El Grupo Popular defenderá en el pleno de la Diputación una moción frente a la propuesta de regularización masiva de migrantes de Sánchez

El Grupo Popular defenderá en el pleno de la Diputación una moción frente a la propuesta de regularización masiva de migrantes de Sánchez

La portavoz del Partido Popular de Cuenca y diputada provincial, Raquel Oliver, y la diputada María Soledad Sánchez‑Grande han presentado hoy la moción que el Grupo Popular llevará mañana al pleno de la Diputación para fijar una posición clara ante la propuesta de regularización masiva de personas migrantes anunciada por el Gobierno de España. Ambas dirigentes han subrayado que esta moción trata de una iniciativa necesaria, justa y urgente para defender los intereses de la provincia y exigir responsabilidad y planificación en una materia de enorme trascendencia.

Oliver ha advertido de que la decisión del Gobierno socialista constituye “una de las decisiones más graves que ha tomado Pedro Sánchez durante los últimos años”, recordando que se ha adoptado “sin haberla debatido parlamentariamente, sin previsión y sin tampoco dar explicaciones a los españoles”. Ha señalado que el Gobierno socialista habla de unas 500.000 regularizaciones, mientras que “los informes técnicos policiales nos hablan de casi 2 millones de personas que se van a poder regularizar”, lo que, según ha afirmado, evidencia la improvisación y el riesgo de un efecto llamada que “las mafias ya están utilizando como argumento comercial”.

La portavoz provincial ha subrayado que las consecuencias recaerán directamente sobre los ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas, responsables de los servicios sociales, educativos y sanitarios. Ha recordado que el Gobierno socialista sostiene que no habrá impacto presupuestario, pero ha sido tajante al afirmar que “esto es totalmente mentira” y que la realidad es que “yo invito y tú pagas”, siendo las entidades locales quienes asumirán los costes derivados de una regularización “sin control”. Frente a ello, Oliver ha defendido que el Partido Popular apuesta por “gestión, orden y legalidad”, por una migración vinculada al empleo y por un debate parlamentario con una memoria económica real que evite que los ayuntamientos sean “los pagadores silenciosos de esta política desnortada”.

Por su parte, María Soledad Sánchez‑Grande ha contextualizado la posición del Partido Popular desde la realidad demográfica y social de la provincia. Ha recordado que Cuenca es una de las provincias más despobladas de España, con más del 26% de su población mayor de 65 años y un saldo natural negativo, y que la migración ya forma parte esencial de sectores como el agrario o los cuidados. Ha explicado que “en torno al 15% de la población de Cuenca es extranjera” y que el reciente crecimiento demográfico se debe en gran medida al saldo migratorio positivo, especialmente en el medio rural.

Esta medida es injusta para las personas migrantes que llevan años esforzándose por integrarse

Precisamente por ello, ha defendido que la migración debe gestionarse con responsabilidad, planificación y recursos, ya que muchos municipios conquenses “tienen dificultades para mantener servicios básicos” y una regularización masiva sin criterios claros “puede poner en riesgo la integración real y la capacidad de nuestros servicios públicos”.

Sánchez‑Grande ha subrayado que la verdadera solidaridad consiste en garantizar oportunidades reales, no en hacer anuncios, y ha reivindicado procesos legales individualizados vinculados al empleo y a la integración, que reconozcan el esfuerzo de quienes llevan años viviendo y trabajando en la provincia. Ha advertido de que una regularización indiscriminada “no distingue entre quien lleva años esforzándose por integrarse y quien acaba de llegar”, generando una sensación de injusticia.

Ambas diputadas han coincidido en que el Partido Popular defiende una migración que sume, que contribuya a fijar población y al desarrollo rural, pero siempre con planificación, recursos y garantías. La moción que se debatirá mañana en la Diputación busca precisamente trasladar esta posición institucional y reclamar al Gobierno de España una política migratoria seria, ordenada y respetuosa con las necesidades reales de los territorios.