El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta de la ministra de Política Territorial, un acuerdo sobre la determinación de las sedes de las entidades del sector público institucional estatal de nueva creación, una medida anunciada y debatida en los últimos meses con objetivos claros: que el sector público refuerce su papel vertebrador del territorio y contribuya a fomentar la igualdad de oportunidades y la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones.
El procedimiento para la determinación de las sedes se realizará atendiendo los principios recogidos en el artículo 103.1 de la Constitución y a los fijados en el artículo 3 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como a los de adecuación al sector de actividad, vertebración y equilibrio territorial.
Se constituirá una comisión consultiva, presidida por la ministra de Política Territorial, como órgano interministerial de la Administración General del Estado (AGE), que asistirá al Consejo de Ministros en el proceso de elección de las sedes donde se ubicarán las entidades del sector público institucional estatal.
Procedimiento para elegir las nuevas sedes de organismos
El procedimiento para la determinación de las sedes se desarrollará en un real decreto con los siguientes ejes centrales:
– Las entidades cuya sede se someterá a este procedimiento son las que integran el sector público institucional estatal de nueva creación (organismos públicos y autónomos, entidades públicas empresariales, agencias, autoridades independientes, sociedades mercantiles estatales, consorcios, fundaciones y fondos carentes de personalidad jurídica).
– El Consejo de Ministros iniciará y finalizará el procedimiento, decidirá que se abra el proceso para determinar la sede de una entidad y adoptará el acuerdo final en torno a la ubicación. La Comisión consultiva, presidida por la ministra de Política Territorial, informará la decisión elaborando un dictamen que recogerá las distintas alternativas.
– La elección se fundará en un procedimiento abierto, transparente y competitivo:
ü Cualquier comunidad o ciudad autónoma, diputación provincial, cabildo, consejo insular o ayuntamiento podrán postular una localidad y podrán ofrecer cesión de bienes inmuebles y asunción parcial o total del coste financiero. El Estado podrá compartir, de esta forma, los costes asociados al establecimiento de sedes de entidades.
ü Se valorarán factores como el nivel de desempleo, la conexión con el ámbito de actuación de la entidad, el mercado de vivienda o el número de instituciones públicas estatales en la región.
– Se tendrá en cuenta en todo momento el papel de los trabajadores públicos, incorporando el procedimiento la posibilidad de ofrecerles condiciones ventajosas de traslados y la garantía de que la entidad pública podrá ejercer de manera eficaz sus funciones en la localidad donde se ubique.
Objetivos: vertebrar el territorio e igualdad de oportunidades
La desconcentración es un principio recogido en el artículo 103 de la Constitución y reconocido también en varios estatutos de autonomía.
Asimismo, es una herramienta adecuada para vertebrar el territorio. Son muchos los países que han apostado por la desconcentración en distintos grados: Alemania, Portugal, Países Bajos, Suecia, República Checa, Estados Unidos o Chile. Muchas comunidades autónomas también lo han hecho: Andalucía, Castilla y León, Canarias, Galicia, Extremadura o Castilla-La Mancha. En muchos casos lo reconoce el propio estatuto de autonomía.
Está acreditado que las instituciones públicas ejercen un papel extremadamente beneficioso en los entornos en los que se ubican. Además de contribuir a la creación de empleos directos e indirectos, facilitan la participación ciudadana en la toma de decisiones y fortalecen la conexión de la institución con el sector con el que se relaciona.
Los efectos positivos de la desconcentración de sedes públicas se reforzarán con un procedimiento de elección racionalizado, con criterios como la cohesión territorial, la eficacia de los servicios públicos y la transparencia, a través de un mecanismo deliberativo que aprovechará el potencial de todas las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía, que contribuirá a reforzar el papel del sector público como elemento vertebrador.
El Gobierno apuesta con esta decisión por un mecanismo que contribuirá a largo plazo a generar una mayor igualdad de oportunidades, y facilitará que ciudadanas y ciudadanos de todo el país puedan trabajar en órganos directivos de las instituciones públicas en su propio territorio.
El proceso se llevará a cabo de una manera que asegure la eficacia del sector público, garantizando la elección de sedes que puedan absorber las demandas asociadas a albergar una sede pública y al mismo tiempo puedan enriquecer a la institución que van a acoger, a través de un procedimiento que será abierto, transparente y competitivo. En el medio y largo plazo se pretende que todos los territorios puedan ser partícipes del proceso y contribuir así a vertebrar el país y reforzar la conexión de las instituciones con la ciudadanía.
