Un total de 52.041 personas inmigrantes han presentado en Castilla-La Mancha su solicitud en el proceso extraordinario de regularización, siendo la quinta comunidad autónoma con más demandas, por detrás de Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía, cifras que -para UGT- dan buena cuenta de la importancia que ha tenido este procedimiento en la región así como de la necesidad de afrontar la “gran bolsa de empleo irregular” que existe en la región.
En rueda de prensa, el responsable confederal del Área de Migraciones de UGT, Cesc Poch; la secretaria general de UGT Castilla-La Mancha, Lola Alcónez; y la secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT Castilla-La Mancha, Isabel Carrascosa, han hecho balance del proceso de regularización que comenzó hace, justamente hoy, tres meses y que finalizó el pasado 30 de junio.
De esas 52.041 solicitudes, Toledo ha sido la provincia que ha acaparado buena parte de ellas, con 20.896; seguida de Ciudad Real, con 9.795; Albacete, con 9.191; Guadalajara, con 6.817; y, por último, Cuenca, con 5.342.
En este tiempo UGT -como entidad colaboradora- ha emitido los certificados de vulnerabilidad a todas aquellas personas que lo han solicitado y que cumplían con los requisitos, un paso previo para tener opciones a participar en este proceso de regularización. En este sentido, Cesc Poch resaltaba la labor que ha hecho UGT Castilla-La Mancha en la emisión de estos certificados, siendo la comunidad -solo adelantada por Cataluña- que más certificados ha expedido, un total de 2.302.
El responsable confederal del Área de Migraciones de UGT valoraba de manera positiva el desarrollo del proceso y las repercusiones que tendrá para la dignificación de las condiciones laborales de las personas trabajadoras beneficiadas y para la propia economía. Aseguraba que el sindicato se mantendrá atento y vigilante para que la regularización implique dejar atrás la precariedad laboral.
A nivel nacional, añadía, el número de solicitudes asciende a 1.174.978, de las cuales aproximadamente la mitad ya están aceptadas a trámite y la previsión es que será alrededor de un 90% las resoluciones positivas.
Lola Alcónez, secretaria general de UGT Castilla-La Mancha, afirmaba que para UGT era una cuestión de responsabilidad -después de tantos años desde la última regularización- estar en este proceso extraordinario que, entre otras muchas cuestiones, “ayudará a acabar con la explotación laboral que sufren muchas personas inmigrantes y a mejorar sus condiciones de vida”.
Por su parte, Isabel Carrascosa detallaba que la actuación de UGT no se ha limitado únicamente a emitir los certificados de vulnerabilidad ya que “también ha habido un trabajo importante de asesoramiento y de resolución de dudas”. De esos 2.302 certificados emitidos por el sindicato en la región, apuntaba que muchos se han tramitado en Ciudad Real y en Toledo y que el 76% ha correspondido a hombres. Las nacionalidades de las personas que más se han acercado a las sedes de UGT para pedir este documento han sido, sobre todo, las mauritanas y colombianas.
“Hay una cuestión que no podemos obviar: miles de personas llevan años viviendo, trabajando y contribuyendo a nuestro país, pero lo han estado haciendo en condiciones de vulnerabilidad administrativa que limitan el ejercicio de sus derechos y favorecen situaciones de exclusión social”, señalaba la secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT Castilla-La Mancha, quien también ponía de manifiesto el peso de las personas trabajadoras extranjeras en el sector agrario y de empleados del hogar en la región ya que, en ambos casos, “ocupan uno de cada tres puestos de trabajo”.
El sindicato defiende la necesidad que tiene la región de contar con mano de obra en sectores que son esenciales. Pero es que, además, “la incorporación de miles de personas al empleo formal supondrá un aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social y de la recaudación fiscal, contribuyendo a reforzar nuestro estado del bienestar y la sostenibilidad de los servicios públicos”.
Isabel Carrascosa trasladaba el convencimiento de UGT de que “una sociedad es más fuerte cuando garantiza derechos para todas las personas”, de ahí que el sindicato también haya desplegado acciones para ayudar a las personas inmigrantes, entre ellas un servicio gratuito de orientación laboral y un programa específico centrado en analizar, visibilizar y mejorar la situación laboral de las mujeres migrantes en nuestra comunidad autónoma, un proyecto en el que se incluyen encuentros provinciales que servirán de espacios de diálogo, de intercambio de experiencias y de construcción de propuestas para avanzar hacia políticas laborales más inclusivas.



