Comunicado de reacción a las declaraciones de la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, del 21 de abril sobre el despliegue de los proyectos de biogás-biometano en la región y la carta enviada a las plataformas vecinales:
“Los ayuntamientos podrán decidir si quieren instalar plantas en sus términos municipales: Por tanto, la autonomía local para decidir sobre su propio desarrollo queda absolutamente salvaguardada en todo momento».
Los ayuntamientos inician la tramitación mediante el informe de compatibilidad urbanística, que debe basarse en su Plan de Ordenación Municipal (POM). Hay que tener en cuenta que el 61% de los municipios de Castilla-La Mancha no disponen de planeamiento urbanístico o se aplican las normas subsidiarias, que no establecen limitaciones a este tipo de instalaciones.
Además, aunque el ayuntamiento emita un informe de compatibilidad desfavorable, este no es vinculante si el proyecto ha sido declarado como prioritario por el gobierno regional. Es algo que permite la Ley de Medidas Urgentes para la Declaración de Proyectos Prioritarios en Castilla-La Mancha, que en su artículo 17 indica: “Cuando el proyecto prevea su implantación en suelo rústico la declaración como proyecto prioritario implica la obtención de la calificación urbanística prevista en la normativa de ordenación territorial y urbanística, así como, en su caso, la autorización para excepcionar los parámetros de ocupación máxima y parcela mínima previstos en la Instrucción Técnica de Planeamiento.”
Es importante reseñar que el primer borrador del Plan regional de biometanización que se proporcionó a las plataformas vecinales, sí que concedía un papel activo al ayuntamiento en la decisión sobre la instalación de las plantas, pero dicho epígrafe fue eliminado con el pretexto de que se incluiría en la Ley de evaluación ambiental, algo que no ha ocurrido.
“Las plantas pasan por un proceso de evaluación ambiental riguroso”.
Sabemos que esto no es así, ya que los estudios de impacto ambiental los elaboran empresas privadas pagadas por los promotores de los proyectos, donde se minimizan los efectos adversos. Y normalmente los funcionarios no disponen de tiempo para revisar concienzudamente los expedientes.
“Todas las personas e instituciones que aporten información sobre los problemas de estas instalaciones puedan producir al medio ambiente serán tenidas en cuenta “
La realidad muestra un panorama muy diferente. Por ejemplo, se han ignorado las repetidas denuncias del Ayuntamiento de Balsa de Ves (Albacete) ante el Seprona y la Consejería de Desarrollo Sostenible por los vertidos del digestato de la planta de biogás del municipio.
Otro ejemplo son las denuncias del Ayuntamiento de Torrejoncillo del Rey por la contaminación de su agua con nitratos. Fue el Tribunal Superior de Justicia el que obligó a la Junta a anular la autorización ambiental de una macrogranja porcina.
Además, las macroplantas de biogás suelen ser bastante opacas en cuanto a la información de sus sustratos, origen y finalidad del digerido amparándose en el secreto industrial.
“Las plantas cuentan con un código de buenas prácticas elaborado por el IDAE”.
Este Código de buenas prácticas no es de obligado cumplimiento y por lo tanto constituyen papel mojado. Ha sido elaborado con la patronal del biogás, AEBIG, y casi todos sus socios lo incumplen en algún término. Por ejemplo, este código fomenta «la máxima transparencia posible» mientras que en Castilla-La Mancha varios promotores han borrado o censurado sus proyectos de la web de la Junta donde aparece la documentación de macroplantas en tramitación como Tobarra, Campos del Paraíso o Talavera de la Reina.
“No se introducen sustancias tóxicas en los biodigestores, lo cual las plataformas conocen sobradamente”
La consejera parece desconocer que el problema no es ese, sino que muchas veces se pueden producir derrames de digestato (como el ocurrido recientemente en una planta de Buñol), salida de digestato sin el adecuado tiempo de retención hidráulica, y una larga lista de incidentes al tratarse de instalaciones industriales de extraordinaria complejidad. No es cierto que el plan marque la obligatoriedad de conversión en fertilizante ya que permite la valorización agrícola directa. Actualmente no existen los controles necesarios por parte de los agentes ambientales, como demuestran las repetidas denuncias de Ecologistas en Acción sin respuesta.
“Los escapes no existen ya que no interesa a las gestoras de las plantas”
No dicen lo mismo los estudios científicos ni los resultados de auditorías profesionales. Por ejemplo, Tim Elsome, gerente general de FM BioEnergy aseguró que el 85% de las 964 plantas que su empresa había inspeccionado en el Reino Unido y Alemania sufrían fugas de biogás.
“El Plan regional de Biometanización marca distancias entre las plantas para su ubicación”
No es cierto, y de hecho se han presentado 10 solicitudes de compatibilidad urbanística en Tobarra (Albacete), 3 en Campos del Paraíso (Cuenca) y dos en varios municipios. El Plan regional de Biometanización no aborda el tamaño y distancia de procedencia de los residuos, que pueden proceder de cualquier punto de la comunidad y hasta 15 km fuera de sus límites.
Valoraciones generales de Stop Ganadería Industrial C-LM
“El ejecutivo regional no quiere entender las demandas que le transmiten las plataformas ciudadanas, y en su lugar complace a las gasistas y a la ganadería industrial. No en balde encargó la redacción del Plan regional de Biometanización a una empresa con intereses en el sector, BIOVIC”.
“En Stop Ganadería Industrial C-LM conocemos perfectamente lo que es la biometanización y no nos oponemos a ella sino al modelo que se está desarrollando de macroplantas (165.000 toneladas de tamaño medio), que van a crear problemas ambientales y de salud. Cuando la consejera habla de respeto a las plataformas, se debería plasmar escuchando de manera real lo que dice la ciudadanía, sin enrocarse en unas decisiones que ya se han tomado previamente.”
