El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno al Plan de Medidas Antifraude de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cuya finalidad es garantizar que los proyectos, inversiones y reformas que se pongan en marcha con los fondos europeos Next Generation salgan adelante con toda la seguridad; además de afianzar una recuperación sostenible y resiliente y, al mismo tiempo, promover las prioridades ecológicas y digitales marcadas por la Unión Europea, asegurando el correcto uso de los fondos para estos fines.
De esta decisión ha dado cuenta la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, que ha explicado que este Plan es una medida obligatoria para todas las administraciones que gestionen los fondos correspondientes al Mecanismo de Recuperación y Resilencia, lo que significa que todas están obligadas a contar con un plan en los términos fijados en la normativa de los fondos.
Tal como ha señalado la consejera, se trata de una exigencia normativas de la Unión Europea recogida en el Reglamento (UE) 2021/241 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y que cada país debe adaptar. En el caso de España, el Gobierno central ha decidido que esta adaptación pasa por la obligatoriedad de todas las administraciones de implementar este plan antifraude.
Una decisión celebrada por el Gobierno regional. “Entendemos que hay que hacer enormes esfuerzos porque el dinero público se ha tratado con exquisito mimo para que sea eficiente y rentable a los objetivos sociales y económicos que nos hemos marcado y para que se haga de manera transparente y garantista. Ese es el objetivo de este plan antifraude, ese ha sido el objetivo del Gobierno de España al ponernos esta obligación a todas las administraciones y en Castilla-La Mancha celebramos la decisión”, ha dicho la consejera portavoz.
Respondiendo a esta obligación, el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a este Plan en el que se recogen las medidas de refuerzo para garantizar que los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia se utilizan de conformidad con las normas establecidas, especialmente en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.
Esta normativa es un refuerzo de las medidas de fiscalización y control que ya existen, tanto a nivel nacional como regional, y además de transparencia, con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y, en el ámbito autonómico, la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha que, en su artículo 35, describe los principios generales y de actuación que deben guiar a los altos cargos de la Junta.
Ahondado en su contenido, el Plan establece un bloque de medidas de prevención del fraude, así como el impulso a la cultura ética de lucha contra el fraude, acciones formativas en materia antifraude, la evaluación específica del riesgo, impacto y probabilidad de riesgo de fraude. El acuerdo contempla también una declaración institucional que contiene el compromiso al más alto nivel para combatirlo.
Las medidas de detección contemplan la utilización de indicadores de alerta y otras herramientas de comprobación en los procedimientos de gestión y control; herramientas de prospección y cruce de datos y canales de denuncia.
Con los deberes hechos
Blanca Fernández ha recordado que “en Castilla-La Mancha, la llegada de los fondos europeos nos pilla con los deberes hechos porque hemos ido tomando las decisiones necesarias para agilizar la tramitación de los proyectos”.
Entre otras, la consejera ha citado la aprobación de la Ley de Evaluación Ambiental, que simplifica los trámites y agiliza el proceso de constitución de empresas, también en el medio rural; la nueva Instrucción Técnica de Planeamiento (ITP) que impulsa la actividad económica en zonas rurales; la Ley de Medidas Urgentes para declaración de Proyectos Prioritarios o la Ley de Medidas Urgentes de Agilización y Simplificación Administrativa cuya finalidad es contribuir a la reactivación de la actividad económica.
1.500 millones de fondos europeos para la recuperación
La participación de Castilla-La Mancha en los fondos Next Generation EU en sus diferentes mecanismos se cifra, hasta ahora, en aproximadamente en 1.500 millones de euros según las asignaciones conocidas hasta esa fecha.
Estos fondos se distribuirán en cinco grandes ejes: políticas de los cuidados (atención social, dependencia, sanidad e igualdad); transición energética (movilidad, energías renovables y rehabilitación de vivienda); medio ambiente (recursos naturales, economía circular y desarrollo rural); conocimiento (educación, formación y cohesión); y cohesión territorial e impulso al turismo.
En total, en todas estas políticas y con estos fondos se prevé la realización de unas 2.000 actuaciones en sectores estratégicos, en los próximos tres años gracias a la llegada de estos fondos de recuperación y del nuevo marco plurianual 2021-2027.
PERTE agroalimentario
En relación con los fondos europeos, la consejera ha puesto en valor la aprobación del PERTE, Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del sector agroalimentario de España “como una apuesta muy acertada por parte del Gobierno de España”, un sector que está enfrentando retos relacionados tanto con la globalización como con los objetivos que ha marcado la Unión Europea, a través de la gestión de los fondos europeos, como son la mejora de la competitividad y la garantía de la sostenibilidad y la trazabilidad, y todo ello con criterios de calidad, cohesión territorial, mejora de la digitalización y de modernización de las explotaciones y de las producciones.
En total, según ha detallado Blanca Fernández, este PERTE sumará 1.000 millones de euros de fondos europeos que van a movilizar hasta 3.000 millones de euros en inversión privada y va a generar hasta 16.000 puestos de trabajo “de los cuales Castilla-La Mancha se va a ver muy beneficiada”. Y es que, tal como ha razonado la consejera, si el sector agroalimentario supone el diez por ciento del Producto Interior Bruto de España, este porcentaje se incrementa en Castilla-La Mancha hasta prácticamente el 17 por ciento.
Por todo ello, Blanca Fernandez se ha mostrado convencida de que el PERTE beneficiará de manera muy importante al sector agroalimentario de Castilla-La Mancha “que, además, está muy gestionado por el mundo cooperativo, la pequeña y mediana empresa y la industria alimentaria, que es el objetivo esencial del Gobierno”.
