Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad registraron en 2020 un total de 287.963 hechos presuntamente delictivos relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones en todo el país, lo que supone un incremento del 31,9 por ciento sobre 2019.
En Castilla-La Mancha, el número de ciberdelitos denunciados en 2020 ascendió a 9.963, lo que representa un 3,4 por ciento del total de hechos denunciados en el conjunto del país. En relación al 2019, el incremento de estos hechos delictivos denunciados en nuestra Comunidad Autónoma fue del 29,6 por ciento (en 2019 se registraron 7.687).
Los datos confirman que la ciberdelincuencia es un fenómeno en crecimiento y que aumenta progresivamente su peso proporcional dentro del conjunto de la criminalidad. Sólo en los últimos cuatro años, el número de delitos de este tipo en Castilla-La Mancha se ha multiplicado prácticamente por tres (3.933 infracciones penales relacionadas con la ciberdelincuencia en 2017; 6.006 en 2018; 7.787 en 2019 y las 9.963 conocidas en 2020).
Las cifras están recogidas en el VIII Informe sobre Cibercriminalidad elaborado por la Dirección General de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad y pueden consultarse en el Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, así como a través del siguiente enlace.
Del total de ciberdelitos conocidos en 2020 en Castilla-La Mancha, el 84,4 por ciento (8.405) fueron fraudes informáticos (estafas). A mucha distancia le siguieron, como segunda tipología, las amenazas y coacciones cometidas a través de Internet (745 casos), que representan un 7,5 por ciento.
Le siguen, aunque a mucha mayor distancia, la falsificación informática (461), el acceso e interceptación ilícita (121), los delitos contra el honor (115), los delitos sexuales (57), la interferencia en los datos y en el sistema (53), y los delitos contra la propiedad industrial o intelectual (3).
IMPACTO EN LAS PROVINCIAS
De esta estadística de cibercriminalidad del año 2020, se desprende también que la mayor parte de delitos relacionados con Internet y las Nuevas Tecnologías en Castilla-La Mancha se registraron en la provincia de Toledo (3.721), representando el 37,3 por ciento del total regional. Le siguieron, por este orden, los 2.339 ciberdelitos conocidos en la provincia de Albacete, los 1.783 de la provincia de Ciudad Real, los 1.249 de la provincia de Cuenca y, por último, los 871 ciberdelitos de la provincia de Guadalajara.
DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL 2020
| ALBACETE | CIUDAD REAL | CUENCA | GUADALAJARA | TOLEDO | CLM | |
| Acceso e Interceptación ilícita | 23 | 21 | 15 | 9 | 56 | 124 |
| Amenazas y coacciones | 81 | 130 | 72 | 53 | 409 | 745 |
| Contra el honor
|
18 | 20 | 22 | 9 | 46 | 115 |
| Contra la propiedad intelectual/industrial | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Delitos sexuales
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9 | 18 | 6 | 7 | 17 | 57 |
| Falsificación informática | 72 | 88 | 54 | 42 | 205 | 461 |
| Fraude informático
|
2.117 | 1.494 | 1.074 | 744 | 2.976 | 8.405 |
| Interferencia en los datos y en el sistema | 18 | 11 | 5 | 7 | 12 | 53 |
| TOTAL
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2.339 | 1.783 | 1.249 | 871 | 3.721 | 9.963 |
Este VIII Informe sobre Cibercriminalidad recoge información de todos los cuerpos policiales del territorio nacional, tanto en los hechos conocidos como en detenciones e investigados.
PLAN ESTRATÉGICO CONTRA LA CIBERCRIMINALIDAD
El incremento progresivo de los delitos relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones impulsó este año la creación del Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad, con el objetivo de potenciar las capacidades para combatir esta modalidad delictiva. Aprobado por el Comité Ejecutivo de Coordinación (CECO) del Ministerio del Interior el 18 de febrero, el plan dotó al departamento de los recursos necesarios para hacer frente a la ciberdelincuencia en cinco áreas: detección, prevención, protección, respuesta y persecución, así como la adecuada atención a las víctimas.
En el diseño del plan, dirigido por la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC), participaron responsables, especialistas, autoridades y expertos de Policía Nacional y Guardia Civil, policías autonómicas, Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, Consejo General de la Abogacía Española, CCN-CERT e INCIBE-CERT, Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad (CNPIC), así como de la universidad, de la banca y otras instituciones privadas.
