(Artículo de Ecologistas en acción de la manchuela)
Estimada Sra. Consejera:
Me dirijo a usted en representación de Ecologistas en Acción de la Manchuela (Cuenca y Albacete), con sede social en Calle Maestro nº 5, de Casas-Ibáñez (Albacete), asociación inscrita en la Sección Primera del Registro Único de Asociaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con el número 7116, e inscrita en el Registro de Asociaciones Conservacionistas de la Naturaleza de Castilla la Mancha, con clave ACN-CM-039.
Hemos leído en el plazo de una semana dos declaraciones hechas por usted y que nos parecen una deriva aún mayor en la política de su departamento hacia posiciones más propias de una Consejería de Economía :
La primera ha sido el día 17/10/2023 y recogidas en distintos medios de comunicación,
Y las segundas con motivo de la reunión el Plenario de la Red de Inspección Ambiental «Redia», celebrado en Toledo.
Respecto a las primeras en las que expresaba lo siguiente:
La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha contestado a los agentes medioambientales que vayan «a los tribunales» a demostrar si hay algún expediente que no se tramita de manera adecuada por parte de su departamento. «Que me digan cuál es el trabajo que no estoy haciendo», ha aseverado.
“Cada una de las demandas de esta Consejería se tramitan siempre por parte de esta Administración y en la Fiscalía de Medio Ambiente”, ha precisado la consejera, insistiendo en que “si hay alguna cosa concreta” que se esté eludiendo, que se lo trasladen a su equipo o lo demuestren en los tribunales.
Ecologistas en Acción desearía contarle “alguna cosa concreta” que se está eludiendo en la tramitación de expedientes sancionadores por infracciones a la normativa de conservación de la naturaleza cometidas en nuestro ámbito principal de actuación, y darle nuestra opinión sobre la gestión de este asunto en la Consejería cuya dirección acaba usted de asumir.
En primer lugar, pensamos que la gestión de los sancionadores no puede ser tan buena como usted afirma, por la sencilla razón de que es absolutamente opaca.
A pesar de que a una asociación conservacionista como la nuestra le asiste el derecho de recabar información sobre los sancionadores en virtud de mínimo dos leyes (la de transparencia -Ley 4/2016- y la de acceso a la información ambiental -Ley 27/2006-), e incluso una tercera (la Ley 39/2015, de procedimiento administrativo, en aquellos procedimientos en los que tenemos la condición de interesados), resulta tremendamente difícil obtener esa información.
En los últimos 2 años hemos realizado 13 peticiones de información y se nos han contestado 2, una de ellas con 28 meses de retraso, Por parte de transparencia se nos ha contestado una de las 5 veces que hemos recurrido a ella, cuando el plazo máximo para resolver las solicitudes según la normativa de transparencia y la de información ambiental es de un mes. Sus contestaciones no existen o se dilatan sine die, y sólo contestan a requerimiento del Consejo de Transparencia.
Por lo tanto, pensamos que no deben estar tan orgullosos de su gestión cuando hacen todo lo posible por ocultárnosla.
En segundo lugar, en los últimos años hemos presenciado, impotentes, cómo conductas infractoras graves quedaban sin sancionar.
Un triste ejemplo de esto es la destrucción de parte de la rambla de Consolación, que afluye al río Cabriel en Minglanilla (Cuenca). Para realizar una captación de aguas superficiales, un ciudadano destruyó totalmente 60 metros de cauce, incluyendo la vegetación de ribera que era un hábitat protegido, afectando al hábitat de especies protegidas, y captó la totalidad del caudal que circula por la rambla en ese punto. Denunciamos estos hechos porque nos pareció increíble que, en pleno s. XXI, un particular pudiera impunemente meter en una tubería todo el agua de una rambla para regar sus viñas, sin dejar ningún caudal ecológico, y convertir un tramo de cauce en una explanada de tierra para acceder con el motor.
En el expediente, que nos costó *** meses/años conseguir, se observan varios hechos:
- Aunque que tenían ustedes conocimiento previo de estos hechos, no se inició el expediente hasta que nuestra asociación interpuso una denuncia.
- A pesar de que en la tramitación se calificó la infracción como grave en base a un informe realizado por un técnico y visado por el jefe de servicio, el expediente resultó sobreseído gracias a la aportación de un segundo informe, firmado únicamente por el jefe de servicio, en el que se desdice de lo afirmado en el primero, en cuestiones tan aparentemente poco controvertidas como la temporalidad del cauce.
- El ciudadano que cometió esta infracción, que gracias a su recalificación como leve resultó sobreseída por haber prescrito los hechos, resultó ser una persona que ostentó la máxima representación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la provincia de Cuenca.
Otro ejemplo, también sucedido en la provincia de Cuenca, atañe a la destrucción de una dolina (elemento geomorfológico de protección especial) en el término municipal de Arcas del Villar, promovida por el Ayuntamiento de esta localidad. Estos hechos, constitutivos de infracción grave y denunciados por los Agentes Medioambientales en octubre de 2020, a día de hoy no han sido sancionados.
