(Artículo de Manuel Olmeda Carrasco)
No extrañará a nadie que personas con cierta edad hayan perdido toda capacidad de asombro; yo, al menos, la he descuidado. Parece lo más razonable después de tolerar tanta extravagancia y sinrazón sin decir pío siquiera. Leída la sentencia contra Francisco Zugasti, condenado a siete meses de cárcel por “delito de atentado a la autoridad”, me parece un fallo judicial asimétrico respecto a otros de similares características y mayor consistencia en los hechos. Ignoro qué razones puede esgrimir el ministerio del interior para poner decenas de guardia civil o policía vigilando el chalet/mansión del vice y acotar espacio común; ambas coyunturas propias de países bananeros, dictatoriales. Más si cabe, en circunstancias normales, con inexistencia de escenario terrorista. ¡Qué quieren!, me parece un abuso indudable de poder, si no prevaricación tácita. Silencio, y cobertura oficial, no implica ausencia probable de acto delictivo. Demasiadas irregularidades protagonizadas por un ejecutivo desaforado.
Creo que —además de cambiar el miedo de bando, al decir de Iglesias— constituye un desiderátum jurídico priorizar derecho positivo sobre su superior, derecho natural. Desde hace tiempo se advierten resoluciones judiciales sustentadas exclusivamente en textos legales, cuyos cimientos son concebidos por gobiernos específicos, sujetos a mayorías parlamentarias inestables. Tal situación hace del derecho positivo (y la ley que lo sustenta) algo particular, temporal e interpretativo; es decir, sometido a subjetividades o barreras racionales. El derecho natural, por el contrario, lo conforma un conjunto de principios y valores que se encuentran en la conciencia del hombre. Es universal, inopinable y eterno. Noam Chomsky proclamaba: “El control autocrático centralizado bien por las instituciones del capitalismo privado, bien por el capitalismo de Estado, han sido un destructivo vestigio de la historia”. Justifica, por ende, la insurrección contra las leyes contrarias al derecho natural. Nada que alegar, totalmente de acuerdo.
Francisco Zugasti (al que el Diario.es lo encasilla como “ultra” con intención peyorativa, propagandística), que se sepa, no ha merecido ninguna manifestación, desorden público ni apoyo político. Isa Serra, condenada a diecinueve meses de cárcel e inhabilitación por injurias y lesiones a dos mujeres policía en abril pasado, recibió el apoyo incondicional de Unidas Podemos mientras se instaba a dudar de la imparcialidad del TSJM. Bonito gesto “ético” hacia un acto delincuencial. Lo mismo ha ocurrido recientemente con sentencia condenatoria que la Audiencia Nacional realizó sobre Hasel a nueve meses de prisión por enaltecimiento del terrorismo e injurias y calumnias a la monarquía. Esta vez acompañada de graves desórdenes callejeros. Parece que a la izquierda no le advienen desapercibidos circunstancias ni antecedentes, eso que los jueces dan por amortizado y que podríamos denominar “perspectivismo jurídico”, previsiblemente recogido en el derecho natural, nunca a guisa de excusa sino como criterio procedente. Sin duda, lo ruin es la vara de medir que utilizan determinados grupos.
Dicho lo que antecede, existen excesivas dudas sobre si el ejecutante ha de ser ministro o subsidiario judicial; tal vez corresponda a ambos cargar con la abstención u holganza. Mossos, publica un diario, denuncian que se les dio orden de no cargar contra radicales que agredieron a Vox en Vic durante la campaña electoral. España presenta una situación deplorable, corroída por odios y enfrentamientos que nuestros prohombres se encargan de potenciar al máximo para obtener ventajosos beneficios. Golpeados por esta terrible pandemia (con nauseabunda e indecisa gestión) y hundida la economía, precisaríamos unir fuerzas para mitigar, como poco, ambas coyunturas. Sin embargo, se imponen espurios réditos partidarios mientras mandan a hacer puñetas —nunca mejor dicho— el bienestar social. Se está componiendo un país cleptómano, insólito, inconcebible.
Por mucho que la propaganda gubernamental quiera ocultar, sobrecoge una realidad empírica sufrida por gran cantidad de españoles: no tenemos ni un euro. ERTEs, IMV, asimismo otros cuentos narrados a PYMES y autónomos, no han disminuido las colas del hambre. No un hambre genérico, de oleada (que también), sino uno específico, con filiación ilustre, porque esta crisis supera las clases medias fatalmente depauperadas. Estamos al borde de una sociedad subsidiada, objetivo apriorístico del viejo y nuevo comunismo. Ahora mismo, el gobierno —o parte de él— intenta paliar tal marco con soluciones oscuras, postizas, inaceptables. Condonar trescientos mil millones de deuda soberana, subida de impuestos “a los ricos” y “gestionar” ciento cuarenta mil millones de fondos europeos. Cualquiera implica, con perdón, salida de bombero. Cabe, no obstante, una pregunta: ¿A cuánto ascenderán, presuntamente, las distintas comisiones?
Durante dos años y medio que lleva este gobierno, la deuda ha aumentado doscientos cincuenta mil millones de euros; es decir cien mil millones por año. Zapatero, a lo largo de ocho años apenas la amplió en noventa mil millones. Rajoy consiguió elevarla solo en cincuenta mil millones por año. Imaginando reales estos datos, deducimos que Sánchez es un manirroto. Sonroja, pues, que el gobierno haya pedido tan elevada quita para compensar una gestión desastrosa y sombría. Ante el fracaso de esta primera medida, le queda —como segundo recurso— una subida generalizada de impuestos oculta bajo ese biombo tramposo de “a los ricos”. Significará, sin duda, el hundimiento definitivo de la economía patria. Estos señores han venido con ambición manifiesta, a no permitirse ningún límite trazado por la moral y las buenas costumbres. ¿Por qué no disminuyen el gasto para equilibrar haber y debe? ¡Gilipollas!, rumian sin reminiscencias éticas.
El Decreto que solicita fondos UE necesitaba una condición sine qua non (aprobación por el Parlamento Nacional) y algunas otras discutibles jurídicamente. En tiempo electoral no hay amigos y ERC votó contra el PSOE. Pero hete aquí que un sorprendente Vox se abstuvo y el gobierno mereció el plácet reglamentario para solicitar esos ciento cuarenta mil millones de euros sin contraprestación. Es decir, pudo incumplirse la Ley Orgánica del Consejo de Estado al no constar el decreto por el que se pidió ese informe; Ley del Gobierno, al no enviarlo al Parlamento y Ley de Transparencia al no publicarlo en el Portal de Transparencia de la Administración del Estado. Lo peor: Sánchez queda libre para repartirlo arbitrariamente. Esperemos que no aplique aquel viejo refrán: “El que parte y reparte, se lleva la mejor parte”. Europa no se fía de Sánchez, menos de su amigo vice.
Por cierto, la opinión de un comunista radical, autócrata, sobre democracia tiene el mismo valor que si yo diserto sobre física nuclear. Ninguno sabemos de qué hablamos. “En España no hay una situación de plena normalidad democrática” es una frase boba, necia, snob; casi tanto como decir que gozamos de una democracia plena, asentada, moderna. La estupidez humana abunda por doquier sin ubicación concreta y sin remedio.
