(Artículo de Manuel Olmeda Carrasco)
Estamos —más que cautivos, ensartados— en este debate tedioso y superfluo, a la postre, del final legislativo de sedición. Se argumenta como fundamento de peso el que ningún país europeo contemple dicha figura penal en los textos legales. Completa la falacia una “exigencia” comunitaria para acoplarnos con Europa. Al igual que la falta de literatura picaresca no sostiene un mundo ingenuo, probo, la ausencia del vocablo sedición no da pátina de quietismo vehemente. Sedición por sí misma ni es acicate ni hipnótico; al presente, constituye un falso enfoque discursivo. Hermana menor, inocente, casi cándida, de sublevación (hoy desaparecida del tronco familiar) hasta ahora pasaba desapercibida, pero esta coyuntura extraña le ha hecho presidir brevemente el candelero informativo. A poco, finará físicamente y su hermana mayor seguirá en paradero desconocido.
Cierto que ambas figuras penales de anatomía semejante, pero distinta condena, siempre fueron bendecidas por una izquierda desaprensiva y democráticamente peregrina. En el pasado, tales apuntes legislativos significaron un freno para el convulso siglo XIX lleno de asonadas y golpes provenientes principalmente de la derecha social y castrense. Luego, todos asaltaron aquellas leyes por procedimientos contrarios no solo a la norma sino a la justicia y al pueblo que veía impotente, incluso cohibido, las desvergüenzas del poder. Pasó con el golpe de Jaca, en mil novecientos treinta, donde (salvo los capitanes Galán y García Hernández) a todos se les conmutó la pena y luego, meses después, amnistiados. Igual ocurrió con el golpe de Sanjurjo en mil novecientos treinta y dos, amnistiado en el treinta y cuatro. Indalecio Prieto y Companys, responsables del alzamiento en Asturias y del Estado Catalán, fueron amnistiados dos años más tarde de protagonizar tales sucesos.
Las derechas, en sus diferentes formulaciones y complejos, jamás han iniciado textos legales con referencia a delitos de sublevación y sedición. La primera vez que aparecieron en el código penal fue en mil ochocientos veintidós, durante el trienio liberal. Con posterioridad, se revisa en mil ochocientos cuarenta y ocho, mil novecientos treinta y dos y mil novecientos noventa y cinco, todos gobiernos liberales o de izquierdas. La derecha ha sido incapaz de proponer restricciones a la transgresión porque durante mucho tiempo fue su personaje principal. No es que la izquierda, desde su nacimiento, le hiciera ascos a agitar al pueblo, ni mucho menos; pero el sino tiránico característico exime de cualquier remilgo legal: simplemente circunvala o elude la Ley. Acaso sea plagio, anhelo o desenfreno; no obstante —dentro de la moderación diestra, incluso acatando la Ley— apenas existe al respecto distancia sustantiva entre izquierda y derecha.
Esta derecha patria, estéril, incapaz de gestar o derogar sedición dentro del código penal, nunca revertirá su caída, pese al compromiso de Feijóo. Estoy convencido de que cuando el PP tenga mayoría parlamentaria no tocará la Ley que “descubra” este desalmado y ambicioso personaje. Lo que en adelante se denominará Desorden Público Agravado va a beneficiar casi en exclusiva al independentismo catalán y vasco. El resto de la ciudadanía puede sufrir incómodas repercusiones por un “quítame allá estas pajas” a consecuencia de esa ambigüedad contenida en el título del texto legal. PSOE, PP y ahora sanchismo, han vendido su alma al diablo nacionalista (hoy independentismo acérrimo e inacabable) a cambio de una gobernanza tranquila. Todo ello se ha ido gestando en cuatro décadas de nefasto bipartidismo sin cambiar la Ley Electoral. Cosa distinta son las excusas dadas para seguir alimentando el monstruo que nos devora.
Los nacionalismos —independentistas o no, al fin un matiz acomodaticio— por muchos afijos con que se acompañen, son partidos ultras, nazis en su pragmatismo solar o hábitat diferenciado. Quien crea ver algún principio marxista en la CUP, Bildu, o doctrinas similares, se equivoca de pleno. Con mayor motivo, si considerase izquierda a ERC donde se cobija y ubica la burguesía liberal catalana. Para qué hablar de Junts o PNV portadores del estigma altoburgués catalán y vasco. Al compás, hay partidos camaleónicos, camuflados. Son el PSC y PSE, nacionalistas y constitucionalistas a ratos, según convenga dentro de su atavismo republicano. Aconsejaría al lector curioso, interesado, que analizara la historia del PSOE desde el segundo decenio del siglo XX, al menos.
La derecha nacionalista catalana y vasca (en su amplia mutabilidad, sin complejos al contrario de su sosia nacional) ha sido padre putativo y benefactor único del prometido destierro del término sedición y probable cambio de fisionomía textual en “malversación”. Ello, a la sombra antojadiza de un individuo insaciable, sin escrúpulos, desprestigiado y nocivo. Sánchez y su codicia están resultando el tonto útil de una derecha atormentada, medrosa, incapaz de imponer sus criterios e intereses sin el plácet siniestro. Esta derecha social —salvo algunos, mejor algunas, ejemplares rebeldes, con personalidad arrolladora— al contrario de la nacionalista se muestra pusilánime, de respuesta nula ante una oposición disipada y fulera. Ignoro por qué acepta una falsa supremacía ética de la izquierda, así como “cargar” con la ficción de heredera franquista.
El último escollo, por ahora, que le queda a Sánchez para disfrutar un año más de cuatro palacios, Falcon y Puma, es “velar” el concepto malversación. Gabriel Rufián —célebre y prestigioso jurista, dueño además de un loado sentido común— dijo, desconozco si como velada amenaza o “pertinente” sugerencia, que la malversación debería cumplir una labor quirúrgica. Se ignora también si el “tajo” quirúrgico se refería solo a condenados por el “procés” o incluía corruptos socialistas andaluces. Malversar es apropiarse o destinar los caudales públicos a un uso ajeno a su función. Sin embargo, se empiezan a oír voces que discriminan entre si lo apropiado queda a disposición del malversador o lo reparte a otras personas. Según se de una circunstancia u otra, la pena será mayor o menor cuando se juzga únicamente el hecho, su cuantificación, no los arrabales posteriores. La apropiación, por lógica, sería delito distinto y su pena unitaria, firme, inmutable.
Parece haber pocas dudas de que, en adelante, los independentistas podrán elegir entrambos caminos con total impunidad: volver otra vez a la DUI (Declaración Unilateral de Independencia) o exigir financiación y competencias abusivas, en detrimento del resto de Comunidades, rompiendo la solidaridad y conciliación nacional. Como lo he expresado anteriormente, pese a tanta vestidura rasgada por diversas cuestiones, solo hay dos culpables. No importa ya la autoría sino esa obcecación sempiterna. Tal contingencia permite que catalanes y vascos, de facto, tengan un peso esencial en la gobernanza de España. Conforma una inexplicable paradoja que quienes renuncian a ser españoles conlleven, si no conducen, los destinos del país. Veremos en breve si la sociedad permite tanto cesarismo antidemocrático puesto en práctica por un Sánchez necio y desubicado.
