(Artículo de Manuel Valencia Alonso)
Confesando de antemano ser un poco inocente, no me queda muy claro el secretismo de la fecha para la convocatoria de las elecciones generales. Pues las autonómicas y municipales tienen por ley la fecha de la convocatoria, que será siempre el cuarto domingo del mes de mayo. Por ejemplo, en el caso de las próximas será el 23 de mayo del 2027. Y no pasa nada, todos los ayuntamientos y autonomías están preparados para esa fecha.
Permítaseme que tome prestada la frase, pronunciada recientemente por P. Sánchez en un programa televisivo de amplia audiencia. «No hay que tenerle miedo al voto», que yo añadiría «en todos los casos y circunstancias». Sí, ya sé que la pronunció refiriéndose a la llamada “Ley de Nietos”. En mi modesta opinión, me parece muy acertada. Porque si se han realizado todas las gestiones con honradez y rigor, los descendientes a los que se refiere tienen perfecto derecho a la nacionalidad. Como consecuencia, pueden ejercer el voto como cualquier español.
En los momentos actuales que estamos atravesando, con una campaña permanente de las elecciones, no tiene mucho sentido que la fecha de las generales no esté fijada de antemano. Esto desvirtúa el espíritu democrático de la llamada a las urnas. Porque se pone en manos del presidente esta facultad, más propia de regímenes autoritarios —legal, pero no muy ética—, anunciándola en el momento más idóneo para sus intereses y los de su partido. Esto naturalmente está expuesto a todo tipo de triquiñuelas de los partidos y, por supuesto, a la expectativa del mejor momento del partido en el gobierno. O bien al peor de la oposición. Sería deseable que los españoles vayamos a las urnas en un momento “neutro”. Esto sería posible si existiera una fecha fijada de antemano por ley.
No debemos estar, permanentemente, pendientes de los acontecimientos políticos coyunturales. Los políticos deben advertir a sus electores de las adversidades de una legislatura y tener bien hechos los deberes para cuando llegue la fecha de la convocatoria. Sin embargo, hay que recordar que lo mejor para el interés general es para los ciudadanos y no para los partidos políticos.
