(Artículo de Manuel Valencia)
Las grandes petroleras que operan en España: Repsol, Moeve (Cepsa) y BP; constituyen un auténtico cártel. Se entiende por cártel, en una de sus acepciones, como el convenio entre distintas compañías para fijar los precios de venta y de esa forma anular la competencia —principio que ha de regir en una economía social de mercado—. Como era de esperar, apenas han durado un día las “cacareadas” medidas contra la subida de los carburantes, por resultar insuficientes e inútiles y dejar que sea la parte más débil quien pague este desastre.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) resulta un organismo escasamente operativo, por no decir otra cosa, para los intereses de los consumidores. Este organismo de control actúa mal y tarde, pues se le acumulan por éste asunto concreto miles de denuncias que, cuando se analizan, imponen a estas compañías sanciones, que para la dimensión de las mismas y los multimillonarios beneficios, más que multas parecen “propinas”.
Estas grandes compañías petroleras, con enormes movimientos de dinero, acaban por considerar estas sanciones recurrentes como parte del coste, ignorando por completo los derechos de los consumidores y por supuesto del resto de empresas que operan en el sector. Creo que las sanciones deben severas y ejemplarizantes para que surtan efecto. No debemos considerar los ciudadanos irremediables estas prácticas, por muy poderosas que sean estas empresas y por supuesto ser siempre los “paganos”.
La terrible guerra de Oriente Medio cuyo futuro es impredecible, nos ha abierto los ojos a los ciudadanos no sólo de la indefensión física, sino también económica, por parte de nuestros gobiernos. Cuando existen grandes desastres o acontecimientos bélicos que nos afectan, directa o indirectamente, todos los sectores deben apretarse el cinturón. Empezando por el gobierno reduciendo impuestos, ya que el aumento de los precios hace aumentar la recaudación, y las empresas minorando sus márgenes; para que no sea como siempre el sufrido e indefenso ciudadano el que pague toda la factura.
