(Artículo de Manuel Valencia Alonso)
Como todos saben, el pasado día 18 de mayo se firmó el clamoroso auto, por el juez de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, en el que se imputa al expresidente Zapatero y a otras personas relacionadas con el caso, por pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental y blanqueo de capitales. En este auto, además, se ordena el registro el día 19 de varios domicilios y sedes de empresas, presuntamente implicadas en el caso.
Este asunto relacionado con el rescate de la aerolínea Plus Ultra y sus distintas ramificaciones viene coleando desde marzo de 2021 —fecha en la que se produjo el rescate—. Desde el primer momento generó dudas, cuestionando si realmente cumplía los requisitos exigidos para acceder a los fondos públicos. A los pocos meses se judicializó por presiones políticas y mediáticas, cerrándose el caso posteriormente, por no encontrar los jueces indicios suficientes de delito.
El caso seguiría cerrado si no hubieran intervenido la fiscalía francesa y suiza —por las presuntas ramificaciones internacionales—; por movimientos sospechosos de capital y relacionados con el blanqueo de dinero. Debido a estas presiones, en el año 2024, la Fiscalía Anticorrupción retoma el caso, denunciándolo ante la Audiencia Nacional, y procediendo a las investigaciones a través de la UDEF y la colaboración de otras agencias internacionales. Como casi siempre, la justicia española no mueve un solo dedo hasta que el asunto salta a la esfera internacional.
Los políticos, ya se sabe, tratan de “arrimar el ascua a su sardina”, intentando minimizar o maximizar, según de quién se trate, haciendo el ridículo espantoso correspondiente. Tan solo ha habido, que yo sepa, una voz sensata y responsable por parte del presidente Page, cuando afirma que —la presunción de inocencia no debe invocarse cuando no se tiene en cuenta la de jueces y fiscales—.
