CCOO advierte de que la operación salida de este verano puede ser el último servicio íntegramente público que preste la DGT en tareas enfocadas a cuidar de la seguridad de la ciudadanía en la carretera. Problemas en la gestión e importantes trabas -como lo son la finalización de algunos contratos imprescindibles para el mantenimiento de las aeronaves del organismo-, ponen en jaque a la DGT y al Ministerio del Interior, desde donde se está permitiendo la entrada de empresas privadas en infraestructuras críticas y esenciales para la seguridad vial del Estado.
Todos estos servicios presentan graves problemas de personal, lo que ha derivado en la entrada de actores privados que se lucran con estos servicios públicos, como ya sucede en el caso de los Centros de Gestión -donde una parte importante de la plantilla ya pertenece a empresas- o como, por otro lado, se pretende también poner en marcha en las Patrullas de Helicópteros con la publicación en licitación de contratos millonarios para hacerse cargo de la UMA.
“La situación es tan delicada que, de no arreglarse, la Unidad completa tendrá que dejar de volar y echar el cierre a partir del 1 de septiembre”, lamenta Fernando García Castro, secretario general de la FSC-CCOO en el Ministerio del Interior. Dicha unidad, que cuenta con un nivel de desocupación en sus plantillas de pilotos y mecánicos cercana al 50%, presenta también problemas con la inminente finalización en los contratos de los servicios necesarios para el mantenimiento e ingeniería de las aeronaves, entre otros. En este sentido, los responsables del Ministerio del Interior abogan por abrir la puerta a la privatización del servicio encargado de las patrullas de helicópteros en lugar de implementar mejoras laborales que posibiliten cubrir las plazas vacantes con una Oferta de Empleo Público: “se trata de empleados públicos y de empleadas públicas con un alto grado de especialización en materias que suponen una gran responsabilidad con respecto a la seguridad vial de la ciudadanía, siendo una unidad cuya finalidad es cuidar de las carreteras, no la de hacer negocio privado”, advierte García.
En el caso de los Centros de Gestión, CCOO denuncia la política de privatización que ha seguido la Administración en estas infraestructuras críticas y servicios esenciales. En los Centros actuales se controlan más de 1.700 cámaras, 2.000 paneles informativos y 2.400 estaciones de toma de datos, además de varias zonas con carriles reversibles. “Esto permite realizar advertencias y enviar asistencia en los casos de accidentes, además de otras situaciones que se dan en la red de carreteras“, señala el representante sindical. Existe una merma progresiva de este personal que presta sus servicios en turnos rotativos de 24 horas al día, los 365 días al año, y que desde Interior se ha preferido paliar con la entrada de empresas privadas, con el sobrecoste que esto supone para las arcas públicas. “A pesar de las advertencias de CCOO sobre el deterioro en este servicio, el Ministerio del Interior no ha cubierto los puestos necesarios para atender debidamente los Centros de Gestión, todo con este personal prestando sus servicios a turnos y que no ve mejoradas sus condiciones de trabajo desde hace 20 años. En cambio, lo que sí que han hecho los responsables del departamento es otorgar más competencias a una empresa privada sobre un servicio público esencial”, afirma García.
Además, el sindicato indica que el Centro Nacional de Gestión de Tráfico (Madrid), con casi un 50% de puestos desocupados actualmente, tiene la denominación de infraestructura crítica del Estado, formando parte del CNPIC (Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas). Tal es la pérdida de trabajadores y de trabajadoras que algunos Centros de Gestión no pueden ser atendidos por personal funcionario en servicio de noche -como ya ha sucedido en ocasiones en Valencia, Valladolid y Málaga-, teniendo que sobrecargar el servicio de otras unidades al atenderse estos turnos de manera muy precaria desde el mencionado Centro Nacional de Gestión de Madrid, con el peligro que esto conlleva para la seguridad de la ciudadanía.
En este escenario, la DGT afronta las próximas operaciones especiales de tráfico de este verano, un período en el que se esperan millones de desplazamientos en las carreteras de nuestro país. Un contexto marcado por otros agravantes que suponen un peligro para la seguridad vial y que deberían de recalcar la estrategia de reforzar estos servicios públicos y esenciales, como sucede con lo señalado por el último informe de la Asociación Española de la Carretera y que detalla que más de la mitad de las vías requieren intervención urgente, alcanzando las carreteras nacionales su peor estado en los últimos 40 años, según dicho informe.
Por ello, el sindicato afirma que la seguridad en la carretera ni se privatiza ni es un negocio, y exige a la DGT y al Ministerio del Interior la responsabilidad de acometer las reformas necesarias para explorar vías públicas de avance que blinden los mencionados servicios que contienen infraestructuras críticas y esenciales.
