(Comunicado Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla La Mancha)
Con profunda tristeza y consternación, lamentamos la pérdida de María Belén, una profesional de la intervención social en el ejercicio de su labor en un centro de menores en Badajoz. Extendemos nuestras condolencias a su familia, amistades y compañeras/os, al tiempo que expresamos nuestra solidaridad con el conjunto de profesionales que, día a día, trabajan en condiciones de alta exigencia y vulnerabilidad para garantizar la protección y el desarrollo de menores en situaciones de riesgo.
Este trágico suceso evidencia una realidad ineludible: la precariedad en los recursos destinados a la intervención social y la falta de medidas adecuadas de seguridad y apoyo para quienes dedican su vida a la resocialización de menores. La falta de personal, la sobrecarga de trabajo y la desigualdad en la distribución de recursos a nivel territorial son elementos que exponen a los y las profesionales a riesgos inaceptables.
Sin embargo, es fundamental evitar un enfoque simplista. La mayoría de las intervenciones en el ámbito de la justicia juvenil se desarrollan de manera efectiva y positiva. El sistema actual, alineado con los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, prioriza la integración social y el acompañamiento educativo sobre la restricción y el castigo. La privación de libertad es y debe seguir siendo el último recurso.
Por ello, reclamamos:
- Recursos Dignos y Suficientes: Una dotación adecuada de recursos humanos y materiales que garantice la atención especializada y segura de los y las menores, así como la protección de las y los profesionales.
- Seguridad sin Estigmatización: Protocolos de seguridad efectivos que no criminalicen a los adolescentes, sino que respondan a las necesidades de cada recurso. La presencia de profesionales de seguridad debe reservarse para entornos cerrados y de alta conflictividad.
- Valoración y Reconocimiento Profesional: Reconocer la figura de las y los profesionales de la intervención social como autoridad en el ejercicio de sus funciones, dotándoles de mayor protección legal frente a agresiones y amenazas.
- Coordinación Institucional: Garantizar una mejor coordinación entre las administraciones, entidades gestoras y el sistema judicial para asegurar una correcta valoración de las medidas y recursos más adecuados para cada menor.
- Reflexión Mediática y Social: Llamamos a los medios de comunicación a evitar mensajes sensacionalistas que estigmaticen a todos los adolescentes en conflicto con la ley, fomentando en su lugar una mirada que promueva la comprensión y el respeto por los procesos de reinserción social.
- Refuerzo en la Supervisión y Evaluación: Instamos a las administraciones a reforzar los sistemas de supervisión y evaluación de los recursos destinados a la intervención social, para detectar y corregir carencias que puedan derivar en situaciones de riesgo.
Exigimos respuestas inmediatas que aseguren entornos seguros y adecuados tanto para los y las menores como para las y los profesionales que les acompañan en sus procesos de integración. Porque proteger a quienes cuidan y educan es garantizar el derecho a una sociedad más justa y equitativa.
No podemos permitir que tragedias como esta caigan en el olvido. Honremos la memoria de quienes como María Belén han perdido la vida en el ejercicio de su vocación exigiendo cambios que prevengan nuevas tragedias. La seguridad y dignidad en la intervención social son una responsabilidad colectiva que no admite demora.
