Comenzaba el año y los docentes, especialmente los equipos directivos, debían hacer frente a la vuelta a las aulas tras las consecuencias del temporal Filomena, un hecho que ANPE denunciaba, ya que la consejería de Educación cargaba, de nuevo, toda la responsabilidad al profesorado.
ANPE exigía también a la consejería de Educación, al inicio del año, que sustituyese al profesorado de manera inmediata, para no sobrecargar aún más a los docentes en activo ni mermar la calidad de la enseñanza. Era necesario que los centros educativos contasen con todos los docentes para afrontar este complicado curso escolar marcado por la pandemia.
En febrero, y coincidiendo con el periodo de solicitudes, ANPE animaba a las familias a que solicitasen centros públicos para sus hijos e hijas, ya que para ANPE, la enseñanza pública garantiza plenamente el derecho a la Educación de todas las personas, es sinónimo de calidad e igualdad de oportunidades y además cuenta con los profesionales mejor formados.
Ya a finales de este mismo mes, y tras el anuncio del presidente regional, Emiliano García Page, sobre la vacunación del profesorado de Castilla-La Mancha, y a la vista de que algunas comunidades como Madrid, Andalucía o Galicia ya habían empezado a vacunar a sus docentes, ANPE demandaba que se concretase esta medida en un calendario de vacunación y un protocolo claro que tuviese en cuenta a los grupos de docentes más expuestos, con patologías, por razón de edad o más vulnerables por cualquier otra circunstancia personal.
Más tarde, ANPE mostraba su satisfacción ante el ansiado comienzo de dicho proceso para el colectivo docente de la región, pero pedía que se habilitasen más espacios en cada provincia y que se tuviese en cuenta el lugar de trabajo o de residencia, según coincidiese la vacunación con días lectivos o de descanso, parar evitar desplazamientos innecesarios y posibles incidentes, a causa de los efectos secundarios, en los trayectos de vuelta tras la vacunación.
Durante estos pasados meses y hasta la fecha, con aislamientos y confinamientos diarios de aulas, nos encontramos con que no existe un permiso específico, al que se comprometió el gobierno regional, para cuidar y atender a los hijos e hijas que deben cumplir cuarentena por haber sido contacto estrecho de un positivo por COVID.
Para ANPE se da una clara contradicción: por un lado, se obliga, en el ámbito sanitario, a que este aislamiento se produzca, pero, por otro lado, las diferentes administraciones tanto autonómica, como estatal, no regulaban ni regulan un permiso específico que lo facilite.
ANPE insistía, durante este año, en la necesidad de incorporar a los centros educativos una enfermera escolar, para todas aquellas funciones a desempeñar en los centros educativos propias de profesionales sanitarios y que no son competencia de los docentes, además, la presencia de estos profesionales en los centros educativos ayudaría a un mejor control de la pandemia.
De cara a las oposiciones de Enseñanzas Medias, que se celebraron en junio, ANPE demandaba para todos los aspirantes y para los miembros de los tribunales, una serie de medidas para garantizar, en la medida de lo posible, que las diferentes pruebas se desarrollasen en un ambiente seguro. Finalmente, el proceso concluyó sin ningún incidente al respecto.
Ya en septiembre, y ante otro inicio de curso marcado por la pandemia, ANPE exigía mantener la contratación del profesorado de refuerzo del curso anterior, ya que era esencial para cumplir las medidas higiénico-sanitarias, garantizar la educación presencial en todas las etapas y dar respuesta a las dificultades de aprendizaje del alumnado.
ANPE también reconocía esos días la implicación y responsabilidad del alumnado y las familias, puesto que, con su buena disposición a colaborar en el mantenimiento de las medidas higiénico-sanitarias, ayudaban a garantizar un inicio de curso en un ambiente lo más seguro posible.
ANPE destacaba que prácticamente todo el profesorado que se incorporaba a las aulas estaba vacunado y que iniciaba la vacunación del alumnado mayor de 12 años, hechos que reforzaban la seguridad en las aulas.
Fue positivo, también, el mantenimiento de la práctica totalidad del profesorado contratado por el COVID el curso anterior. Pero, por el contrario, ANPE denunció la no incorporación del profesorado de refuerzo desde el inicio de curso, como ocurrió el curso pasado con el programa Refuerza-T. Este curso hubo que esperar hasta enero para la incorporación de estos docentes a los centros.
