(Artículo de Irene Arcalá Tarriño. Coordinadora y Secretaria de Feminismos y LGTBIQA+ de Podemos Castilla-La Mancha y
María Isabel Ruiz García. Portavoza del Grupo de Trabajo de Feminismos de Podemos Castilla-La Mancha)
Como cada 25 de noviembre desde 1999 volvemos a recordar que la violencia machista no es una suma de casos aislados, sino que es la vulneración de derechos humanos más extendida y normalizada de nuestra sociedad. Es una violencia estructural que atraviesa nuestras vidas y nuestras instituciones. Desde el feminismo llevamos décadas señalándolo, pero ahora lo hacemos en un contexto especialmente desfavorable: una reacción patriarcal creciente que, desde la extrema derecha y los gobiernos que la extienden, quiere devolvernos al silencio.
El silencio que Audre Lorde advertía que no nos protegería a las mujeres está siendo hoy reivindicado por quienes utilizan el lenguaje de la “protección” para restringir libertades y cuestionar leyes que salvan vidas. En Castilla-La Mancha, lejos de ser una región moderna y progresista, las mujeres siguen recorriendo cientos de kilómetros para poder abortar, esperando meses por una mamografía o viendo cómo se borran los derechos LGTBIQ+ y feministas del nuevo borrador del Estatuto de Autonomía.
La interrupción voluntaria del embarazo en Castilla-La Mancha: un derecho en papel pero no en la práctica.
Han pasado dos años y medio desde que se aprobó la reforma de la Ley del Aborto (LO 1/2023) de la que fuera Ministra de Igualdad, Irene Montero. Sin embargo, en Castilla-La Mancha no se cumple con ella al no garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública, obligando a las mujeres a tener que recurrir a clínicas privadas concertadas.
En una región con casi dos millones de habitantes, hay dos clínicas privadas: la clínica Iris, en Albacete, y la clínica CIRE, en Miguelturra. El resto de mujeres de Cuenca, Guadalajara y Toledo deben desplazarse a Madrid o Valencia para ejercer su derecho, el cual debería estar garantizado en cualquier hospital público sin barreras económicas, logísticas o morales.
La desigualdad territorial y el incumplimiento de la ley es violencia institucional. Y no sólo se incumple la ley, es que no hay ninguna voluntad de que esto cambie.
“Sólo sí es sí”: el Consentimiento, materia suspensa en la región.
La Ley del “solo sí es sí” ha transformado el marco jurídico nacional al situar el consentimiento en el centro y garantizar una atención integral a las víctimas de violencia sexual. El gobierno de CLM se ha dedicado sistemáticamente a cuestionarla, sin embargo, aún no se ha puesto en marcha un plan específico de aplicación. No se ha reforzado la formación de los profesionales mientras que sí ha alimentado discursos alarmistas que sólo fortalecen al machismo.
A esto se le suma el abandono de los centros de Crisis 24h, que deberían estar funcionando ya en la región con financiación estatal. Pero en la región no tenemos aún estos centros, no contamos con una atención inmediata, psicológica y jurídica, para las víctimas de violencia sexual.
Esta situación es alarmante, sobre todo si tenemos en cuenta que en España los datos son los siguientes:
- Se denuncian 14 violaciones y 500 víctimas de violencia de género al día.
- Desde 2003, más de 60 mujeres han sido asesinadas al año, y en este año 2025 han sido 36.
- Los delitos sexuales son los que más crecen, por detrás de los ciberdelitos.
- El 57,3% de mujeres han sufrido algún tipo de violencia, y el 70% de las jóvenes entre 18 y 30 años ha sufrido violencia digital.
Salud de las mujeres: abandono y caos.
El machismo institucional tiene una de sus manifestaciones en la manera en que se atiende la salud de las mujeres. En Castilla-La Mancha hemos sufrido retrasos e irregularidades en los cribados de cáncer de mama, falta de transparencia y saturación en la atención primaria, lo que refleja que la precarización de los servicios públicos expone a las mujeres a riesgos evitables.
El deterioro de la sanidad pública, unido a la precarización de las profesionales que sostienen los servicios de atención a víctimas (psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas, etc.) demuestra que sin inversión pública no hay protección real frente a la violencia machista.
La desprotección del colectivo LGTBIQ+.
La reforma del Estatuto de Autonomía, impulsada por PP y PSOE, ha excluido deliberadamente los derechos LGTBIQ+. Había una alternativa, blindar en el Estatuto la diversidad sexual y de género, ofreciendo protección real frente a la discriminación, el reconocimiento explícito de derechos trans y la garantía de unas políticas activas en lugar de simbólicas. Pero se tomó la decisión de dejar al colectivo desprotegido y expuesto en un momento en el que avanza el odio y el señalamiento.
El feminismo sí nos protegerá.
Cada año, miles de mujeres son asesinadas, violadas y acosadas por el mero hecho de ser mujeres. Cada día, más de 500 mujeres en España denuncian violencia de género. Cada semana vemos cómo la extrema derecha avanza con su agenda de odio, cómo critican al feminismo a la vez que lo instrumentalizan para generar aún más odio, como sucede cuando lo utilizan para justificar el racismo institucional. Y mientras, gobiernos como el de Castilla-La Mancha se mantienen cómplices con su silencio y sus actos.
Este 25N, frente a silencios, pactos con la derecha y recortes en derechos, las feministas respondemos con más igualdad y más feminismo. Respondemos señalando a quienes nos desprotegen. El silencio no protege a las mujeres, el feminismo sí.
