Los granjeros de pollo atraviesan desde hace varios meses una situación límite: los costes que asumen se han disparado por la brutal inflación que afecta a sus diferentes partidas. Sin embargo, el precio que perciben de las integradoras apenas ha variado. Los consumidores, por su parte, están pagando cada día un precio más alto por la carne de pollo, que además es la fuente de proteínas más consumida de España.
Las organizaciones profesionales agrarias, ASAJA, COAG y UPA, se han dirigido a la patronal Avianza, que aglutina a las industrias integradoras, a las asociaciones de la gran distribución, y al Ministerio de Agricultura para exigir un cambio de actitud inmediato que asegure la supervivencia de los granjeros de pollo españoles.
Las organizaciones describen la situación como “dramática”, como consecuencia del aumento de los costes de producción, tanto en el caso de la energía, los combustibles, y todas las materias primas y materiales que son necesarios para continuar con el proceso de producción.
“Sin duda, son las granjas de producción las que están pagando la factura de esta crisis, junto con los consumidores, porque el precio de venta al consumidor se ha visto incrementado sin que se haya producido un reparto de este aumento a lo largo de la cadena de valor”, señalan.
Las organizaciones afirman que sigue creciendo el número de titulares de granjas de producción de carne de pollo y pavo que anuncia su intención de cerrar las naves, “ya que lo único que están haciendo es acumular pérdidas y contraer deudas con sus proveedores. Es por ello que en los próximos meses existe un enorme riesgo de desabastecimiento de carne de pollo y de pavo en España”.
Por todo ello ASAJA, COAG y UPA urgen a las empresas integradoras agrupadas en Avianza que realicen una revisión inmediata de sus contratos de integración, y a la vista del enorme aumento de los costes de producción, eleven los precios remunerados por los ganaderos, en cumplimiento de la Ley de Cadena alimentaria.
También piden una reunión al más alto nivel, con la participación de representantes de empresas integradoras y de empresas de la distribución y OPAs, donde el Ministerio de Agricultura pueda entender la “delicada situación en la que se encuentra el sector” y actúe en consecuencia. Las OPAs envían también un mensaje a las Comunidades Autónomas, para que agilicen el pago de las ayudas directas por los efectos de la guerra de Ucrania, para dotar de cierta liquidez a las explotaciones avícolas ante la crisis que atraviesan.
