La Guardia Civil, en el marco de la Operación “Rifiuti”, ha detenido e investigado a 15 personas físicas y siete jurídicas pertenecientes a una organización criminal internacional dedicada al tráfico ilícito de residuos de origen urbano. Diariamente eran depositados de forma descontrolada toneladas de residuos urbanos de todo tipo, incluyendo residuos peligrosos y tóxicos, en localidades de Tarragona y Cuenca procedentes de Italia.
Las personas investigadas habían cobrado más de 19 millones de euros desde 2021 procedentes de empresas de tratamiento de residuos italianas, que habrían contratado sus servicios para deshacerse de los residuos. A estas personas se les acusa de varios delitos de pertenencia a organización delictiva, contra los recursos naturales y el medio ambiente y falsedad documental.
Elevadas cantidades de residuos procedentes de Italia
Las investigaciones comenzaron tras detectarse la entrada de residuos en España cuya documentación podría estar falsificada y que serían destinados a vertederos sin haber sido tratados previamente.
Las primeras indagaciones permitieron identificar a una serie de empresas interrelacionadas y con sede en Cataluña y Castilla-La Mancha que comerciaban a grandes niveles con residuos italianos.
Se pudo verificar que decenas de camiones entraban en las instalaciones de gestión de residuos controladas por la organización pero que, en lugar de someter la carga a procesos de valorización, era redirigida directamente a vertederos. Estas cantidades de residuos urbanos de origen italiano arrojados ilegalmente en vertederos españoles habrían superado las 40.000 toneladas al año desde el 2021.
Precios más bajos en España para la gestión de residuos
A pesar de que las empresas italianas eran contratadas para la gestión de residuo urbano, estas derivaban su eliminación a España para ahorrar costes, lo que habría reportado unos ingresos millonarios a costa de la hacienda italiana. Se estima que la organización criminal habría ingresado más de 19 millones de euros en los últimos cuatro años.
Estas prácticas contravienen la legislación y los sistemas de control medioambientales, cuyo espíritu reside en el principio de proximidad y en que cada país se haga cargo de sus residuos.
España no puede admitir la entrada de este tipo de residuos para su eliminación en vertederos, siendo obligación de las autoridades italianas la gestión y eliminación de residuos generados en núcleo urbano.
Por ello, el procedimiento consistía en interponer una serie de empresas entre el productor italiano y el vertedero español, que simulaban diferentes tratamientos y operaciones nunca realizadas, para que, a menos a nivel documental, pareciese que todo se hacía acorde a la legislación vigente. Con ello además se garantizaba que la autoridad de control española, la Agencia de Residuos Catalana, expidiese las preceptivas autorizaciones esquivando todo tipo de oposición.
El resultado es que diariamente se enterraban en vertederos situados en las provincias de Tarragona y Cuenca toneladas de residuos urbanos de todo tipo provenientes de Italia, incluyendo residuos peligrosos y tóxicos, lo que puede generar un daño en los ecosistemas y la salud de las poblaciones colindantes.
Se han practicado cinco entradas y registros en sedes de personas jurídicas de Lleida, Constantí y Riba Roja D´Ebre, en Tarragona, y Almonacid del Marquesado, en Cuenca, donde se ha intervenido diverso material informático y realizado toma de muestras de los residuos trasladados, que ayudarán a continuar con el esclarecimiento de los ilícitos.
La autoridad judicial ha ordenado el bloqueo de los inmuebles y cuentas bancarias pertenecientes a los investigados que forman parte del patrimonio obtenido mediante la actividad ilícita, de cara a una futura restitución del daño generado.
Una de las prioridades de la Unión Europea
En mayo de 2021, el Consejo de la Unión Europea adoptó las prioridades en materia de lucha contra la delincuencia grave y organizada durante el ciclo 2022-2025 (EMPACT).
Se adoptaron diez prioridades, entre las que se encuentra la de delitos contra el medio ambiente. Y como objetivo, el de desarticular las redes delictivas implicadas en todas las formas de delitos contra el medio ambiente, concentrándose especialmente en el tráfico de residuos y de flora y fauna salvajes. También en las redes delictivas y los empresarios con capacidad para infiltrarse en estructuras empresariales legales de alto nivel o para crear empresas propias con el fin de facilitar sus delitos.
Este tipo de delincuencia crece a un ritmo comprendido entre el 5% y el 7% anual, siendo la cuarta actividad delictiva más importante del mundo, después del tráfico de drogas, la trata de seres humanos y la falsificación.
La operación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Tarragona y desarrollada por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil y ha contado además con el apoyo de Europol. También han participado unidades de la Guardia Civil de Lleida, Tarragona y Cuenca.
