(Artículo de Manuel Valencia Alonso)
La RAE define odio como: «antipatía y aversión hacia algo o alguien cuyo mal se desea»; a diferencia de la ira, que es puntual y pasajera, el odio es permanente. El odio es un sentimiento destructivo que afecta tanto al que odia como al odiado. Además, en política produce una sinergia que amplifica los derechos destructivos. Por supuesto, el Código Penal contempla, define y castiga estos delitos, en su artículo 510. Ahora bien, al amparo de las instituciones políticas y el aforamiento multitudinario, resulta extraordinariamente difícil acusar a un diputado, por ejemplo, por insultos e injurias.
Es tal la impunidad de este delito, en la actualidad, que se ha generalizado de tal manera que es raro el día que no vemos en los medios a políticos, periodistas, “opinadores” o meros ciudadanos que confunden la libertad de expresión con la comisión de un delito. Sin embargo, no todas las palabras están bajo el paraguas de la libertad de expresión. En política, sabemos bien que ciertas palabras insultantes, humillantes o descalificadoras pueden inducir a la violencia o provocarla directamente. Normalmente lo hacen.
Es muy lamentable y poco ejemplar ver las comparecencias de sus señorías cargadas de insultos, descalificaciones, mentiras, etc., que en muy raras ocasiones sus denuncias llegan a buen término. Además, ¿no debería haber un organismo de arbitraje y disciplina —seguro que lo hay— que ponga un poco de orden y respeto entre los políticos? Porque hemos llegado a un grado de degradación de la política. Esto está produciendo un efecto de crispación permanente en la sociedad.
Por otra parte, supongo que los insultadores o vertedores de veneno, escondidos en el Congreso u otra institución similar, se refieren a los políticos cuando los citan en sus insultos y no a los ciudadanos que votan a esa opción. Porque entonces la cosa podría cambiar sustancialmente.