Un tercer ejemplo reciente tiene lugar en el monumento natural de las Chorreras del Cabriel, donde un ciudadano fue denunciado por realizar una construcción contraviniendo la normativa del espacio para explotar un chiringuito. Denunciado en septiembre de 2021 por los Agentes Medioambientales, no tenemos noticia de que haya sido sancionado. En este caso la empresa infractora pertenece a un prominente empresario del municipio más rico de Castilla-La Mancha.
No sabemos si sus declaraciones son fruto de la ingenuidad y el desconocimiento, puesto que acaba de llegar a la Consejería, o quienes la hayan propuesto para el cargo ya la han advertido de que las normas ambientales se deben obviar en pro de un mal entendido desarrollo, y desde luego no se aplican a todos por igual; y la han tranquilizado con el consabido “el papel lo aguanta todo”, como las decenas de proyectos de renovables en fraude de ley por fraccionamiento de proyecto.
Es loable su defensa ciega de la gestión anterior, pero sería inteligente por su parte pedir a las Delegaciones Provinciales una estadística de cuántas actas de denuncia han recibido en los últimos cuatro años por parte de los Agentes Medioambientales y Guardia Civil, cuántos sancionadores se han tramitado y con qué graduación, y cuántos han terminado finalmente en sanción. De hecho a nosotros nos vendría muy bien, porque así la van elaborando y cuando nosotros la solicitemos, aunque sea por una vez, nos la darán en plazo.
También sería muy interesante para usted pedir a los Agentes Medioambientales el número de actas que han puesto, a ver si coincide con las que han llegado a las Delegaciones. Si los Agentes tienen la percepción de que la Consejería obstaculiza, es porque han conocido casos en los que las denuncias no han llegado, quizá no ahora, y quizá son casos puntuales, pero cualquiera en su lugar debería estar interesado en saber realmente qué está pasando ahí, por qué están diciendo eso. En lugar de enrocarse y pedir que vayan a los tribunales, publique usted en la web de datos abiertos la estadística de actas interpuestas y tramitadas por Demarcación Comarcal. Si usted no ha contestado con ese dato, es que no es bueno.
Finalizamos contestando a su reto a los Agentes Medioambientales con nuestro propio reto: si tan buena es la gestión de los sancionadores en la Consejería de Desarrollo Sostenible, publique en abierto las estadísticas que hemos mencionado.
Respecto a las segundas declaraciones :
“El Gobierno de Castilla-La Mancha se marca como una de sus «líneas prioritarias» para esta legislatura reducir el tiempo de gestión en las autorizaciones ambientales para los proyectos empresariales que quieran instalarse en la región. Según la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, es un objetivo para «favorecer el desarrollo socioeconómico, siempre desde el más riguroso respeto medioambiental, velando por la conservación protección de nuestro territorio»-“
En primer lugar estaría bien recordarle El principio de no regresión -o cláusula Standstill– que se ha consolidado como un instrumento eficaz para evitar la supresión o relajación del nivel de protección conferida por el Derecho Medioambiental a determinados espacios naturales que pueda producir daños ambientales de carácter irreversibles. El Tribunal Supremo, en su Sentencia de 10 julio 2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª) recordó las implicaciones que tiene este principio sobre las Poderes Públicos, y en particular, sobre las potestades discrecionales de las Administraciones Públicas. En materia de medio ambiente no se puede dar ni un paso atrás. Nos estamos jugando el futuro.
En segundo lugar recordarle algunas sentencias como la de Torrejoncillo del Rey dónde su departamento ha recibido un sonoro tirón de orejas por parte de los tribunales a cuenta de haber otorgado una Autorización Ambiental Integrada ignorando principios básicos como el efecto acumulativo o sinérgico de la autorización de varias granjas de porcino en la misma área.
En tercero recordarle que a pesar de la supuesta diligencia de su departamento en la aplicación de la legalidad en el otorgamiento de autorizaciones ambientales, el estado de degradación ambiental y de contaminación de acuíferos crece continuamente debido a la priorización que hacen de la economía, que a la postre no es de la economía de los ciudadanos sino de los beneficios empresariales . Es endémico en su departamento que se confunda totalmente el beneficio privado con el beneficio público y de la misma manera el interés corporativo con el interés ciudadano.
Si ya de por sí la laxitud de la normativa resulta exasperante y más todavía su aplicación tal y como detallábamos en el punto anterior, sólo falta que en aras de un supuesto “impulso a la actividad económica” se acorten trámites, se faciliten negocios y se fomente el amiguismo, el chanchulleo y una larga lista de irregularidades que denunciamos continuamente. Ese supuesto impulso a la actividad económica es el que está convirtiendo a la España Vaciada en un terreno de expolio y sacrificio.
No necesitamos una supuesta nueva ley de Calidad Ambiental, necesitamos más rigor y restricciones en la aplicación de la que ya hay, le recordamos que sin medio ambiente ya no habrá actividad económica.
Reciba un cordial saludo.
