gratuitamente de asistencia jurídica, ambiental, agronómica y viaria independiente para analizar proyectos de esta complejidad antes de pronunciarse.
“No tendría sentido reconocer sobre el papel la participación de los Ayuntamientos y permitir después que una figura administrativa convierta su decisión en irrelevante. Si un pueblo acredita que un proyecto es incompatible con su modelo territorial, ambiental o social, su decisión debe ser respetada”, sostienen.
La Asociación pide que la Junta regule la concentración de plantas
La experiencia del municipio está también detrás de otra de las principales propuestas: incorporar por primera vez un criterio de capacidad de carga territorial.
La Asociación considera insuficiente evaluar cada planta de forma aislada cuando varias instalaciones pueden competir por los mismos residuos, utilizar las mismas carreteras, afectar a las mismas masas de agua y acuíferos o necesitar las mismas superficies agrícolas para gestionar el digerido.
Por ello, propone que antes de autorizar una nueva instalación sea obligatorio analizar conjuntamente todas las plantas existentes, autorizadas, en tramitación o proyectadas en el municipio y su entorno, y que se establezca una capacidad máxima de tratamiento compatible con los recursos disponibles. Si esa capacidad territorial estuviera agotada, la consecuencia debería ser la denegación de nuevas instalaciones.
La Asociación reclama asimismo la creación de un mapa autonómico de capacidad territorial en el que figuren las plantas autorizadas y proyectadas, su capacidad de tratamiento, las fuentes previstas de residuos, las rutas de transporte, las masas de agua y acuíferos, las zonas vulnerables a nitratos y las superficies disponibles para gestionar el digerido.
“Tres plantas en un mismo municipio no pueden analizarse como si las otras dos no existieran. Además, en Huelves y Tarancón, localidades de la misma comarca y muy próximas, existen otros tres proyectos, haciendo un total de 7 a escasos kilómetros. Ese ha sido uno de los grandes problemas que hemos denunciado desde Campos del Paraíso y queremos que el decreto lo resuelva para toda Castilla-La Mancha”, añaden.
Diez kilómetros de distancia y residuos realmente de proximidad
Entre las medidas presentadas a la Junta figura también la revisión de las distancias previstas en el borrador. Frente a los 2.000 metros establecidos actualmente respecto del suelo urbano residencial, la Asociación propone elevar la distancia mínima hasta 10 kilómetros, además de extender expresamente la protección a viviendas aisladas, residencias, centros educativos, sanitarios y sociales y reforzarla alrededor de captaciones de agua y acuíferos vulnerables.
Otra de las cuestiones centrales es el origen de los residuos. El borrador establece que al menos el 80% de la materia prima proceda del propio municipio o de un radio máximo de 35 kilómetros. La Asociación propone que esta exigencia afecte con carácter general al 100% de los sustratos, permitiendo únicamente excepciones justificadas que nunca puedan superar el 10% del total.
La entidad considera que este principio de proximidad resulta esencial para evitar que municipios rurales terminen convirtiéndose en puntos de recepción de grandes cantidades de residuos producidos a decenas o cientos de kilómetros.
Esta preocupación ha sido especialmente relevante en Campos del Paraíso. En el proyecto más avanzado, promovido por una filial de Ence, la documentación conocida llega a contemplar 90.000 toneladas anuales de purines y gallinaza, pese a que la generación de este tipo de residuos en el entorno es muy inferior, circunstancia que ha alimentado durante meses las dudas vecinales sobre el origen real de los sustratos necesarios para abastecer la instalación.
Tráfico, agua, digerido y emisiones: “hay que contabilizar todo”
Las aportaciones incluyen también medidas para que el impacto de las plantas se calcule sobre su actividad real y no únicamente sobre el funcionamiento interno de la instalación.
La Asociación propone que los estudios de tráfico contabilicen todos los desplazamientos, incluidos los viajes de ida y vuelta de los camiones que transportan residuos y digerido, trabajadores, vehículos de mantenimiento y situaciones de máxima actividad.
Del mismo modo, reclama que la huella de carbono incorpore todo el ciclo de vida de la actividad -transporte, consumos energéticos, maquinaria, emisiones fugitivas de metano, tratamiento y aplicación del digerido, entre otros factores- y que cada instalación tenga que demostrar una reducción neta real de emisiones frente a la situación de partida.
Respecto al digerido, la Asociación plantea que la empresa titular mantenga la responsabilidad sobre su trazabilidad y destino final, aunque contrate su gestión con terceros, y pide reforzar especialmente las garantías en las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos.
Las nuevas reglas deben afectar a los proyectos que ya están en marcha
Uno de los puntos que la Asociación considera determinantes es la aplicación de la futura normativa a las plantas actualmente en tramitación.
El borrador contempla una suspensión de hasta 24 meses de determinados procedimientos para su adaptación al nuevo marco. Frente a una mera adecuación documental, los vecinos reclaman que esos proyectos tengan que acreditar nuevamente el cumplimiento real de las nuevas condiciones ambientales, territoriales, de distancias, tráfico, suministro de residuos, gestión del digerido y capacidad de carga territorial.
La Asociación plantea expresamente que haber presentado previamente un proyecto no genere un derecho a conservar su ubicación, tamaño o condiciones iniciales y que las nuevas distancias de protección sean también aplicables a los expedientes todavía no resueltos.
Transparencia pública e inspecciones de la Administración
Finalmente, la Asociación reclama la creación de un Registro Público de Plantas de Biometano que permita a cualquier ciudadano consultar la capacidad autorizada de cada instalación, las cantidades y procedencia de los residuos recibidos, las rutas de transporte, las emisiones, los controles de olores, las analíticas del digerido y los suelos, las incidencias, inspecciones, sanciones y el destino final de los residuos.
También propone que las inspecciones correspondan prioritariamente a personal de la propia Administración y que sus resultados sean públicos, evitando que el control efectivo de instalaciones con potencial incidencia sobre el agua, el suelo, el aire o la población quede delegado exclusivamente en entidades colaboradoras privadas.
La Asociación Vecinal Campos del Paraíso Comunidad Rural insiste en que sus propuestas no cuestionan la necesidad de avanzar hacia fuentes de energía renovables ni el aprovechamiento de los residuos orgánicos, sino un modelo basado en grandes instalaciones desligadas de la generación local de residuos y de la capacidad real de los territorios que las acogen.
Por ello, plantea que la Junta priorice proyectos de menor escala, ligados a residuos y consumos energéticos locales, incluyendo fórmulas de autoconsumo, cogeneración o comunidades energéticas cuando resulten ambientalmente más favorables.
“Campos del Paraíso ya ha demostrado que los pequeños municipios no están dispuestos a ser meros receptores de decisiones tomadas desde fuera. Ahora esperamos que esa participación tenga consecuencias y que el decreto definitivo sea realmente claro, restrictivo y garantista, como la propia Junta afirma que pretende ser”, concluyen.
