El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia ha aprobado este viernes, 30 de abril, la distribución territorial de los créditos para la financiación de proyectos de inversión del componente 22 “Economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión social” del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Se trata de 730,8 millones de euros que, con carácter finalista, las CCAA deben destinar necesariamente a financiar los proyectos que se han comprometido a poner en marcha en tres líneas: cuidados de larga duración, servicios sociales y accesibilidad universal. A Castilla-La Mancha le corresponde un total de 34.919.122 €.
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha destacado la “enorme importancia” de este Consejo: “Este Ministerio ha tomado buena nota de lo que necesita la gente de nuestro país, que es que los fondos europeos lleguen cuanto antes a la gente, que se empiecen a llevar ya a las economías familiares, que se traduzcan en empleos de calidad, especialmente en un sector -el de la dependencia- que está enormemente feminizado y que hemos visto en este año que una vez más, cuando las Administraciones Públicas nos e hacen cargo de los cuidados adecuadamente, vuelven a ser las mujeres quienes tienen que cargar con un extra de cuidados que no se corresponde con la apuesta de igualdad entre hombres y mujeres”.
Este compromiso se recogerá en un convenio bilateral que se firmará entre el Ministerio y cada CCAA. Además, se establecerá un mecanismo de coordinación permanente entre todas las administraciones para asegurar que realmente se alcanzan los objetivos de transformación social que persigue este componente.
Tras el acuerdo alcanzado en el Consejo Territorial, se firmarán los convenios bilaterales entre el Ministerio y las CCAA, donde se recogerán tanto los proyectos concretos que se van a implementar (y su coste) como los hitos y objetivos que las CCAA se comprometen a alcanzar con ellos. Su cumplimiento será objeto de evaluación cada semestre.
A la firma de los convenios, las comunidades recibirán el importe completo de los fondos del año, incluso aunque la Unión Europea aún no haya hecho el primer ingreso, gracias a la decisión del gobierno de incluirlo en los Presupuestos Generales del Estado. Esto facilitará que se empiece a invertir ya.
Este mismo proceso de distribución de fondos ha de producirse cada año, pero será mucho más rápido, ya que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha concretado con las CCAA los fondos que les corresponderán hasta 2023 y su distribución (se aplicarán los mismos criterios que en 2021) y los proyectos que se ejecutarán en todo el periodo (muchos son plurianuales, lo que aumentará su impacto).
La inversión total de estos fondos hasta 2023 será de 2.600 millones. Las comunidades autónomas destinarán el 70% a mejorar los sistemas de apoyos y cuidados de larga duración (mejorar las infraestructuras residenciales y adaptarlas al modelo de Atención Centrada en la Persona que se quiere impulsar; centros de día y otros recursos de atención en la proximidad alternativos a las residencias; teleasistencia); un 26% se dedicará a la modernización de los servicios sociales (innovación tecnológica y digitalización; formación de profesionales; proyectos piloto de innovación; infraestructuras de atención a la infancia y cambio de su modelo); y un 4% a la accesibilidad en todos los ámbitos (espacios y servicios de la administración, transportes, educación, etc.).
Listas de espera
Belarra también ha informado de que “hoy hemos puesto el broche final a 73 medidas que hemos trabajado con las CCAA a lo largo de estos meses para reducir las listas de espera en dependencia. Estas medidas fijan los pasos que vamos a dar para que la reducción en 60.000 personas en estas listas de espera se haga realidad este año”. En este sentido, ha destacado que “el Gobierno de España y las CCAA tiene un objetivo común, que no haya más personas que tienen reconocido el derecho de la atención a la dependencia y que están esperando las ayudas y prestaciones sin que se hagan efectivas”.
Menores que migran solos
El Consejo Territorial también ha dado luz verde a la financiación para que las CCAA atiendan adecuadamente a los niños y niñas que migran solos. “Pensamos que es nuestra responsabilidad, no solo articular la respuesta, sino también ofrecer recursos económicos a las regiones que están haciendo un sobresfuerzo, que hoy se ha concretado en una distribución territorial. Además, hemos promovido que las CCAA ofrezcan plazas solidarias (200). Me parece especialmente importante porque todos nos tenemos que corresponsabilizar de una situación que ni Canarias ni Andalucía han elegido, sino que por estar geográficamente donde están, tienen una mayor llegada de niños que migran solos y nuestro país tiene que mostrar solidaridad y plurinacionalidad, corresponsabilizándose con esta acogida”, ha remarcado la ministra de Derechos Sociales.
