La organización agraria prevé una cosecha similar o incluso inferior a la del pasado año, la segunda peor del siglo. Por ello, reclama medidas urgentes para evitar el abandono de explotaciones vitícolas.
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha alertado del inicio de una de las vendimias más tempranas que se recuerdan en España. En numerosas comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha, Extremadura o Andalucía, la recolección de la uva ya ha comenzado con un adelanto de más de veinte días respecto a las fechas habituales. Esta situación, según la organización, se atribuye directamente a los efectos del cambio climático.
Las intensas olas de calor registradas durante los últimos meses han acelerado la maduración de la uva. Esto ha alterado el calendario tradicional de la vendimia y ha provocado, además, una importante merma en la producción. Según las primeras estimaciones de UPA, la cosecha de este año podría situarse al mismo nivel o incluso por debajo de la registrada en 2025. Aquella fue la segunda peor del siglo.
Esta reducción de la producción coincide, además, con un menor volumen de existencias de vino almacenadas. Sin embargo, esta situación no se está traduciendo en una mejora de los precios que reciben los viticultores. Desde UPA denuncian que las expectativas del mercado siguen siendo muy bajas. Añaden que las ofertas que se están planteando continúan sin cubrir los costes de producción. Esto sucede a pesar de que la lógica del mercado apuntaría a una revalorización del producto ante un menor stock.
«La combinación de menores cosechas, costes de producción disparados y precios insuficientes está haciendo inviable la actividad de miles de explotaciones familiares», advierten desde la organización. Fertilizantes, combustible, energía y otros insumos han incrementado notablemente los costes en los últimos años. Sin embargo, la rentabilidad del cultivo continúa deteriorándose.
Como consecuencia de esta falta de rentabilidad, cada vez más viticultores se ven obligados a abandonar la actividad o arrancar sus viñedos. Esta es una tendencia que se repite campaña tras campaña. Esto está provocando una preocupante pérdida del potencial productivo del país. Entre 2005 y 2025, España ha perdido más de 200.000 hectáreas de viñedo. Esta cifra evidencia el progresivo retroceso de un cultivo estratégico para numerosas comarcas rurales.
Ante esta situación, UPA reclama un paquete de medidas urgentes que permita garantizar la viabilidad del sector vitivinícola.
- En primer lugar, exige el cumplimiento estricto de la Ley de la Cadena Alimentaria por parte de las bodegas. De esta forma, los precios pagados a los productores deben cubrir, al menos, los costes efectivos de producción.
- Asimismo, la organización solicita la creación de una ayuda específica para el viñedo de secano en el marco de la próxima Política Agraria Común (PAC). Esta petición reconoce el importante papel ambiental, económico y social que desempeñan estas explotaciones.
- UPA también propone la puesta en marcha de una línea de «arranque quirúrgico». Esta medida sería financiada conjuntamente por el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas. Estaría destinada a aquellas zonas donde esta medida resulte necesaria para reordenar el potencial productivo. Además, se busca que esto no ponga en riesgo el conjunto del sector.
- Además, reclama ayudas complementarias por parte de las comunidades autónomas. Estas ayudas reforzarían las aprobadas por el Ministerio. El objetivo es compensar el incremento de los costes de fertilizantes y combustible.
La organización recuerda que el viñedo constituye un cultivo estratégico para España. Esto se debe no solo a su peso económico y su capacidad para generar empleo y fijar población en el medio rural, sino también por su función ambiental. Los viñedos actúan como grandes cortafuegos naturales. Así, contribuyen a la conservación del paisaje y desempeñan un papel esencial en la adaptación del territorio frente al cambio climático.
Por todo ello, UPA hace un llamamiento a todas las administraciones para que actúen de forma coordinada y decidida. Esto debe ocurrir antes de que el deterioro económico del sector provoque un abandono irreversible de miles de explotaciones familiares. De lo contrario, se comprometería el futuro de una de las producciones agrícolas más emblemáticas de nuestro país.
