Cerca de 131.000 empleados y empleadas de las administraciones públicas en Castilla-La Mancha arrastran desde hace años la pérdida de un 20% de poder adquisitivo. Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF han denunciado el importante deterioro de los servicios públicos lastrados por el envejecimiento de las plantillas, la amortización de plazas y el lento sistema de acceso a la función pública.
La secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Carmen Juste, ha cifrado en 3.000 las plazas perdidas en Castilla-La Mancha, sólo en la administración autonómica, desde 2012. “Todos somos conscientes de que estas cuestiones están afectando a la calidad de los servicios y lo empieza a notar la ciudadanía”. En 2022 el Ministerio pactó cuestiones como la creación del grupo B, la jubilación parcial del personal funcionario o, incluso, la recuperación de la carrera profesional. “Hay que sentarse ya para negociar la subida salarial para actualizar las condiciones de las empleadas y empleados públicos” Recuerda que si en el sector privado las subidas van a ser del 3,5%, el 4% y el 4% para los años sucesivos, “a los funcionarios y funcionarias tienen que subirnos éso como mínimo porque tenemos una importante pérdida de poder adquisitivo.”
En cuanto a las cifras, Juste ha indicado que en Castilla – La Mancha están afectadas unas 90.000 personas trabajadoras de la Junta de Comunidades, 31.000 de las administraciones locales, 6.000 de la Administración General del Estado y 1.800 de la Administración de Justicia, aproximadamente.
La secretaria general de UGT Servicios Públicos Castilla-La Mancha, Carmen Campoy, recordaba que los sindicatos convocantes llevan meses exigiendo al Gobierno central desbloquear la mesa de negociación y que “los empleados y empleadas públicas, con sus sueldos congelados, han perdido más de un 20% de poder adquisitivo”. No entiende que “si España va a todo gas a nivel económico” ello no repercuta en los trabajadores y trabajadoras ya que “se necesita empleo público suficiente y eliminar la tasa de reposición para poder reducir la temporalidad”.
Carmen Campoy añadía que, entre las reivindicaciones, también está reformar el acceso a la administración, un proceso –apuntaba- “anacrónico y que no es propio de la época en la que vivimos”. En este sentido, “pedimos procesos ágiles porque entrar hoy en la administración es como mover un elefante enfermo”.
La responsable de UGT Servicios Públicos en la región añadía que las movilizaciones planteadas para el día 30 de octubre no atañen solo a los empleados y empleadas públicos. Asegura que es una cuestión que afecta igualmente a la ciudadanía y a la calidad de los servicios públicos. “El deterioro de lo público está provocando situaciones indeseables. Lo vemos en la Sanidad, en la Educación, en los Servicios Sociales, en la Justicia y en el resto de sectores estratégicos, así como en la gestión diaria de los servicios públicos esenciales. Lo podemos comprobar también en la indignación social ante el deterioro sanitario, el deterioro de las aulas, las catástrofes naturales, los incendios o las dificultades en el acceso a trámites administrativos”
No sin antes hacer un llamamiento a la participación en estas protestas, apuntaba que “no se puede ni se debe externalizar porque lo público es de todos y todas. Es hora de luchar en defensa de los servicios públicos”.
Por su parte, la secretaria de acción sindical de CSIF, Marisa García, ha dicho que “ya está bien de maltratar a los empleados públicos, no queremos más excusas”. “El Gobierno puede subir los sueldos aunque no haya Presupuestos. Ya ha ocurrido otros años, pero nos están utilizando como rehenes para su negociación”, ha dicho.
Sólo en lo que llevamos de año el Gobierno ya debe 86,8 millones de euros a los empleados públicos de Castilla-La Mancha por la falta de un acuerdo salarial para 2025, ha aseverado. García ha lamentado que el Gobierno exija a la patronal unas medidas que después no aplica a sus propios trabajadores. “Los servicios públicos son esenciales para un buen funcionamiento de la sociedad y no entienden de clase social ni de ideología”.
“Estamos aquí para defender al conjunto de empleados públicos de Castilla-La Mancha y de este país, para los que reclamamos unas condiciones laborales dignas y para defender unos servicios públicos de calidad para los ciudadanos. No vamos a parar y continuaremos con las movilizaciones incluyendo una huelga general en diciembre. Le pedimos a este Gobierno que deje atrás su soberbia y se siente a negociar”.
