Después de varios años de debates y negociaciones, la reforma de la PAC para los próximos años está ya en su recta final. Tras el acuerdo, en junio pasado, entre el Parlamento Europeo, el Consejo de Ministros de Agricultura y la Comisión Europea sobre las grandes líneas de la reforma, cada Estado miembro prepara ya sus planes estratégicos nacionales, que en el caso de España cuenta con un primer punto de consenso, alcanzado el 14 de julio en la Conferencia Sectorial que forman el Ministerio de Agricultura y las consejerías correspondientes de todas las comunidades autónomas.
Bienvenido sea este escenario de mínimos en el terreno político. Más vale así. Por una vez, al menos hasta ahora (todo es susceptible de torcerse y enredarse), en los gobiernos autonómicos parece estar pesando más la responsabilidad hacia los intereses del sector que las zancadillas políticas entre gobiernos de uno u otro partido.
Aunque lo realmente importante será, a partir de 2023, comprobar que las expectativas que se están abriendo ahora se cumplan de verdad en los aspectos más positivos e innovadores, que los hay; además de mantener la presión sindical desde UPA para evitar que los intereses de los grandes perceptores de ayudas –especuladores de subvenciones, en definitiva– terminen encontrando resquicios para mantener sus privilegios.
El Gobierno y las comunidades autónomas pueden estar seguros de que UPA va a ser beligerante en este tema. La propuesta del Ministerio para la puesta en marcha del techo por explotación, una reivindicación histórica de UPA, se ha quedado en lo mínimo fijado por Bruselas. Por tanto, no consentiremos que el Plan Estratégico pueda desdibujar esta medida de mínimos, que a su vez está muy ligada con la puesta en marcha de la ayuda redistributiva, limitada al 10% del total de ayudas directas.
Otro aspecto relevante es la definición de agricultor activo, que recoge la diversidad de situaciones que se dan en el sector, especialmente en la agricultura y ganadería familiar; combinando la dependencia económica con la cantidad de ayudas que recibe una explotación. Al tiempo que se abren puertas para la incorporación de nuevos agricultores y ganaderos con derecho a ayudas, lo que debería favorecer el rejuvenecimiento del sector agrario.
Y en el caso de los nuevos ecoesquemas, que todavía no están concretados, está claro que van a exigir un esfuerzo adicional y que su efecto, en función de cómo se apliquen finalmente, puede oscilar entre ayudar a mejorar la sostenibilidad medioambiental de las explotaciones agrarias o hacer inviable su supervivencia.
Estos y otros temas van a estar sobre las mesas de debate y negociación en los próximos meses. Desde UPA Federal y todas las Uniones Territoriales vamos a estar muy activos y vigilantes. Nos jugamos el éxito –o el fracaso– de un cambio de modelo, no solo el importe de las ayudas que se reparten unas y otras comunidades autónomas. Nadie duda que la PAC está iniciando un camino sin marcha atrás. En nuestra mano está conseguir que ese camino sea de progreso y justicia social, de apoyo y consolidación hacia la agricultura y la ganadería familiar. Por el bien común.
