(Artículo de Daniel Collado Director gerente de Plena inclusión CLM)
Este domingo, 3 de mayo, se cumplió la mayoría de edad de la entrada en vigor de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado internacional de la ONU, ya que ese mismo día de 2008 adquirió sus efectos jurídicos y legales según los mecanismos de ratificación previstos. En este contexto, 2026 es además un año especialmente significativo, pues el próximo 13 de diciembre se cumplirán 20 años de su aprobación en Nueva York.
Podemos hablar largo y tendido sobre los hitos conseguidos en estos 20 años para la vida de las personas con discapacidad, como también de todos aquellos retos que aún faltan por alcanzar o de las dificultades que nos hemos ido encontrando en este camino.
Pero lo que la Convención ha puesto de manifiesto es algo que nunca debió estar en la agenda. Y me explico: nunca ninguna persona debió ser privada de un derecho humano por el simple hecho de tener una discapacidad del tipo que sea.
Y esto, que puede parecernos básico al leerlo, al hablarlo o al expresarlo de cualquier manera, choca con la realidad en la que se desenvuelven las personas con discapacidad en las sociedades actuales. Dificultades que, sin duda, se han ido mitigando en algunos casos y, en otros, han ido cambiando, dando paso a nuevas realidades y necesidades. Pero si hay un hecho cierto es que el camino no ha concluido.
Y este mandato que adoptan la mayoría de los Estados del mundo, en concreto 192 países a día de hoy, va más allá de los gobiernos: es una llamada de atención a la sociedad civil. Es cierto que la agenda política y legislativa tiene que ser impulsada por los poderes públicos, pero la sociedad también debe incluir al diferente, al que presenta unas características particulares, al que tiene mayores dificultades, mediante la participación, la no discriminación y el respeto a la diversidad.
La Convención se dota de mecanismos para velar por su cumplimiento y hacer un seguimiento efectivo del mandato que contiene su articulado. El Comité de Seguimiento ha llamado la atención reiteradamente cuando ha detectado que no se están garantizando determinados derechos o que los gobiernos han descuidado la agenda para las personas con discapacidad.
Ámbitos tan diversos como el acceso a un empleo digno, la educación inclusiva, la vivienda en entornos comunitarios o la participación en la vida política, entre otros, han sido motivo de examen, y muchas veces requieren modificaciones normativas que garanticen una participación en la sociedad en igualdad de condiciones.
Tareas que en ocasiones se nos antojan complejas, pero sin duda prioritarias para las personas y también, por qué no decirlo, para nuestra sociedad. En este punto, la fuerza y la determinación de los actores implicados han sido y son piezas clave. Personas con discapacidad, organizaciones sociales, familias, profesionales y voluntariado merecen respeto y reconocimiento en este aniversario. Estos últimos, además, son objeto de doble celebración, ya que este año 2026 ha sido designado Año Internacional del Voluntariado.
El Dalai Lama dijo en una ocasión: “Casi todas las cosas buenas nacen de una actitud de aprecio por los demás”. Esperemos que este aniversario nos haga reflexionar sobre las tareas que aún tenemos por delante, para no perder ni un minuto más en conseguir que cualquier persona pueda sentirse cómoda con su papel en la sociedad.
