(Artículo de la Junta de gobierno del Colegio de Trabajo Social de Castilla La Mancha)
Decir que la Covid-19 ha afectado nuestro devenir diario es ya en sí un axioma, pero debemos interpretar, sobre todo como agentes sociales que somos, que esta obviedad es más perjudicial para algunas personas que para otras, por diferentes índoles, diferentes situaciones sociales, y sobre todo, por el momento en que se encuentren dentro de su proyecto vital.
En el caso de las personas mayores, siendo el colectivo más vulnerable como así nos han demostrado los datos, es evidente que está sufriendo con mayor virulencia esta crisis sanitaria y social.
El colectivo de personas mayores es un grupo de población amplio, heterogéneo, que alberga multitud de características biopsicosociales, con diferentes estadios a lo largo de su proyecto de vida, con características sociales, económicas y habitacionales diversas.
Con respecto a la situación de este colectivo durante la pandemia, no es conveniente hacer una reflexión sin respetar la diversidad del mismo, y por tanto las diferentes variables que en él confluyen, ya que de lo contrario no sería ni justo ni objetivo.
Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla la Mancha, promovemos la igualdad de trato a las personas, respetando la individualidad de las mismas, y por tanto siendo conscientes de las dificultades queremos trabajar en pro de favorecer dicha igualdad y velar por la garantía de protección de los derechos de las personas mayores, independientemente del lugar de nacimiento, residencia u origen.
Por tanto, queremos hacer una llamada de atención con el objetivo de visibilizar la situación que a estas personas les está tocando vivir y del modo que lo están haciendo.
Centrándonos en aquellas personas mayores cuyo lugar de residencia son Centros Residenciales, no podemos obviar los pensamientos compartidos por muchas de ellas a
los que dió voz pública las palabras de aquella mujer de más de 100 años en Inglaterra, pidiendo poder ver a sus familiares, poder salir del confinamiento obligado, con el miedo de saber si podrán volver a ver o no a sus seres queridos.
En la actualidad, nos encontramos bajo la regulación por parte de la Consejería de Sanidad para la aplicación de las Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla la Mancha. Sin hacer mención de lo ya ocurrido con anterioridad con respecto a las medidas tomadas, queremos poner de manifiesto las siguientes cuestiones:
- La normativa contempla la permisibilidad de las salidas a las personas residentes en los centros residenciales sociosanitarios del ámbito de la discapacidad, menores, personas con TMG… siempre y cuando la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con COVID-19 y que el centro se encuentre libre de COVID-19 en ese momento; bajo la valoración de la necesidad o conveniencia de los responsables del centro para que puedan realizarse acompañados de un profesional, mientras que por el contrario, en los Centros Residenciales de personas mayores quedan totalmente prohibidas las salidas limitándose a causas de fuerza mayor, aun sabiendo que en muchos casos se presentan deterioros cognitivos asociados a la edad o cuadros clínicos de Salud Mental, para los que podría ser igualmente beneficioso que en el resto de tipologías de centros recogidos en esta normativa, por lo cual, es patente la desigualdad de trato por parte de la normativa
- Otras de las medidas aplicadas tienen referencia en las salidas de los Centros, quedando reducidas a las que sean motivadas como “de fuerza mayor”. Debido a la fragilidad asociada a la edad y a la situación clínica de algunas de las personas atendidas en Centros Residenciales, resulta imprescindible para la protección de la salud, las salidas del centro por causas de fuerza mayor, recogidas en la citada normativa, pero ¿se ha realizado una valoración previa de las consecuencias físicas, psíquicas y sociales que estas decisiones puedan tener en las personas a
las que les resulte necesario realizar estas salidas?, ¿Se han contemplado supuestos en los que la estancia es compartida por matrimonios y uno de los cónyuges se encuentra en esta situación y el otro se niega a la separación para la realización de la cuarentena regulada?
Es obvio que quedan muchas preguntas sin resolver, pero a modo de reflexión nos preguntamos ¿Se está llevando a cabo por parte de la Administración un trato igualitario a todo el colectivo? ¿Sería posible trabajar una línea igualitaria con respecto al derecho a la libertad independientemente de donde tengamos el lugar de residencia? ¿Se ha valorado la pérdida de capacidades que pueden conllevar las medidas tomadas?, si es así ¿Qué protocolos de actuación se han establecido para aminorar las mismas? ¿Se ha tenido en consideración el impacto sobre la Salud causados por la soledad mantenida en el tiempo? ¿Qué medidas se han puesto a disposición de los Centros?
Los profesionales del Trabajo Social sabemos lo difícil que resulta proteger en situación de pandemia, a priori, sin alterar otros derechos fundamentales, pero entendemos que estas medidas no puede ser mantenidas en el tiempo y, a partir de ahora, se deben iniciar otras vías que protejan todas las áreas que influyen en la salud (psíquica, física y social) siendo necesario reformularlas para garantizar la calidad en la atención prestada a nuestros mayores, del mismo modo que asegurar la presencia de la figura del Trabajo Social como figura de referencia (así regulada en la normativa autonómica) en la totalidad de los Centros Residenciales y velar por la protección de derechos tan ansiados en la actualidad como el derecho a la información, tanto para los mayores como para sus seres queridos.
Desde este Colegio Profesional somos conocedores de la situación y la dificultad que conlleva, pero no podemos ser insensibles al dolor emocional y social que están viviendo las personas mayores en los Centros Residenciales, por lo que nos ponemos a disposición de las administraciones competentes para la defensa de los derechos y garantizar la protección de los aspectos sociales en pro de la salud y bienestar de las personas mayores.