Sin embargo, para ANPE, aquel inicio de curso en la región dejaba aspectos negativos como el elevado número de alumnos por aula y que no se habían incrementado las plantillas del profesorado, así como la relajación en algunas medidas anti COVID, como pasar de la distancia de seguridad de 1,5 metros a 1,2 m a partir de 3º de ESO.
Otra decisión de la consejería de Educación que dificultaba la organización de los centros educativos, fue la incorporación de cientos de funcionarios interinos el día 9 de septiembre, el mismo día que llegaba el alumnado, cuando su llegada debía haber sido unos días antes, para facilitar su labor y por seguridad.
Otros aspectos que ANPE resaltaba como negativos en este inicio de curso eran la falta de regulación de la compatibilidad docente para desempeñar otras actividades y la falta de regulación del teletrabajo en el ámbito docente, para que se autorice a que todas aquellas actividades que no impliquen docencia directa (no solo las reuniones de órganos colegiados y de coordinación) puedan realizarse fuera del centro, especialmente por motivos de seguridad y mientras dure la situación actual de pandemia.
Otro tema fundamental que ha preocupado a ANPE durante este año, ha sido el desarrollo normativo de la nueva ley educativa, LOMLOE y la situación del profesorado.
Desde ANPE seguimos proponiendo una Ley de la profesión docente donde se recoja y regulen, entre otros aspectos, los requisitos de formación inicial y habilitación para todo el profesorado de las enseñanzas no universitarias, la identidad de la profesión docente, los derechos y deberes del profesorado, el desarrollo de la libertad de cátedra etc.
Una Ley de la profesión docente, junto a un Estatuto de la Función Pública Docente, en el que se regule el ingreso y acceso a la función pública docente y a sus distintos cuerpos docentes con una clara definición y reestructuración, y la inclusión de todos en el grupo A1. Además, el establecimiento de una carrera profesional docente desde el ingreso hasta la jubilación.
Este año 2021, se cumplían 20 años del Acuerdo alcanzado entre la Consejería de Educación y ANPE, junto al resto de sindicatos, que regula las condiciones de aquellos docentes que prestan servicios en más de un centro educativo, especialmente de la escuela rural. Para ANPE, es imprescindible renovar y mejorar el compromiso de la administración educativa con la Escuela Rural, por lo que urge a la Consejería de Educación a alcanzar un acuerdo que mejore las condiciones laborales y económicas de los docentes itinerantes y que dote de los recursos personales, materiales y organizativos necesarios que sigan propiciando que la enseñanza pública llegue a todos los rincones de la región.
Ya en octubre, el presidente Page anunciaba que, para el curso 2022-2023, se reduciría el número de alumnos por aula de Educación Infantil de 3 años, a 22 alumnos. ANPE considera esta medida insuficiente y alejada del gran acuerdo que requiere la enseñanza pública de la región, la reducción de las ratios en todos los niveles educativos.
A finales de ese mismo mes, ANPE demanda a la consejería de Educación un calendario de negociación de mejoras para la enseñanza pública y su profesorado, que debía incluir las siguientes medidas fundamentales: bajada de ratios en todos los niveles educativos, la reducción del horario lectivo del profesorado, recuperación de todo el profesorado de apoyo de Educación Infantil, recuperación del acuerdo ANPE-MEC de 1994 sobre el cobro y reconocimiento del verano de los funcionarios interinos con 5 meses y medio trabajados, nuevas y mejores condiciones para el profesorado itinerante y de la zona rural y reducción horaria remunerada para mayores de 55 años, entre otras medidas.
En noviembre, ante las inclemencias meteorológicas que se producían en la región, con anuncios de alertas naranja y roja en algunas zonas por viento, lluvia y nieve, y en previsión de las dificultades que puedan acaecer con la llegada del invierno, ANPE pedía, que se elaborase un protocolo ante inclemencias meteorológicas que garantice la seguridad del profesorado y del resto de la comunidad educativa, con el fin último de evitar situaciones de riesgo; un protocolo que regule todos los escenarios posibles, incluida la activación automática de la enseñanza a distancia por la imposibilidad de asistir presencialmente a los centros.
