El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha trasladado que el Consejo de Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley de Integridad Pública de Castilla-La Mancha, que refuerza los controles sobre los altos cargos de la Administración autonómica y que, tras el visto bueno de hoy, inicia su tramitación parlamentaria en las Cortes regionales.
Una Ley con la que, tal y como ha explicado, Castilla-La Mancha sigue a la vanguardia en materia legislativa en transparencia. “Es Una ley que, junto con las de Transparencia y Participación, cierra esa estructura jurídica en materia de integridad pública de la Comunidad Autónoma y de una correcta gestión de los asuntos públicos en Castilla-La Mancha”, ha afirmado Martínez Guijarro.
La nueva norma, según el vicepresidente primero, incluye una definición más clara de lo que se entiende por alto cargo, en los que están incluidos los miembros del Consejo de Gobierno; los órganos directivos de asistencia y apoyo; también todas las personas que, o bien son presidentes o directores generales de cualquier ente público que forma parte del sector regional; y todas aquellas personas que tengan un contrato de alta dirección o que sean personal directivo.
Declaración responsable y abstención en caso de conflicto de intereses
Ahondando en el articulado del Proyecto de Ley de Integridad Pública de Castilla-La Mancha, Martínez Guijarro ha señalado que este nuevo texto establece nuevas obligaciones a los altos cargos, como la obligación de presentar, en el momento de la toma de posesión, una declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad que pueda afectar a su dedicación exclusiva a la gestión pública. Esta declaración se unirá a las de actividades, bienes y rentas que se vienen ya realizando.
Además, ha explicado que la futura norma incluye, además, la obligación de los miembros del Consejo de Gobierno de presentar una declaración de patrimonio en el mismo momento de la convocatoria electoral, de tal manera que pueda comprobarse que no se haya producido “ningún incremento de patrimonio que no sea explicable por los ingresos que durante ese tiempo haya tenido como miembro del Gobierno”, o lo que es lo mismo, se comprobará que no exista un incremento de patrimonio irregular durante el tiempo que haya ejercido ese cargo público.
Otra novedad que incluye la norma es la relativa al conflicto de intereses. En concreto, los altos cargos tendrán que abstenerse en la toma de decisiones que puedan favorecer a empresas o entidades privadas en las que pueda haber un conflicto de intereses, ya sea por estar involucrados en las mismas familiares u otras personas que puedan condicionar la toma de decisión. Además, esta abstención se comunicará a la Oficina de Integridad para que conste en el registro de actividades del cargo en cuestión.
Por otro lado, durante los dos años siguientes tras su cese, los altos cargos tendrán que comunicar las empresas con las que vayan a establecer relación laboral para que la Oficina de Integridad pueda comprobar que esa actividad privada es compatible con el ejercicio del cargo público anterior.
Oficina de Integridad: control y vigilancia
En este punto, el vicepresidente primero se ha detenido a explicar el papel clave de la Oficina de Integridad como órgano de prevención, impulso, control de la integridad y como el organismo de vigilancia.
Entre las funciones de la Oficina de Integridad, que pasa a formar parte de la Oficina de Participación, se incluye la tramitación de los procedimientos de inscripción, modificación, suspensión y cancelación del Registro de Grupos de Interés de Castilla-La Mancha, como la recepción, custodia y publicidad de las declaraciones de adhesión al Código Ético de los altos cargos y asimilados de la Administración de la Junta de Comunidades, además de la supervisión y seguimiento de la publicación de las agendas de trabajo de aquellos.
El articulado del Proyecto de Ley incluye la habilitación del Canal Externo de Información, “el más importante para que cualquier ciudadano pueda dirigirse para denunciar posibles irregularidades”, para el que, en el caso de esta Comunidad Autónoma, se ha designado al Consejo de Transparencia, un organismo autónomo que gestionará esas informaciones que lleguen de la ciudadanía. La ley regula igualmente el régimen sancionador, que va desde una amonestación hasta el cese en el cargo público.
Finalmente, Martínez Guijarro ha explicado que con el visto bueno del Consejo de Gobierno al Proyecto de Ley, éste inicia ya su tramitación parlamentaria en las Cortes de Castilla-La Mancha, que tienen que tomarla en consideración para abrir, acto seguido, el periodo de enmiendas, con la previsión de que sea aprobada en el actual periodo de sesiones.
