El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha defendido hoy en las Cortes regionales el debate del límite de gasto no financiero para 2026, un “requisito previo” que va a permitir elaborar los próximos presupuestos de la Junta, con el compromiso de que entren en vigor el 1 de enero para impulsar el desarrollo económico y social de la región, con “más riqueza, más empleo y más bienestar”.
Así lo ha manifestado durante su intervención en el pleno del Parlamento autonómico, que se ha celebrado este jueves, en el que Ruiz Molina ha indicado que este techo de gasto, acordado en Consejo de Gobierno el pasado 2 de septiembre y que hoy se ha aprobado en las Cortes, asciende a 9.000 millones, con una variación porcentual del 8,2 por ciento con respecto a 2025, 686 millones más en términos absolutos “que no supondrá, en ningún caso, un aumento de impuestos; sino todo lo contrario”. Un indicador que ha fijado para 2026 un objetivo de déficit cero y un mayor impulso a los servicios públicos fundamentales.
En esta línea, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha señalado que desde el Gobierno de Emiliano García-Page se ha fijado como objetivo para 2026 “el equilibrio presupuestario” o déficit cero, es decir, “que no queremos incrementar el endeudamiento de la Comunidad Autónoma, que supondría en los años siguientes “soportar un incremento del gasto en intereses, que mermaría la capacidad de cumplir con los compromisos adquiridos con la ciudadanía”.
Por eso, ha continuado, el objetivo es “seguir reduciendo la carga de intereses”, lo que ha permitido un ahorro de 170 millones, que se han destinado a reforzar los servicios públicos fundamentales. De ahí, la importancia de la condonación de la deuda propuesta por el Gobierno central, que supondría para Castilla-La Mancha una reducción de 4.972 millones, equivalente al 36,5 por ciento de los prestamos mantenidos con el FLA, y un ahorro de 760 millones en intereses para los próximos años.
Un presupuesto equilibrado, que según ha indicado el consejero, va a ser “compatible con la congelación, incluso la reducción de la presión fiscal”, de acuerdo con el compromiso adquirido con los agentes sociales hace diez años. Una política fiscal pactada que está dando buenos resultados, ya que Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas que menor presión fiscal soporta.
Y que va a permitir, afrontar “prioridades y compromisos adquiridos con la ciudadanía”, en concreto, fortalecer la cohesión social con la consolidación del Estado del Bienestar; contribuir al crecimiento económico, mediante el impulso de la actividad empresarial; hacer frente al reto demográfico, como uno de los ejes transversales de la política presupuestaria y favorecer la sostenibilidad y la competitividad regional desde la transición ecológica y la transformación digital.
Contexto de estabilidad institucional y crecimiento económico sostenido
Un techo de gasto, que como ha indicado se enmarca en un contexto de estabilidad política e institucional y crecimiento económico sostenido en Castilla-La Mancha que se prevé que continue en 2026 y 2027, avalado por los principales servicios de estudios y respaldado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), y que supone “un reconocimiento al rigor con el que el Gobierno regional trabaja para administrar los recursos de los ciudadanos y ciudadanas”.
Según estas previsiones regionales, se espera finalizar 2025 con un crecimiento del PIB en términos reales del 2,4 por ciento; y para 2026 se ha previsto un crecimiento del PIB del 2,6 por ciento, en consonancia con lo que estiman los servicios de estudios más reputados, (BBVA, Hispalik o Unicaja). A esto se suma una contención de la inflación, según el último dato del mes de agosto, del 2,4 por ciento, tres décimas menos que a nivel nacional.
Unas previsiones que como ha contextualizado, vienen avaladas por los principales indicadores económicos. En materia de empleo, según los datos de agosto, Castilla-La Mancha lidera la caída del paro en España y supera, por primera vez, las 800.000 personas afiliadas a la Seguridad Social; en creación de empresas, en julio creció un 18,3 por ciento, el segundo mejor dato de la serie histórica; en inversión extranjera, más de 220 millones captados hasta septiembre, el doble que en 2024; en materia de exportación, las ventas al exterior de las empresas regionales superan los 6.500 millones hasta julio, y en turismo, las cifras muestran un récord histórico en pernoctaciones.
Pero si hay un indicador que refleje verdaderamente el estado de ánimo de los empresarios y la certidumbre en la política económica del Gobierno regional, ese es el Índice de Confianza Empresarial, en el que, según ha señalado, Castilla-La Mancha encabeza el ranking nacional junto con Cantabria. Una confianza, que como ha indicado, se traduce en “múltiples acuerdos” alcanzados por el Ejecutivo autonómico, junto con otros agentes sociales, “para impulsar el crecimiento económico de la región, desde el diálogo social y la moderación”.
Principales magnitudes del límite de gasto no financiero
Durante su intervención, Ruiz Molina ha recordado que este límite de gasto no financiero comprende el gasto máximo en el que se puede incurrir a lo largo del próximo ejercicio, financiado con los ingresos propios que se esperan obtener en 2026, y que provienen del Sistema de Financiación Autonómica, de los tributos propios o cedidos que se gestionan desde la Administración autonómica, de las transferencias de otras administraciones o del producto del endeudamiento, que no es el caso para este año.
En esta misma línea, el consejero ha continuado desglosando todos y cada uno de sus componentes. El primero, los ingresos propios de carácter no financiero que ascienden a 9.117 millones, variando con respecto al anterior ejercicio en un 10,5 por ciento. De esta cifra ha remarcado que el 85,7 por ciento son los ingresos que le corresponden a Castilla-La Mancha provenientes del sistema de financiación vigente.
Un elevado porcentaje, que como ha indicado, pone de manifiesto la importancia que tiene para la región “abordar de manera urgente la reforma del sistema de financiación autonómica”, reclamado por el presidente García-Page desde 2015. Mientras que el otro 14,3 por ciento está constituido por el resto de los ingresos de carácter no financiero, para los que se ha estimado un crecimiento superior al 31 por ciento.
Un importante incremento, que según ha señalado, está motivado por dos factores; el primero, lo presupuestado que correspondería a la región por el reparto del impuesto a la Banca en función del PIB de cada comunidad, unos 60 millones, un criterio “injusto e insolidario, que hemos recurrido ante el Tribunal Constitucional”; y la segunda, lo que se estima que se ha recaudado por la alta ejecución del Programa Operativo FEDER 2021-2027, en un importe superior a los 200 millones de euros.
Y ha concluido señalando que, si se eliminan estos dos conceptos, la previsión de crecimiento medio sería del 3,5 por ciento en el resto de las partidas de ingresos, pero siempre dentro del criterio de “prudencia” en las estimaciones.
