(Artículo de Francisco Tierraseca Delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha.)
El Gobierno de España, a través de su presidente Pedro Sánchez, ha presentado un nuevo informe de “Cumpliendo”, un documento de rendición de cuentas de los compromisos adquiridos con la sociedad española y de su grado de cumplimiento, que sitúa a nuestro país, por su metodología y verificación rigurosa por parte de un grupo de expertos independientes, a la vanguardia de las democracias europeas en el ejercicio de la transparencia.
Este documento por su exhaustividad y análisis independiente, trasciende las declaraciones formales, siendo el reflejo del contrato social y político adquirido por nuestro Gobierno con los ciudadanos y ciudadanas españoles y con los agentes sociales.
Como delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha me corresponde la responsabilidad y el orgullo de trasladar en nuestra comunidad autónoma los resultados del esfuerzo sostenido que viene realizando el Gobierno de España por afianzar la recuperación económica y social en nuestro territorio sin dejar a nadie atrás, a pesar de los devastadores efectos que hemos sufrido durante los 18 meses de pandemia a causa de la COVID 19 y de que todavía quedan obstáculos por superar.
No obstante, hemos avanzado mucho en la resistencia frente a la Covid y estamos en condiciones para tomar la iniciativa de la recuperación económica. Así lo avalan los datos de desempleo hechos públicos el pasado día 3, donde el paro registra en julio su mayor descenso mensual de la historia con 197.841 desempleados menos en el territorio nacional y 9.877 parados menos en Castilla-La Mancha (-5,53 %) respecto a junio.
El Gobierno de España prevé un crecimiento robusto para la segunda mitad del año con una previsión de crecimiento del PIB del 6,5% y del 7% para el 2022, unos datos que coinciden en su tendencia con las estimaciones del Banco de España y de la Comisión Europea.
Este optimismo fundado también tiene su reflejo en los últimos datos de afiliación a la Seguridad Social, que en nuestra comunidad autónoma sumó 3.018 afiliados más en julio (0,41 %) en relación con el mes anterior, mientras que, respecto al mes de julio del año 2020, la subida fue de 33.006 cotizantes (4,68 %).
Para consolidar esta recuperación económica es imprescindible una voluntad colectiva e institucional de diálogo, consenso y entendimiento y esta capacidad será la única que condicione nuestro éxito como sociedad, después de tanto sacrificio personal, social y económico.
Más allá de las grandes cifras para el impulso y la dinamización económica, con aportaciones del Gobierno de España a Castilla-La Mancha y con acuerdos de financiación que engloban más de 3.000 millones de euros, me gustaría destacar su apuesta decidida por el diálogo político y el acuerdo con los agentes sociales, con los que ya se ha alcanzado valiosos pactos, como los ERTE, los préstamos ICO, la prestación por cese de actividad para autónomos o el primer paquete de medidas para la reforma de las pensiones, para evitar que esta crisis sanitaria derive también en una crisis económica y social con un mayor crecimiento de la desigualdad.
Fruto de estos acuerdos, más de 27.000 castellano-manchegos son beneficiarios en la actualidad del Ingreso Mínimo Vital, casi 24.000 están protegidos todos los meses bajo la figura de los ERTES, 17.000 autónomos con actividad reducida están siendo ayudados, 357.002 jubilados han visto revalorizadas sus pensiones, 1.290,4 millones de euros con cargo al Fondo de Financiación han sido transferidos al Gobierno de Castilla-La Mancha para mejorar la liquidez y fortalecer el estado del bienestar, además de haberse prorrogado el escudo social hasta octubre con medidas tan importantes como la suspensión de los desahucios, la ampliación de los alquileres y la prohibición del corte de suministros básicos a los consumidores vulnerables.
La defensa de las rentas y de los empleos de los trabajadores y autónomos, las medidas de protección en materia de vivienda, el ingreso mínimo vital, la reforma de las pensiones para garantizar el poder adquisitivo de los jubilados y dar sostenibilidad al sistema y otra batería de medidas como la inversión en políticas activas de empleo, la financiación de las entidades locales, etc, forman parte de ese escudo social que se sitúa a la vanguardia en la lucha contra la desigualdad.
La desigualdad es un inmaterial pero su traducción en sufrimiento, angustia y padecimientos en miles de hogares, tienen rostro, nombre y apellidos.
Combatir la desigualdad no es solo un compromiso político de este Gobierno, es también un imperativo ético y moral, porque cuando crece la desigualdad se erosionan los pilares fundamentales de nuestra democracia, se debilitan las instituciones que deben garantizar nuestros derechos y libertades, se degradan las condiciones del mercado de trabajo y del funcionamiento de los servicios públicos, como red de asistencia a los más vulnerables, además de atentar contra el principio de cualquier sociedad democrática como es la igualdad de oportunidades.
Por otra parte, el crecimiento de la desigualdad también tiene un coste económico porque está demostrado que contribuye a la inestabilidad financiera, desincentiva la inversión productiva y el esfuerzo de innovación, y afecta a la productividad, además de ser incompatible con un modelo de desarrollo sostenible.
El Gobierno de España está por ello firmemente comprometido con este escudo social contra la desigualdad como estrategia para garantizar el bienestar presente y futuro de sus ciudadanos y ciudadanas y así lo tiene planteado en la Agenda 2050, el plan más ambicioso de modernización de nuestra historia contemporánea para lograr un país cohesionado, próspero y competitivo porque crear riqueza es crecimiento, pero avanzar contra la desigualdad es progreso.
