El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto a disposición de la incorporación de jóvenes y la mejora de explotaciones de este colectivo y el de las y los agricultores y ganaderos profesionales, un total de 380 millones de euros desde el año 2016, porque “son la máxima prioridad” del Ejecutivo castellanomanchego.
La última partida económica se ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno de esta mañana, con la convocatoria de una nueva línea de ayudas para la mejora de explotaciones de las y los agricultores y ganaderos profesionales por 70 millones de euros.
El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, así lo ha resaltado en rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos de su departamento aprobados en el Consejo de Gobierno de esta semana.
De esta manera, ha explicado que ésta es la primera vez que se realiza esta ayuda de mejoras en dos convocatorias diferenciadas entre jóvenes y explotaciones ordinarias. Con un total de 230 millones de euros en total desde 2016.
Los plazos de esta nueva convocatoria estarán hasta el 17 de septiembre de 2021 y se abrirá en el momento en el que finalice la de los y las jóvenes, que fue ampliada hasta el 18 de junio y que está dotada con otros 50 millones de euros.
El objetivo, ha indicado, es que ningún profesional se quede fuera de ayudas de mejora explotaciones, “por lo que ningún expediente que cumpla con la misma se quede fuera”.
En cuanto a las cuantías a las que se podrán acceder, las ayudas tendrán un máximo de 200.000 euros para los proyectos de explotaciones de personas físicas o 400.000 euros en el caso de ser jurídica o de titularidad compartida. Además, se puede alcanzar hasta el 70 por ciento de las inversiones que tengan que ver con el ahorro de agua y energía, por ejemplo.
En esta nueva convocatoria se priorizarán los proyectos de mujeres, los de Titularidad Compartida, las y los agricultores y ganaderos incluidos en una Entidad Asociativa Prioritaria de Interés Regional (EAPIR). Así, entre otros, figuran aquellos los que están dentro de sectores estratégicos incluyendo por vez primera, a las explotaciones dedicadas a las plantas aromáticas, ubicadas principalmente en las provincias de Cuenca y Guadalajara.
Martínez Arroyo ha resaltado la importancia de estas ayudas, poniéndose recursos públicos que “financiamos entre todos” a disposición de la agricultura y ganadería, lo que permite “garantizar el futuro del sector y del medio rural”.
Cambio en la política del agua en España
El Consejo de Gobierno ha acordado, además, recurrir los trasvases de 17 hectómetros cúbicos cada uno de los meses de diciembre de 2020 y enero de 2021, dentro de la misma línea que el Gobierno de Castilla-La Mancha lleva realizando desde la legislatura pasada, siempre que no sean para consumo humano y sí para regadío.
El consejero ha incidido en que, igual que hoy se recurren estos trasvases porque exceden la cantidad estimada para consumo humano, se reconoce el esfuerzo que se está haciendo “cambiando la política del agua en nuestro país, priorizando a la cuenca cedente y poniendo por delante el caudal ecológico mínimo y los derechos de aquellos que viven en la cuenca de la que parte el agua al Levante”.
En esta línea, Martínez Arroyo ha recordado que, una vez que la Comisión Nacional del Agua ha dado el visto bueno a la reducción de las aportaciones al Levante de 38 a 27 hectómetros cúbicos cuando la cabecera del Tajo esté en nivel 2, se espera que el Real Decreto esté aprobado en el plazo de un mes.
El consejero ha mostrado la solidaridad de la región en los momentos en los que sea precisa la derivación para consumo humano, pero con una clara oposición a “trasvases para la agricultura en el Levante”.
En cuanto a los cambios que se están produciendo “que no responden a capricho político, pero sí a una voluntad política” teniendo en cuenta los criterios técnicos, Martínez Arroyo ha estimado que la planificación hidrológica que se aborda entre el Estado y las comunidades autónomas acabe concluyendo en “un nuevo enfoque en materia de agua que priorice la realidad de los pueblos ribereños y de los habitantes que dependen de la cuenca del Tajo, como los regantes del Alberche, y los ciudadanos de Toledo o Talavera”.
Investigación en Clamber
En otro orden de cosas, en el Consejo de Gobierno se ha procedido a autorizar el gasto de más de 730.000 euros para la gestión de la Planta Clamber de Puertollano para el año 2021-2022. El Proyecto ‘Castilla-La Mancha Bio-Economy Región’ realiza un esfuerzo relevante de cooperación con el sector privado para proyectos de escalado de bioeconomía, demostrando que es rentable el tratamiento de residuos de la agricultura o residuos orgánicos, para generar energía o bioproductos.
Ley del Vino
Francisco Martínez Arroyo se ha referido por último a la salida a información pública del Anteproyecto de Ley del Vino de Castilla-La Mancha, que podrá recibir aportaciones desde mañana y hasta el 7 de junio. El objetivo es que llegue a las Cortes de Castilla-La Mancha antes de que acabe el año, para cubrir con ella un “déficit” que tiene Castilla-La Mancha desde “la legislatura de Cospedal, cuando derogó la que estaba en vigor”.
Esta nueva normativa, ha recordado Martínez Arroyo, está consensuada con el sector, y “garantizará la trazabilidad y la garantía de calidad de nuestros productos de una forma mejor”.
Para finalizar, el consejero ha dado cuenta de los buenos datos de las exportaciones del sector agroalimentario del mes de marzo. Así, el sector ha facturado en la exportación 256 millones de euros, el 33 por ciento total de la facturación de la región. Uno de cada tres euros, ha finalizado, dependen del sector agroalimentario, que ha crecido un 16 por ciento respecto al mes de marzo del año 2020.
