Hoy, un año y medio después de la aprobación de la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria que determinó la prohibición de comprar cualquier alimento a un precio inferior a los costes del eslabón inferior, el futuro de esta legislación se juega en los tribunales.
La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo ha acogido una sesión de presentación de informes periciales, lo que en la práctica supone la presentación de pruebas argumentales para blindar o, en su caso torpedear, una Ley aprobada por mayoría en el Parlamento. Son las industrias lácteas, representadas por su federación FENIL, las únicas en toda la cadena alimentaria que se han aventurado a tratar de desmontar una norma reivindicada por los agricultores y ganaderos durante años.
Representantes de UPA, encabezados por el secretario general de Unións Agrarias-UPA Galicia, Roberto García, se han personado ante el Supremo para presentar un informe pericial que desmonta los argumentos de la industria y demuestra, con hechos y cifras, que la prohibición de las compras a pérdidas es un elemento “ajustado a derecho que debe seguir plenamente en vigor, cumpliéndose y haciéndose cumplir por las autoridades responsables”.
Las industrias no quieren pagar precios justos
García ha asegurado que las industrias lácteas “quieren ejercer un derecho de pernada, de imposición de precios, al eslabón más bajo, como vienen haciendo desde el año 2000”. En ese año había en España unas 60.000 granjas lácteas, hoy quedan poco más de 10.000. Un proceso de cierres masivos motivado por una crisis de rentabilidad impuesta por las industrias a los ganaderos, con la colaboración de las grandes cadenas de la distribución.
Roberto García ha asegurado que las industrias “quieren seguir imponiendo unilateralmente los precios” sin tener en cuenta ni los costes de producción ni la situación del mercado, “tal y como están volviendo a hacer en los contratos que se están renovando desde el pasado mes de abril”.
Los ganaderos esperan que en las próximas semanas el Tribunal Supremo les dé la razón y se frene así este comportamiento “éticamente impresentable” de la industria, que demuestra, en opinión de UPA, que prefieren que la distribución les siga imponiendo a ellos el precio de la leche líquida para después ellos trasladar esas bajadas hacia los ganaderos.
