El martes 13 abril el Congreso de los Diputados votará a favor o en contra de la creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto, una vieja reclamación de CCOO que ya solicitó de manera formal a los grupos parlamentarios en 2011. Quienes se sientan en el Congreso tienen una enorme responsabilidad: mirar a las víctimas a los ojos y acoger su sufrimiento o darles la espalda.
Comisiones Obreras ha venido luchando para visibilizar a las víctimas del amianto. Un agente cancerígeno que se prohibió hace ya más de una década en nuestro país, pero que sigue estando presente en la jornada laboral de muchos trabajadores y trabajadoras: aquellos que se ocupan de las tareas de reparación, retirada de materiales contaminados, transporte a vertederos, tratamiento de residuos, mantenimiento de canalizaciones de agua, rehabilitación y mantenimiento de edificios (albañiles, fontaneros, electricistas) y también aquellos que, sin saberlo, ocupan edificios construidos con amianto.
“Las empresas hacen todo lo posible para eludir su responsabilidad y como la enfermedad tarda tantos años en manifestarse muchas veces las firmas responsables han desaparecido o están en quiebra, de ahí la importancia de la creación de ese fondo que actuaría cuando la empresa no existe”, explica Francisco Javier González, abogado de CCOO en Ciudad Real. El calvario judicial para reclamar los derechos de las personas trabajadoras enfermas y sus familias tiene mil y una veredas: “Con el caso de José Antonio García Quintana, que ya ha fallecido, hemos tenido que ampliar varias veces la demanda, porque Uralita se iba transformando en otras firmas. Ahora hemos tenido que volver a suspender el juicio para ampliar la demanda al administrador concursal, pues la empresa que dio continuidad a Uralita está en concurso de acreedores”.
“El calvario judicial – explica González- es tan grande y la desprotección que esos plazos generan es tan importante, que desde CCOO Ciudad Real estamos considerando ir por la vía penal: hay un delito de lesiones y un delito contra el derecho a la salud de los trabajadores. Y ahora, con la reforma del Código Penal, las personas jurídicas también tienen responsabilidad penal”.
Para ver un letrero de Uralita en la fábrica de Alcázar de San Juan hay que dar toda la vuelta al edificio. Sólo se ve desde las vías del tren. Toda una metáfora del esfuerzo que están haciendo estas grandes empresas para ocultar el reguero de enfermos y fallecidos de cáncer de pleura que ha dejado la producción y manipulación de amianto. Desde los años 60 se sabía que el amianto era cancerígeno, sin embargo, nadie informó ni protegió a los trabajadores.
Esos nombres de trabajadores fallecidos por exposición al amianto cuya responsabilidad rehúyen las empresas esconden una amarga historia detrás, como es el caso de José Antonio García Quintana, que fue trabajador de Uralita y que falleció por un mesotelioma pleural causado por el amianto, lo cuenta Verónica su hija, a quien su padre en el lecho de muerte le encargó que continuara la lucha que él había empezado.
“En enero de 2016 mi padre se encuentra mal, parece un resfriado, una gripe, y a los tres días me lo llevo al hospital y en una semana nos dan el diagnóstico. Mi padre tiene un mesotelioma pleural causado por el amianto. Nos dan una esperanza de vida de dos meses y, a falta de una semana para cumplirse esos dos meses, mi padre fallece. Fue un visto y no visto. El dolor de perderlo es inmenso, pero es que además has de estar pensando que mi padre venía a casa con su ropa del trabajo, mi madre lavaba esa ropa, mi hermana y yo abrazábamos a mi padre y teníamos ese contacto con lo que él traía del trabajo, lo que traía a casa, con lo cual te preguntas: ¿mi madre desarrollará la enfermedad? ¿la desarrollaré yo? ¿nos tocará también a nosotras? Y después de toda esta lucha te ves sola, te ves que estás luchando contra gigantes. Y no hay nadie que esté ahí para decirte que esto es así, es la verdad y se va a hacer justicia. Han pasado cinco años y a mí mi padre no me lo van a devolver, ni ahora, ni nunca, y tenía sesenta y dos años”.
Cuando José María Martín de Madrid escucha a Verónica se estremece: él era íntimo amigo de su padre. Los dos fueron delegados de CCOO en el Comité de Empresa de Uralita en Alcázar de San Juan. Recuerda perfectamente la fecha en que ambos entraron en la fábrica en 1976, con muy pocos días de diferencia: “Yo me vine de Madrid porque era la oportunidad de trabajar en mi pueblo. Todos teníamos la sensación de que nos había tocado la lotería por poder trabajar en Uralita. Teníamos 24 años y lo único que queríamos era trabajar. Nunca nos dijeron nada de la peligrosidad del amianto. En los inicios, comíamos el bocadillo encima de los sacos de amianto. Nosotros, los trabajadores fijos y los muchísimos eventuales que pasaban por la fábrica. Uralita amasó una fortuna y nosotros perdimos la salud y algunos la vida”.
“El día que fui a hablar con José Antonio al hospital me dijo: “Nada, que me ha tocado. Él sabía lo que le pasaba porque habíamos estado trabajando desde el sindicato para visibilizar la exposición al amianto y me pidió que luchara por los derechos de su familia”. Martín lleva décadas en la lucha.
José María tiene muy claro que la prioridad es la vigilancia de la salud de las personas expuestas, después la compensación a las víctimas y en tercer lugar el desamiantado y advierte: “lo que no puede pasar es que esas empresas que han estado poniendo palos en las ruedas a las víctimas no paguen por lo que hicieron y ahora reciban millones para retirar el amianto. Habrá que ver cómo se gestiona eso para que no se enriquezcan los de siempre y se proteja a los trabajadores”.
Carmelo García, también extrabajador de Uralita, ya está enfermo y está luchando por que se le reconozcan sus derechos. Acaba de conseguir el reconocimiento de “enfermedad profesional” pero eso aún no se ha traducido en un incremento de su pensión. “Yo aprobé una oposición para administrativo, pero me mandaron a talleres y allí estuve en contacto con el maldito amianto”. Él, que siempre ha sido deportista se sorprendió mucho cuando empezó a notar problemas respiratorios. Le han diagnosticado placas pleurales por exposición al amianto. De su caso hay algo que clama al cielo. Su diagnóstico no fue temprano o fue confuso al principio. Su médico de cabecera era también el médico de la fábrica de Uralita. Carmelo está en esta lucha por él, por la justicia, por los compañeros y por su familia: “al principio nuestras mujeres lavaban nuestras ropas es casa”. El fondo de compensación a las víctimas sería la única manera de compensar a esas mujeres y a esos hijos e hijas si, por desgracia, alguna de ellas contrajera la enfermedad.
Por su parte, Raquel Payo, secretaria de Salud Laboral de CCOO de Castilla-La Mancha, señala también la importancia de la vigilancia de la salud: “Debería ser una apuesta clara de la administración regional, el desarrollo de una campaña de vigilancia de la salud a personas que han estado expuestas, aunque ahora no lo estén, y también a los familiares, mujeres y descendencia, que estuvieron en contacto con las ropas de trabajo donde portaban las fibras de amianto. La aprobación del fondo de compensación es imprescindible para evitar que las víctimas sean doblemente víctimas, del amianto y del calvario burocrático y judicial que impide que se reconozcan sus derechos. Es de justicia y el Congreso de los Diputados no puede fallarnos. Sería tremendo que miraran hacia otro lado”.