Respecto a la modificación de la normativa de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades de diferentes cuerpos docentes, que afectaría a los próximos procesos de oposiciones, ANPE manifestó que no está de acuerdo con el nuevo sistema que se plantea, ya que ni siquiera da una repuesta satisfactoria a quien teóricamente va dirigido y es un sistema claramente mejorable. Además, ANPE entiende que crea una enorme inseguridad jurídica con la inclusión en estos procesos de las plazas de reposición y no sólo de estabilización, además de otros planteamientos que no están suficientemente claros.
Por último y ante la preocupación en ANPE por el avance de ómicron en los centros educativos de la región, ANPE exige que se pongan en marcha una serie de medidas, junto a la vacunación, para aplicar a la vuelta de vacaciones: comunicación inmediata de situaciones de riesgo y aplicación de un protocolo actualizado de prevención; priorizar al colectivo docente y personal de servicio de los centros educativos en la siguiente fase de la campaña de vacunación; un plan de supervisión de ventilación de las aulas; un plan de digitalización; suministro de mascarillas FFP2; vigilancia y asesoramiento a todos los centros educativos por parte de personal técnico del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales; reducción de ratios y aplicación de desdobles; e incorporación de personal de apoyo para entradas, salidas, recreos, lavado de manos y todas aquellas situaciones que precisen de más personal, entre otras.
En otro orden de temas y ante el aumento y la proliferación del mal uso de las redes sociales y de los grupos de mensajería en los entornos escolares durante este año, ANPE ponía en marcha una campaña sobre el buen uso del móvil y las redes sociales en centros educativos dirigida fundamentalmente al alumnado de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional y Bachillerato, y otra sobre el buen uso de los grupos de WhatsApp de padres y madres, ante el aumento de conductas como faltas de respeto, calumnias o injurias en dichos grupos.
De nuevo, ANPE quiere reconocer la actitud ejemplar del profesorado de Castilla-La Mancha, así como valorar el gran esfuerzo que han hecho, al igual que ocurrió al final del curso pasado, en la planificación, preparación y puesta en marcha del presente curso escolar, incluso asumiendo para ello competencias que no son del ámbito docente y sí del sanitario.
Así mismo, ANPE también resalta la actitud de responsabilidad del alumnado y de las familias. contribuyendo todos ellos a minimizar los riesgos de contagio en los centros educativos.
ANPE desea, para el año 2022, alcanzar un acuerdo para que se puedan poner en marcha la mayoría de las medidas al inicio del curso 2022-2023. Un Acuerdo que incluya:
- Reducción del número de alumnos por aula en todos los niveles educativos, ya que actualmente solo se contempla una insustancial reducción en el primer curso de Educación Infantil.
- Reducción del sobrecargado horario lectivo del profesorado en todos los cuerpos docentes no universitarios.
- Recuperación del profesorado de apoyo de Educación Infantil.
- Aumento del profesorado en las plantillas.
- Recuperación del acuerdo entre ANPE y el MEC, sobre el cobro del verano para los funcionarios interinos.
- Especial atención a los centros de las zonas rurales y su profesorado, con un nuevo acuerdo de itinerancias y medidas específicas para la realidad educativa del entorno rural.
- Recuperación de las reducciones, remuneradas, del horario lectivo de los mayores de 55 años.
- Abordar la situación del profesorado y su futuro profesional; Ley y Estatuto de la profesión docente.
- Autonomía pedagógica y didáctica del profesorado. Autonomía menoscabada demasiadas ocasiones en los últimos años.
- Reconocimiento social y administrativo de la labor docente. Con medidas reales de dignificación de la labor docente.
- Un Plan Estratégico de Convivencia en los Centros Educativos.
- Regulación de la compatibilidad docente para desempeñar otras actividades.
- Plan para la reducción de la burocracia en los centros educativos.
- Sustitución inmediata del profesorado, entre otras medidas.
Durante este año que termina, para ANPE, el profesorado ha demostrado estar a la altura de las difíciles circunstancias, al servicio, con su profesionalidad y dedicación, del conjunto de la sociedad. Procurando en todo momento la aplicación de protocolos higiénico-sanitarios y la creación de entornos escolares seguros, al igual que dando continuidad a la imprescindible actividad lectiva presencial.
Por ello, para ANPE el 2022 debe ser el año de la recuperación definitiva de todos los recortes que perduran en Educación, el momento de invertir en el futuro, de invertir en la Enseñanza Pública y su profesorado.
