(Artículo de Cayetano J. Solana Ciprés, Portavoz del Partido Popular en la Diputación de Cuenca)
Hace pocos días trascendió que ID Logistics emigra de nuestra provincia. 90 puestos de trabajo en Tarancón y alrededores que desaparecen, 90 familias que tienen que replantearse su modo de vida. Una nueva despedida que se suma a otras recientes como las de Siemens Gamesa en Cuenca, Florette en Iniesta, Iberopinar en Almodóvar del Pinar o Sunwood en Mohorte.
A todos estos cierres hay que sumar las posibilidades de desarrollo que se van perdiendo por el camino, como el desmantelamiento del tren convencional, el carpetazo al ATC de Villar de Cañas y el abandono de proyectos como el balneario de Yémeda, la residencia de mayores de Beteta o la hospedería de San Clemente. Y para echar más leña al fuego, la situación crítica en sectores clave como la agricultura y la ganadería.
Y en este contexto socioeconómico, surgen las preguntas: ¿son más las noticias pesimistas que las optimistas o, por el contrario, el árbol de la clausura no nos deja ver el bosque de la creación? ¿hay motivos para considerar que el pesimismo conquense tiene la razón? ¿Cuenca avanza o retrocede?
No sería trivial simplificar una respuesta a estas legítimas dudas, pero sí se puede acudir a los datos de empleo y salario que ofrecen las últimas estadísticas. En empresas, según el INE se ha registrado un descenso de 726 empresas en la provincia en 2023, lo que supone más de un 6% del porcentaje total. En empleo, se han perdido 309 autónomos en Cuenca en 2023, con una destrucción constante en los últimos seis meses del año. En desempleo, la provincia de Cuenca arranca enero con 416 parados más que el mes anterior. Estas cifras ratifican, y ojalá fuese lo contrario, el razonable pesimismo.
Mientras tanto, el IPC acumulado desde la pandemia hasta ahora se eleva a la desmesurada cifra del 18,3%, una inflación de las más altas de las provincias de España y que supera a la media nacional en 1,7 puntos porcentuales. Por el contrario, Cuenca es la provincia con menor renta media per cápita de Castilla-La Mancha, medida clave para evaluar el nivel de vida y bienestar económico de una región. Y el salario medio en Cuenca según las últimas estadísticas se sitúa en 1.830 euros, muy por debajo de la media nacional de 2.106 euros, la cifra más baja de Castilla-La Mancha y una de las diez más bajas de todas las provincias de España. En cuanto a las pensiones, hay más de 45 mil pensionistas que sostienen la economía provincial y perciben de media 1.064 euros, casi 200 euros menos que la media nacional. La disminución del poder adquisitivo y el aumento del empobrecimiento son tristemente incuestionables.
Volviendo al punto de partida, parece que detrás de los cantos de sirena de políticos que se han cansado de prometer miles y miles de puestos de trabajo, lo que emerge a la luz es una situación laboral y económica poco optimista. Es cierto que no deben minusvalorarse dos asuntos fundamentales: de un lado, la incontestable libertad de empresa, y de otro lado, los condicionantes demográficos como la escasa densidad de población que torpedea la productividad y la tasa de envejecimiento que recorta la población activa.
Sin embargo, y como consecuencia del anuncio del cierre de IDL, amanece la madre de las preguntas: ¿están trabajando las administraciones públicas para revertir la situación laboral y crear un caldo de cultivo empresarial proclive al desarrollo de la provincia?
La intuición dice que, desde luego, no. El Gobierno de España juega a la contra del tejido industrial espoleado por una ministra de Trabajo de corte comunista que insiste en la crítica feroz a la empresa, por una ministra de Seguridad Social que ha suprimido la tarifa plana ampliada a los autónomos de las provincias despobladas, por un ministro de Agricultura que no vela por los intereses de la agricultura y la ganadería nacionales y por una ministra de Hacienda que no incrementa las ayudas al funcionamiento de Soria, Cuenca y Teruel hasta el 20% que aprobó la Comisión Europea en 2021.
No parece una perspectiva halagüeña, y, mientras tanto, el gobierno regional de García-Page sigue manteniendo unos tipos impositivos mayores a la media nacional que favorecen la huida empresarial a otras regiones que están demostrando un crecimiento mayor como Madrid y Andalucía. Page se sigue escudando en una Ley de Despoblación que lleva camino de convertirse en literatura húmeda porque va por detrás de los acontecimientos y las llamadas de socorro van quedando ya ahogadas.
Por último, la Diputación de Cuenca, a pesar de su limitación de recursos y competencias, va perdiendo todos los trenes del desarrollo, empezando por saltar del tren convencional en marcha y terminando por la parálisis de proyectos clave como los enumerados al principio. Parece difícil creer en la implicación de una institución que ha presupuestado en 2024 cero euros a caminos, cero euros a carreteras, cero euros al parque tecnológico y cero euros a promoción turística a través de inversiones en patrimonio histórico.
Ojalá pudiésemos ser más esperanzados, pero del mismo modo que Pascual Duarte confesaba al juez “yo, señor, no soy malo, aunque no me faltarían motivos para serlo”, nosotros tenemos que lamentar que no somos pesimistas, aunque no nos faltan motivos para serlo.
