Las indicaciones científicas son claras: enfrentar la emergencia climática y garantizar un incremento de la temperatura global por debajo de 1,5 ºC exigen reducciones globales superiores al 7,6 % anual de los gases de efecto invernadero. Para ello, es fundamental proceder a la inmediata descarbonización de la economía, donde es imprescindible alcanzar en la producción eléctrica un horizonte 100 % renovable con la mayor brevedad posible. Objetivo que no sólo contribuiría de forma ejemplar y responsable a la lucha contra el calentamiento global, sino que supondría una notable mejora para la salud de la población y para la biodiversidad más amenazada por los cambios globales en marcha.
Pero ningún modelo será justo social y ambientalmente si se continúa manteniendo un sistema económico insaciable de recursos, que encuentra en las poderosas empresas energéticas y en sus grandes proyectos insostenibles la forma de perpetuar sus beneficios, aunque ello conlleve la degradación planetaria. Siendo conscientes de que la lucha contra el cambio climático tiene unos efectos muy beneficiosos contra la pérdida de la biodiversidad, no es menos cierto que el proceso de transición energética no puede ser una amenaza para la vida, ni que no se deben perder especies, ecosistemas o espacios, que son irremplazables o de muy compleja e incierta restauración.
Existe una enorme y peligrosa distancia entre los objetivos contemplados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2020-2030, que prevé para el año 2030 una potencia instalada de 50 GW energía eólica y 39 GW solar fotovoltaica, y los proyectos en tramitación de los permisos de acceso en Red Eléctrica de España, donde a 31 de diciembre de 2020 hay 130,4 GW de potencia eólica y fotovoltaica con los derechos de acceso y conexión a la red concedidos, más otros 45,3 GW en tramitación, un total de 175,7 GW, lo que significa que ese volumen de potencia de eólica y solar excede claramente lo recogido en el PNIEC. De hecho, la propuesta de planificación de la red eléctrica 2021-2026 mantiene que “las expectativas de los promotores de nueva generación, que se reflejan en el volumen de solicitudes de acceso […] superan en más de tres veces la nueva potencia a instalar a 2026 en el caso de la eólica y en más de trece veces en el caso de la fotovoltaica”.
La falta de planificación rigurosa y vinculante y de instrumentos de selección de emplazamientos adecuados está generando ya hoy la ocupación y la fragmentación de numerosos hábitats y la desaparición de especies cuando las ubicaciones de los proyectos renovables son incompatibles o sus dimensiones excesivas. Principalmente, ante la ausencia de una gobernanza adecuada por parte de las administraciones son las empresas promotoras las que están haciendo esa selección de emplazamientos, no solo por la disponibilidad del recurso eólico o solar, sino también en base al menor coste del suelo y a la menor resistencia social.
Si bien es cierto que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico presentó a finales del año pasado un mapa de zonas de sensibilidad para identificar los potenciales condicionantes ambientales, no desarrolló ningún mecanismo de obligatoriedad a esta caracterización. Incluso se siguen observando deficiencias en ese mapeo, como es el caso de las 10 plantas solares que se tramitan en un hueco “robado” al parque natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona (Ciudad Real), que continúa siendo un lugar apto en el mapa, a pesar de que ya se puso de manifiesto lo inadecuada que sería esa ubicación.
Tampoco las comunidades autónomas, responsables de aprobar los proyectos de menos de 50 MW, cuentan con instrumentos de planificación y de zonificación creíbles. Como mínimo, las distintas CC AA deberían tener en cuenta el nivel de sensibilidad ambiental, especialmente los indicadores ambientales asociados, y la posible presencia de proyectos meramente especulativos, para modificar en su ordenamiento jurídico y territorial, todas aquellas zonas, en sus diversos grados de sensibilidad ambiental señaladas en la zonificación del MITECO que aún no lo estuvieran, y con especial atención y urgencia a las zonas de máxima sensibilidad ambiental. También deberían incorporar con mayor claridad criterios de exclusión en la implantación de estas energías en aquellos lugares que por valía ambiental, o por situarse en el entorno inmediato a éstos, resulten incompatibles con la conservación de la biodiversidad.
Es precisamente a nivel autonómico donde en estos momentos se están ignorando los problemas ambientales de muchos de los proyectos concretos con un elevado impacto. Son las instalaciones de menos 50 MW las que más están proliferando en el territorio, incluso, siguen repitiendo las malas prácticas de fraccionamiento de los proyectos para evitar la tramitación por el MITECO o bien para evitar la evaluación de los impactos sinérgicos de varios proyectos concentrados en un pequeño territorio. A lo que se suma la actitud de gobiernos regionales como el de Andalucía, que acaba de retirar a instancia de la asociación de promotores renovables andaluces la guía y zonificación de renovables para ocultar los conflictos de muchos proyectos con la conservación de las aves esteparias.
Tampoco se está teniendo en consideración que se van a implantar nuevas tecnologías en energía eólica que no se han evaluado correctamente y que son susceptibles de generar un salto cualitativo de impredecibles consecuencias en la mortalidad de la fauna alada. Tal es el caso, de los grandes aerogeneradores de más 100 metros de diámetro de palas y de más 2-3 MW de potencia.
Ecologistas en Acción sigue denunciando cómo actúan las prepotentes empresas del oligopolio energético, que son las que han dictado las normas del mercado eléctrico y de su desarrollo, empresas que juegan también con el sector de las energías renovables repitiendo los errores que nos ha traído a la crisis planetaria actual. Ante esta realidad, resulta urgente establecer fórmulas que favorezcan los consumos energéticos y eléctricos con beneficios a la comunidad y penalicen los privativos y acaparadores, mediante, por ejemplo, el impulso a la gestión de la electricidad desde la economía social y solidaria, eliminando o reduciendo la tributación de los proyectos energéticos generados desde esta óptica no lucrativa. Se necesita más ambición en este sentido y potenciar esas pequeñas y medianas instalaciones de poca potencia instalada, y que nada pueden hacer en el mecanismo de subastas. Estas instalaciones, de iniciativa municipal, de comunidades energéticas o de cooperativas, cubrirían demandas locales y se perdería poca energía en el transporte.
